Joaquín Torres Tagle

Plantas desalinizadoras para enfrentar la sequía y baja de impuestos a pequeñas y medianas empresas para impulsar el empleo. Esas son dos de las ideas de Luis Aravena Egaña, candidato a gobernador regional y secretario general de Unión Patriótica (UPA), partido que se autodefine como "la verdadera izquierda".

Propone congelar los preacuerdos que se hayan tomado en nombre de la Gobernación Regional, pues el presupuesto anual ya estaría asignado, lo que dejaría de brazos cruzados a quien asuma la Gobernación.

En su carrera política, ha sido candidato a concejal, alcalde (Viña del Mar), diputado y senador, pero sin mayor éxito hasta el momento.

- ¿Qué propuestas tiene como candidato a la Gobernación Regional?

- Lo primera medida que cualquier gobernador debe tomar es hacer una revisión muy en detalle de lo que se entrega como Gobernación Regional. El mismo señor (Manuel) Millones, que es consejero regional, ha planteado que el presupuesto para este año ya estaría comprometido. Entonces, es muy extraño. Quien sea gobernador no tendrá capacidad de maniobrar. Hay que congelar todos los preacuerdos que se hayan tomado a nombre de la Gobernación, revisar qué carácter tienen, si realmente significan un desarrollo para la región y no el pago de favores políticos de una institución que deja de estar dirigida por el gobierno central. Es un desastre y una concepción errada de tratar de dejar todo asegurado y amarrado. En vivienda, hay más de 200 campamentos en la región, por lo que debe existir un apoyo a los segmentos más desposeídos.

- La región presenta altas tasas de desempleo. ¿Cómo resolvería esta situación?

- Hay que reconocer al comerciante ambulante. Para efectos de las encuestas se le considera un trabajador, pero para el Servicio de Impuestos Internos y para distintas comunas son ilegales y, por tanto, hay que sacarles partes y meterlos presos. Sin embargo, es la fuente de trabajo mayoritaria, el trabajo irregular es lo que está rindiendo, porque la gente no tiene trabajo hoy día y busca la manera de poder sobrevivir. Eso hay que regularlo, apoyarlo, para que se vaya transformando en algo más estable en el tiempo. A la gente no se le puede prohibir buscar maneras de poder subsistir en una crisis tan generalizada. Tiene que haber un aporte basal desde el gobierno central, en cuanto a apoyo, a la pequeña y mediana industria, que genera el 80% del empleo en Chile. Hay que bajar el impuesto a estas empresas para generar mucho trabajo.

- En la zona la problemática ambiental está muy presente...

- En el tema hídrico, muchas organizaciones territoriales dicen que "no hay sequía, hay saqueo", aduciendo al robo del agua desde los esteros o los ríos Aconcagua o La Ligua. Ante eso nosotros proponemos plantas desalinizadoras de agua, obligatorias para las grandes empresas privadas, como la agroindustria y la gran minería que hay en la región. Cualquier situación que signifique dañar el medioambiente debe tener las multas más severas. Respecto a la situación de las dunas de Concón, allí se sigue construyendo pese a todas las prohibiciones que se han levantado. Las leyes son muy permisivas a la hora de controlar la contaminación ambiental, se pone en el centro la ganancia económica y no el bien común.

- ¿Qué opinión tiene del candidato de Unidad Constituyente, Aldo Valle?

- Lo que pasa con la mayoría de los candidatos es que están todos disfrazados como independientes y todos sabemos que tienen domicilio político conocido. Eso le hace un daño a la política en cuanto a ocultar la militancia de cada uno. Si alguien fue del Partido Socialista, que asuma las consecuencias de haber sido parte de la Concertación y el daño que la Concertación en algún momento hizo con la venta de empresas estatales y la licitación de las carreteras y los puertos. Uno va de candidato donde siente cierta afinidad en lo ideológico y lo político.

- Hay cinco candidatos de oposición. ¿Ve un riesgo de dispersión del voto no oficialista?

- Es normal, la unidad por la unidad no existe, no hay unidad en lo programático ni en lo político. Cada uno está intentado imponer sus posturas, eso es la democracia, no es nada terrible. Hay diferencias reales, nosotros no estamos por maquillar el modelo económico neoliberal.

"Tiene que haber un aporte basal desde el gobierno central a la pequeña y mediana industria. (…) Hay que bajar el impuesto a estas empresas para generar mucho trabajo".

"Lo que pasa con la mayoría de los candidatos es que están todos disfrazados como independientes y todos sabemos que tienen domicilio político conocido".

En el Juzgado de Garantía de La Ligua y de manera telemática se realizó la audiencia de formalización de la investigación en contra de Luis Barros Soto, director provincial de Educación de Quillota-Petorca desde el año 2018. El imputado será investigado en calidad de autor, en grado de desarrollo consumado, por el delito de apropiación indebida en la comuna de Zapallar, hechos ocurridos entre abril de 2013 y febrero de 2018.

El municipio local presentó una querella contra el funcionario público por hechos que se remontan a cuando fue director del liceo comunal. "Luis Barros, en su calidad de director del Liceo de Zapallar, vivía junto a su familia en un inmueble municipal. De acuerdo con el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, a los funcionarios que habiten inmuebles municipales se les debe descontar el 10% de su sueldo por planilla y resulta que hubo 10 meses en los que no se le descontó, sin que él notificara", indica el director jurídico del municipio, Juan Pablo Destuet.

"Como funcionario público, cuando tenemos alguna intuición con el Departamento Jurídico de que puede existir un delito, ponemos los antecedentes ante el Ministerio Público para que lo investigue. En este caso, el Ministerio Público lo investigó y encontró que podían existir delitos, así que solicitó la formalización", detalló el alcalde Gustavo Alessandri, quien aseguró que cuentan con "todos los antecedentes".

Acusa operación política

Miguel Barros, abogado defensor e hijo del director provincial, asegura que en este caso no correspondía hacer dicho descuento de sueldo, pues esto opera "solo en caso de la vivienda que exista en el lugar en que funcione la municipalidad". "El descuento no correspondía, y aunque correspondiera, los funcionarios a cargo de que se materialice son quienes administran el dinero. En este caso, él era director del liceo, pero no tenía administración del dinero: aquí la municipalidad administraba los fondos", aseveró, junto con recalcar que no es aplicable el delito de apropiación indebida.

Por tal motivo, la defensa interpuso ante Fiscalía Regional una acusación contra el fiscal adjunto, José Ramírez, denunciando una "formalización arbitraria". La presentación cuestiona que el persecutor se "preste para avalar operaciones políticas difamatorias en base a denuncias infundadas".

"Por lo que me acusan es una apropiación indebida de fondos públicos. (…) Yo, cuando me trasladé del norte para acá, pedí que me pudieran arrendaran una casa, porque era muy caro venirse a vivir en Zapallar. Me dieron un bono de $300 mil pesos para que arrendara una casa, pero el error que cometió la municipalidad en ese tiempo fue no habérmelo puesto en mi sueldo. Pero la ley dice que para que a ti te cobren el 10% tiene que ser una casa fiscal, que no es este caso: es un bono que me dieron a mí", señaló el ahora imputado, mientras se desarrolla la investigación por un plazo de 60 días.

"El Ministerio Público lo investigó y encontró que podían existir delitos, así que solicitó la formalización".

Gustavo Alessandri, Alcalde de Zapallar