Carabineros ha abordado derechamente dentro de su estructura institucional el recurrente tema de los derechos humanos. Para ello ha creado la Sección de Derechos Humanos, también presente en la Región.

A cargo de esta división está la teniente Karen Castro, quien en declaraciones a este Diario da cuenta de las múltiples funciones que allí se cumplen, partiendo con la capacitación de los funcionarios en esa importante materia en la cual muchas veces se pone en entredicho la actuación policial, lo que se traduce en acusaciones que se llevan a la justicia.

Las denuncias, justas o injustas, deben ser investigadas, pero es necesario evitar los casos desde su raíz, es decir, en la actuación de los funcionarios que las originan.

Es un hecho que la tarea policial, especialmente en terreno, es compleja y debe equilibrar la defensa del orden público con todos los alcances que ello tiene, con el respeto a las personas, aun a los que perpetran actos delictivos, y con proporcionalidad a los hechos.

Esta necesaria mesura, este sentido de respecto, debe formar parte de la formación del personal policial y también de las estrategias que se aplican, teniendo presente que la mayor complejidad se produce en terreno y muchas veces quienes violentan el orden público no conocen límites como fácilmente se ha comprobado en los últimos tiempos.

Dentro de su tarea la teniente Castro destaca "la coordinación con todos los organismos de la sociedad civil, además de los organismos estatales que dicen relación con la protección con los derechos humanos". Entre ellos, la oficial consigna al Instituto de los Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, la Seremi de Justicia y el Servicio Nacional de la Mujer. El trabajo, afirma, ha sido beneficioso.

Esta coordinación es necesaria, pues se debe evitar entre las instituciones mencionadas y Carabineros un ánimo confrontacional. Tanto las policías como esos organismos tienen un rol social enfocado, desde cada una de sus posiciones, a la promoción de los derechos humanos.

Si bien es cierto se insiste, faltando a la objetividad, en las supuestas violaciones que realizan las fuerzas de orden, se olvida, se omite, que la violencia delictual en todas sus formas, incluyendo la disfrazada de protesta social, también vulnera los derechos humanos.

Y con una visión global, de coordinación y entendimiento es importante tener presente, como lo afirma la teniente Castro, que "nosotros, desde la premisa que los derechos humanos involucran absolutamente a todos, nadie puede ser indiferente respecto a su protección y promoción".

Una afirmación que llega desde el interior de Carabineros, que se debe reflejar en su tarea diaria y que debe hacer meditar a quienes sistemáticamente, y hasta con gracia, satanizan la acción policial.

Hablemos de enfermedades. No del coronavirus, que nos abruma, ni de problemas físicos, sino de las "enfermedades sociales" que afectan directamente el alma o la psiquis de las personas de nuestro país.

La primera es la desigualdad, de la cual derivan muchos otros males. Tiende a verse solo en términos económicos como una brecha entre quienes tienen más y menos poder adquisitivo, pero es mucho más que eso. El estallido de octubre de 2019 ocurrió como una reacción ante esta desigualdad. Es la misma sociedad la que pide el fin a las diferencias en el acceso y calidad de la salud, previsión, educación y otros derechos sociales.

Una segunda enfermedad es el centralismo. Quienes vivimos en las regiones estamos muy conscientes de la postergación y el trato desigual que sufrimos, siempre en favor de la Metropolitana. Nos preocupa también el centralismo interno, que concentra recursos en la capital regional y en zonas privilegiadas sobre otras, en términos de recursos y poder. Todas las tendencias descentralizadoras son positivas.

Una tercera enfermedad es la segmentación. Un mal que produce fisuras sociales, económicas y culturales. Este problema nos está llevando a una sociedad que es al menos dual, con grupos separados, que no se conocen ni se miran; y si lo hacen, solo se ven a la distancia. El punto es que la convivencia entre dichos grupos está dañada. Ya tenemos más de un Chile, pero el fenómeno seguirá ahondándose si no tomamos medidas. Tenemos que luchar por la cohesión, la integración y la inclusión social. No es solo atender las necesidades económicas, es dar a cada persona la oportunidad real de salir adelante. Los talentos están en todo el espectro social.

Pronto tendremos una elección y se iniciará un proceso constituyente en que ojalá podamos hallar cura a estos males. Para hacerlo, hay que considerar que la solución pasa necesariamente por defender un derecho social básico: la educación. No es un bien de consumo, sino que es la tarea número uno de Chile si quiere mirar con esperanza el futuro.

Cada año el proceso de admisión a las universidades nos recuerda las desigualdades existentes, pues demuestra que un grupo minoritario llega con una inmensa ventaja a la educación superior gracias a que pudieron pagar "otra" educación y les entregaron un entorno con alto nivel sociocultural y material. Si el joven ya tuvo desventajas y luego entra a estudiar a una universidad regional, notará una especial vocación social de estos planteles, los que, a pesar de todo lo que hacen en formación, investigación, innovación y creación, sufren directamente las consecuencias de un sistema de financiamiento que no los favorece.

Aquí corresponde, una vez más, alabar a las universidades públicas, especialmente las regionales, que luchan por la calidad, la equidad y el desarrollo humano. Su gran fortaleza es que defienden y transmiten principios y valores universales, republicanos, como tolerancia, pluralismo, solidaridad y convivencia democrática. Una universidad pública no discrimina en ningún sentido, porque el pluralismo es su norte y su esencia.