La Fiscalía General de Brasil pretende apelar la decisión de un magistrado de la Corte Suprema que ayer anuló las condenas a prisión dictadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, según dijeron fuentes oficiales.

Portavoces del Ministerio Público confirmaron a Efe que el fiscal general, Augusto Aras, ya ha determinado que un equipo de fiscales analice la polémica decisión del juez Edson Fachin, uno de los once miembros del Supremo y responsable en ese tribunal de la operación anticorrupción Lava Jato, por la que Lula fue condenado a prisión.

La apelación llevaría la decisión individual de Fachin al pleno del Supremo o a la Segunda Sala de la máxima corte, que deberían confirmar o anular el fallo de este lunes, que aceptó un recurso presentado en noviembre pasado por la defensa del expresidente.

Tras esta decisión judicial, el expresidente afirmó que la anulación de sus condenas refleja la "incompetencia" del tribunal de primera instancia de Curitiba, responsable por los juicios de la operación Lava Jato.

"La decisión que hoy (ayer) afirma la incompetencia de la Justicia Federal de Curitiba es el reconocimiento de que siempre estuvimos correctos en esa larga batalla judicial", publicó Lula en sus redes sociales, donde compartió los argumentos de su defensa.

Cuatro procesos

La decisión de Fachin se refiere a cuatro procesos en que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, sobre el cual consideró que no tenía en su momento "competencia jurídica" para analizar esos casos.

Según Fachin, responsable en la Corte Suprema de la operación Lava Jato, esos cuatro casos deberán pasar ahora a la órbita de la justicia federal en Brasilia, la cual decidirá sobre el curso de cada uno de ellos.

La decisión afecta a procesos referidos a un apartamento triplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo; a una casa de campo en la localidad paulistana de Atibaia, a una investigación sobre el Instituto Lula, fundado por el exmandatario, y a otra sobre las supuestas donaciones ilegales realizadas por la constructora Odebrecht.

Por esas condenas, Lula, quien fue condenado en dos de los procesos y cuyas penas suman 25 años de prisión, llegó a pasar 580 días entre rejas y fue liberado una vez que el Supremo alteró su propia jurisprudencia y decidió que una persona solo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era el caso del exmandatario.

Fachin justificó su decisión en que esos casos, en los que Lula fue acusado de recibir sobornos en dinero y propiedades de algunas de las constructoras implicadas en el escándalo de la Lava Jato, no tenían relación directa con los desvíos en la estatal Petrobras, que fueron los que justificaron los procesos de la Lava Jato.

Según el magistrado, la justicia de Curitiba no tenía competencia legal sobre los escándalos en Petrobras, que debían ser juzgados en otras instancias.

Con el fallo de Fachin, que se apoya en lo que califica como "error procesal" por "falta de competencia", Lula recuperaría sus derechos políticos y podría volver a ser candidato presidencial en 2022.

Si así lo decidiera, el antiguo sindicalista pudiera enfrentar en las urnas al actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, líder de una emergente ultraderecha y su mayor antagonista político.

De acuerdo a las leyes electorales, Lula perdió esos derechos en 2018, cuando fue confirmada en segunda instancia una de las condenas que fueron anuladas este lunes por el juez Fachin.

"La decisión que hoy afirma la incompetencia de la Justicia Federal de Curitiba es el reconocimiento de que siempre estuvimos correctos en esa larga batalla judicial".

Luiz Inácio Lula da Silva, Expresidente de Brasil