Han pasado 10 años en los que alrededor del 70% de los países obtuvieron calificaciones por debajo de 50, en la escala de 0 a 100 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, sin mejoras perceptibles durante este período. Algo similar se puede observar en el desempeño de Chile, que ha mantenido su puntaje dentro del rango de dispersión que tienen estas estadísticas.

Los "avances" que se suele invocar (como nuevos vehículos de control, acuerdos internacionales, aprobación de nuevas legislaciones de anticorrupción, etc.) han sido, en el mejor de los casos, pasos intermedios, en lugar de impactos reales a los que se debiera apuntar para hacer mella en el tema. Además, varios de los enfoques de fiscalización han sido fáciles de eludir por agentes corruptos que tienen un dinamismo, adaptabilidad e imaginación difíciles de igualar por las entidades y vehículos de control y rendición de cuentas existentes.

Ningún sentido tiene promover y promulgar más leyes, reglamentos y vehículos de fiscalización si las autoridades y partes involucradas carecen de la voluntad, rigurosidad o capacidad de hacer cumplir su mandato.

Todo indica que ha llegado el momento de poner el peso de la prueba en vez del beneficio de la duda sobre los enfoques que se han estado adoptando.

Las vías tradicionales de rendición de cuenta, controles y vehículos afines han ido generando crecientes demandas institucionales que en muchos países (incluyendo el nuestro) han sido difíciles de implementar eficazmente. Esto, unido a demandas sociales emergentes, claramente apunta a problemas de raíces sistémicas, que merecerían sustituir controles y fiscalizaciones difíciles de administrar por políticas que generen mejores incentivos y presiones competitivas para mitigar fuerzas monopólicas y captura de entidades, reduciendo con ello poderes discrecionales.

De hecho, los cambios de contexto a los que nos debemos ajustar son literalmente dramáticos, forzándonos a repensar los enfoques para ser exitosos en el mundo que se nos viene.

El mayor estímulo económico de la historia (agregando hasta ahora US$13 billones para reactivar las economías); las acciones para mitigar el cambio climático (que requerirán inversiones de unos US$ 16,5 billones en los próximos 10 años para cumplir con los Acuerdos de París); la integración a la economía mundial del "próximo mil millón de habitantes" del sudeste asiático, con desempeños y prácticas de negocios agresivas; el cambio tecnológico masivo gatillado por la transformación digital, están destinados a alterar las escalas de las economías y los modelos políticos o sociales existentes.

Este cambio tectónico remueve el piso de instituciones que apenas pueden responder a la situación actual, y evidencian que los mayores problemas ya no se centran en cómo detener y controlar acciones corruptas per se, sino en la falta de entendimiento de las fuerzas que las generan.

De hecho, muchas de las "soluciones" que se promueven se basan en fortalecer controles y vehículos de monitoreo que no tienen ni remotamente la agilidad y efectividad de las fuerzas económicas de hoy en día, por lo que "ladran al árbol equivocado", por así decirlo, por falta de diagnósticos adecuados de los problemas a resolver.

En adelante, las medidas tendrán que disciplinarse tomando en cuenta que las acciones y resultados importan, tanto o más que los procesos; que se necesita reenfocar accountability, con una mejor apreciación del papel de la sociedad civil, la transparencia, el escrutinio, la impugnación y la forma de responsabilizar a las administraciones; y que se debe desarrollar habilidades para construir en entornos disruptivos, mejor adaptados para obligaciones mutuas, crecientes flujos de recursos humanos, y financieros, y su consiguiente transferencia de conocimiento y tecnología, información y acceso ágil a mercados en condiciones cambiantes.

El tema de la corrupción ha ganado legitimidad en el debate público como materia válida de desarrollo económico. La etapa de concientización, discursos aspiracionales y seguimiento está esencialmente cumplida. En adelante la atención debierá volcarse hacia la implementación.

El contraste entre la narrativa y la realidad vivida por la ciudadanía es demostrativo de una contienda más amplia, que ha venido anidando conflictos que solo se superarán con una transición del dicho al hecho. Esta tendrá que enfocarse en el dinamismo y disciplina que impone la competencia a fin de superar los vacíos institucionales que ya no dan abasto para responder a un ambiente crecientemente cambiante y disruptivo. 2

Los 'avances' que se suele invocar han sido, en el mejor de los casos, pasos intermedios en lugar de impactos reales a los que se debiera apuntar.Varios enfoques de fiscalización han sido fáciles de eludir por agentes corruptos que tienen un dinamismo y adaptabilidad difíciles de igualar".

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Miguel Schloss

Exdirector ejecutivo de Transparency International y director de Planificación Corporativa del Banco Mundial