Resulta impresentable y, más que eso, inmoral especular con las necesidades básicas de la gente en momentos de emergencia. Y las sospechas de esa especulación surgen de un preinforme de la Contraloría ante un sobreprecio que se habría cancelado en la compra de cajas de alimentos que fueron entregadas a las familias más castigadas por los efectos de la pandemia, como ha sido principalmente el desempleo.

Esta delicada situación será investigada por una Comisión del Consejo Regional (Core), a partir del trabajo de Contraloría. Allí se establece que en la región se gastaron $10.458 millones de pesos, cantidad que incluiría la suma de $1.544 millones pagados en exceso. El mismo documento establece que en promedio se canceló por cada caja $35 mil, en circunstancias que estaba la opción de adquirirlas por $29.831. La diferencia es notoria y al multiplicarla por la cantidad de cajas se llega al elevado monto indicado.

Miguel Pérez, presidente de la Comisión de Control y Finanzas del Core, acusó que "aquí se hizo un gran negocio en relación a este dolor… no lo podemos permitir". Sobre la posible responsabilidad del intendente, Jorge Martínez, en la operación, expresó que "creo que se le escapó de las manos el tema".

Haciendo un mea culpa, el consejero Roy Crichton manifestó que "nuestro rol fiscalizador fue laxo", Manuel Millones, también consejero y actual candidato a gobernador regional, manifestó su voluntad de aclarar la situación, precisando que Gobierno Interior y el Ejecutivo "deben dar respuesta a las observaciones, y entre ellas, que en el precio final está incluido embalaje y traslado del proveedor a los lugares de acopio en las comunas".

Las observaciones de Contraloría dan lugar a varias preguntas. ¿Quién fue el proveedor del contenido de las cajas? ¿Cuál fue el valor de ese contenido, considerando lógicamente compra mayorista y costos de embalaje, transporte hasta el acopio y flete hasta los destinatarios finales? ¿Quién o quienes tuvieron la responsabilidad de adjudicar las diversas etapas de la operación?

Preguntas pertinentes que exigen respuestas claras, con nombres y apellidos, sin elusiones ni dilaciones que cubran con un generoso manto operaciones que son justificadas ante una emergencia, pero que no pueden dar espacio al abuso.

Desgraciadamente, el abuso en estos casos no es novedad. Por años se recordaban oscuros manejos en torno a la ayuda tras el devastador terremoto de Chillán en 1939.

Esta situación exige total transparencia y, si procediere, sanciones a los responsables de acuerdo a la gravedad de los hechos que, en un primer análisis, muestran la explotación no solo ilegal, sino que inmoral, de una tragedia que azota al país, donde la muerte y el dolor castigan a todos los sectores de la sociedad.

En 1857, cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York marcharon por sus salarios, que a igual función eran la mitad de los de los hombres. Allí, un centenar de ellas murió por la represión policial y dos años después se fundó el primer sindicato de mujeres. En 1909 las socialistas de Estados Unidos reivindicaron en las calles la igualación de salarios, la reducción de la jornada laboral y el derecho a voto. Al año siguiente, en Copenhague, se sumaron el acceso a la educación y otros derechos esenciales por los cuales luchar. El 25 de marzo de 1911, en Nueva York, un centenar de mujeres migrantes trabajaban, por órdenes de sus jefes, encerradas en una fábrica camisera. Todas ellas murieron calcinadas producto de un incendio ocurrido en el lugar, evidenciando las desventajosas condiciones de trabajo que enfrentaban. Dichos hechos y muchos otros marcaron la necesidad de conmemorar un día para las mujeres y sus luchas.

La relación entre los hechos relatados y la actualidad es clara: las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que las mujeres de este país ganamos un 21,7% menos de sueldo a igual función y formación; y mientras los hombres destinan en promedio 2,44 horas al día a las labores de reproducción, las mujeres destinamos 5,53 horas diarias a dichas tareas sin horarios, pago o reconocimiento social ni legal. Las mujeres tenemos dos trabajos, uno mal pagado y uno sin reconocimiento ni paga. Esta realidad deja mucho que decir, nos enrostra lo mucho que hay que hacer y nos hace aseverar con convicción que todas somos trabajadoras.

Luchar por el reconocimiento del trabajo reproductivo es pensar la vida en su inmediatez, donde queda de manifiesto que el feminismo no está solo diseñado para la persecución de las metas y aspiraciones individuales, sino que tiene un horizonte más amplio de disputa: la transformación de la sociedad, en base a una nueva conciencia de igualdad y libertad. En el campo constituyente, legislativo, municipal, comunitario, social, se requiere esta reflexión y una praxis coherente con la misma.

Somos continuadoras de una larga lucha. Nos forjamos y formamos en la reivindicación de nuestros derechos a sabiendas -parafraseando a Simone de Beauvoir- de que éstos nunca pueden darse por definitivos, tenemos que estar vigilantes toda nuestra vida. Con todo, mantenemos la esperanza y nos pasamos la vida construyendo un mundo, también, para nosotras.