Cristián Rojas M.

En una audiencia pública realizada en modalidad semipresencial, el ministro Pablo Andrés Droppelmann Cuneo asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Su carrera comenzó en 1994 como oficial cuarto del Primer Juzgado de Crimen de Santiago, y entre otros cargos ha sido relator de la Corte de Apelaciones capitalina, juez titular del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y en 2014 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones porteña.

- ¿Qué impronta buscará darle a su gestión?

- La función de presidente de la Corte de Apelaciones es casi totalmente administrativa, siendo mi responsabilidad principal velar por el correcto funcionamiento del tribunal (...). El rasgo particular y distintivo que quiero imprimirle a mi cargo es poner de manifiesto que la administración está al servicio de la labor jurisdiccional. En otras palabras, mi trabajo es que la Corte cumpla de la mejor manera posible con las obligaciones que le impone ser el único tribunal de segunda instancia de la región de Valparaíso. Misma situación, pero desde un punto de supervigilancia se replica respecto de los tribunales que dependen de la Corte y que son 59, sin contar los 45 Juzgados de Policía Local, cuya administración es de responsabilidad de los Municipios, pero respecto de los cuales debemos conocer de las apelaciones de sus resoluciones y velar por la probidad funcionaria del juez.

- ¿Cuáles son sus objetivos?

- Mi principal objetivo es, con las atribuciones que me otorga el cargo, facilitar el funcionamiento de la Corte de Apelaciones y de los tribunales de la jurisdicción, para que juntos, jueces y funcionarios, entreguemos un buen servicio a las personas, respetando los derechos de todos. También considero relevante que la ciudadanía conozca las labores que realizan los tribunales y sepa distinguir qué es de nuestra responsabilidad y qué no.

- ¿Cuál es su evaluación de cómo han funcionado los tribunales en pandemia?

- Quisiera primero señalar que los jueces y funcionarios del Poder Judicial y de su Corporación Administrativa, al igual que todos los chilenos, para afrontar la pandemia y las restricciones que imponen las leyes y reglamentos que se han dictado para superarla, han debido adecuarse a condiciones de vida nuevas e insospechadas (...). Aclarado lo anterior, puedo responder derechamente su pregunta: los tribunales, hemos funcionado bien en el contexto de la pandemia. Es indiscutible que en la actualidad los juicios se demoran más que antes, pero a la luz de lo que sucede en otros países y gracias a la tramitación electrónica de los procesos, y a la previa implementación de videoconferencias, la evaluación no puede ser sino positiva. El referido retraso no es responsabilidad del Poder Judicial, de los jueces o de los funcionarios judiciales. Por medio de la Ley N° 21.226, de 2 de abril de 2020, dictada al inicio de la pandemia, el legislador suspendió muchos juicios, o facilitó su suspensión a voluntad de las partes, incluyendo procedimientos de naturaleza civil, penal, laboral y administrativo; bajo las premisas de velar por el debido proceso y de únicamente gestionar lo urgente, seguramente pensando que el estado de excepción constitucional iba a ser más corto.

- Durante la pandemia el Poder Judicial ha sido objeto de críticas por la lentitud en la tramitación de las causas. ¿Cuál es su visión?

- En cuanto a las críticas qué decir. Efectivamente hay demora, pero creo que hemos puesto todo de nuestra parte para intentar limitar lo más posible las consecuencias negativas de la pandemia. El presupuesto del Poder Judicial ha disminuido, habida cuenta de la urgencia de que el Estado redistribuya los recursos con que cuenta para solventar necesidades más apremiantes, como las de aquel que no puede trabajar, para simplemente subsistir o requiere de un tratamiento médico para continuar viviendo. Estamos permanentemente pendientes del computador, de los correos electrónicos y del whatsapp, incluso en la noche; hemos dejado que terceros extraños ingresen, metafóricamente, a nuestros hogares; el retiro del 10 por ciento ha significado un aumento exponencial en el trabajo de los Juzgados de Familia; etc.

- En ese contexto, ¿qué expectativas tiene para los tribunales de Valparaíso ahora que se decretó cuarentena para la ciudad? ¿Complica mucho el funcionamiento una medida de este tipo?

- En cuanto a la cuarentena y las medidas sanitarias tomadas por la autoridad, sólo cabe obedecerlas. Claramente hace más difícil el funcionamiento de los tribunales, pero es un problema común a todas las actividades que realizamos los ciudadanos. Las complicaciones son varias, cualquier desplazamiento es más engorroso, debido a los controles; la permanencia obligada en la casa, por las dificultadas ya descritas, afectan el ánimo de las personas; aumenta la sensación de inseguridad y las preocupaciones por los seres queridos; disminuyen los aforos, etc.

- Otra crítica que se le ha hecho con frecuencia al Poder Judicial es que existe una justicia para ricos y otra para pobres. ¿Cuál es su opinión frente a ese cuestionamiento?

- El Poder Judicial no hace distinciones entre ricos y pobres, nadie debe estar por sobre la ley. En este sentido se debe destacar que ha habido grandes avances, ya que el Estado, paulatinamente, ha ampliado y perfeccionado servicios gratuitos que permitan a toda persona acceder a un abogado de calidad, como es el caso, entre otros, de la Defensoría Penal Pública, Defensoría Laboral y la Corporación de Asistencia Judicial; facilitar las notificaciones; y, también, el acceso a la prueba pericial, que es costosa de producir. Quisiera agregar que desde que ingresé al Poder Judicial en el año 1994, he tenido contacto con la justicia penal y he visitado todas las cárceles existentes en Santiago y Valparaíso, y es tal la precariedad en la que viven los condenados - hacinamiento, falta de servicios básicos, dificultades para contactarse con sus parientes, etc.- que uno tiende a asociarlos con la extrema pobreza.

- ¿Qué piensa del proyecto de ley de indulto a detenidos en el estallido social? ¿Da el sistema judicial garantías para el procesamiento de esos detenidos?

- La Constitución entrega al Congreso la potestad de dictar las leyes que estime pertinente y nosotros los judiciales debemos acatarlas, como todos los ciudadanos. Nuestro sistema procesal penal entrega plenas garantías a efectos de resolver la situación de los detenidos en el contexto del llamado estallido social. La imparcialidad del juez está asegurada, ya que toma sus decisiones luego de escuchar al fiscal del Ministerio Público, quien debe acreditar sus imputaciones con suficiente prueba; al defensor, que tiene acceso a la misma, y al detenido, si desea declarar. La audiencias son públicas y las resoluciones fundadas, existiendo para decisiones relevantes, la posibilidad de que éstas sean revisadas por la Corte de Apelaciones.

"Efectivamente hay demora, pero creo que hemos puesto todo de nuestra parte para intentar limitar lo más posible las consecuencias negativas de la pandemia".