A diferencia de lo que pueda creerse, la crisis de la ética pública en la Región de Valparaíso nunca se trató de grandes desfalcos de dinero en negociaciones amañadas y turbias, con oscuros maletines. Es más, muchos altos personeros del Poder Judicial y el Ministerio Público coinciden en que los límites institucionales y las normativas del sistema de licitaciones de nuestro país evitó casos de corrupción mayúsculos, como los de Odebrecht en naciones vecinas.

En Chile, y en Valparaíso para más señas, se roban vueltos, cajas de mercadería, insumos de ollas comunes, platas de subsidios y diarios en PDF. La crisis de la ética pública tiene mucho más que ver con el ventajismo y la llamada "viveza criolla", que no es otra cosa que la justificación del más vil y ordinario robo hormiga, que todos los días exhiben sin asco numerosos "servidores públicos" y grises miembros de partidos políticos venidos a menos.

Citando a Parra (cuyos libros seguramente no han leído y, si lo hicieron, debe haber sido en PDF o fotocopias), la discusión imaginaria protagonizada esta semana en el grupo imaginario de mensajería instantánea de un partido político imaginario es decidora. Gente imaginaria que hoy está a cargo de municipalidades imaginarias, de servicios locales imaginarios y, en suma, de defender a gente imaginaria, pretende desafiar a un medio de comunicación imaginario insistiendo en la distribución de ejemplares piratas imaginarios y violando la legislación imaginaria correspondiente en torno a la propiedad intelectual y los derechos de autor, invocando el santo nombre imaginario de su privacidad y derecho a la información.

Lo más triste de toda esta historia imaginaria no es sólo que su propia cofradía está llena de soplones imaginarios, sino también el pusilánime silencio de su presidente regional imaginario, de su directiva comunal imaginaria y de todos aquellos que se suponen decentes y virtuosos, los mismos que proponen como alternativa "formar un grupo aparte, no comprometiendo al partido en la distribución (de los diarios)", en el cual "incluso podría ser que participaran en este independientes, de otros partidos... y cada cierto tiempo cambiar el nombre del grupo. ¿Les parece?".

No, no nos parece. Como tampoco nos parece que una de las grandes defensoras de persistir en el pirateo de diarios haya estado (de forma imaginaria) a cargo de los menores de 4 años de la Región.

Tan triste como que un partido que alguna vez tuvo las agallas para luchar contra la injusticia y el abuso, hoy exhiba los representantes del nivel que tiene en Valparaíso, los mismos que pretenden recuperar la ciudad a punta de miserable voluntarismo y quién sabe con qué fin, tras una pasada administración que fue todo menos pulcra y honrada. De hecho, la defectuosa administración actual los ocupa día por medio como ejemplo y argumento de los más escandalosos actos sin que nadie tenga el nivel moral de responderle.

También, aprovechando el vuelo, ya que hablarán con sus abogados imaginarios para determinar si piratear diarios está bien, podrían preguntarles por qué hoy solo tienen cuatro alcaldes a nivel regional (de los cuales uno, quizás el más decente de todos, fue expulsado del partido hace algunas semanas por no llevarles el amén con su candidato, otra estuvo al borde de la destitución y un tercero está acusado de fraude al fisco); dos parlamentarios, el 50% de ellos con la militancia congelada por desafección con el partido; o por qué terminaron relegando a su candidata por Viña del Mar para proteger una opaca negociación por Quinta Normal.

La respuesta no se alejará mucho de la indignación imaginaria que les causó ser pillados en falta, o del sitio en el cual terminaron las últimas administraciones locales bajo su bandera imaginaria.

El volumen de las causas asignadas a los fiscales, la complejidad de ciertas materias, el tiempo que demanda la realización de pericias, las dificultades para mantener el interés de las víctimas, la escasez de recursos policiales, son algunas de las dificultades en la persecución penal.

Con todo ello, desde nuestro rol, estamos sujetos a la exigencia de rendir cuenta de nuestras decisiones. Representamos el interés de la comunidad en el ejercicio de la acción penal y, por ello, es bienvenida la crítica que nos llama a la mejora continua.

Sin embargo, en ocasiones el cuestionamiento toma un rumbo distinto. En efecto, se ha transformado en un fenómeno cada vez más frecuente que se presenten denuncias y querellas contra fiscales por la supuesta comisión de un delito, como reacción a las decisiones del fiscal que son contrarias al interés o expectativa del denunciante. Así, se pretende que el fiscal ha falseado antecedentes de la carpeta, ha violado el secreto, o tiene animadversión o amistad con alguna parte.

El Ministerio Público está obligado a iniciar una causa penal con cada denuncia. Si bien en muchos de estos casos de la sola revisión de lo denunciado se desprende que no hay delito, en lugar de ejercer la facultad de no iniciar la investigación, que sería la fórmula temprana de terminar la causa, se da curso a diligencias, apuntando a la mayor transparencia y expresión de objetividad posible. En cada uno de estos casos debe designarse a un fiscal regional a cargo de la indagación, con la evidente distracción de labores que ello implica. Según la estadística de la Fiscalía Nacional, respecto de estas investigaciones, en las iniciadas el año 2018, aproximadamente el 76% del término corresponde a desestimación. En relación al año 2019, este porcentaje se eleva al 93%, en todos estos casos, con intervención judicial.

No nos engañemos, lo que busca la mayoría de estas situaciones es simplemente apartar al fiscal que se encuentra a cargo. Es probable que ello afecte, además, a los restantes intervinientes en la causa, al sembrar dudas sobre la idoneidad del persecutor. Se termina causando daño no solo a la causa misma y al fiscal en lo personal, sino también a la propia institución.

Situaciones como estas se repiten con mayor frecuencia en materia de delitos económicos, en los que muchas veces son meros intereses contrapuestos de los intervinientes, o materias de incumplimiento contractual, las que forzadamente se llevan al ámbito penal. Y más grave aún, se presentan estas denuncias contra fiscales en el contexto de la indagación de delitos de anticorrupción, de manera que a las perniciosas consecuencias ya mencionadas, se suma que al fiscal encargado precisamente de combatir la corrupción, se le apunta como un funcionario carente de probidad. Más grave es cuando lo anterior es utilizado por candidatos en período electoral.

El deber que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales es, entre otros, administrar correctamente la propiedad fiscal y darle un uso que beneficie de manera directa y concreta a las familias de Chile. En ese sentido, el déficit de viviendas que existe tanto en nuestra región como en el país, han puesto como una de las grandes prioridades del Gobierno destinar terrenos disponibles para albergar soluciones habitacionales.

La escasez de suelo hace necesario reorientar algunas políticas públicas para poner por delante la urgencia que vivimos como país. Por lo mismo, como Bienes Nacionales hemos querido ir en ayuda del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, pensando que nuestro aporte significa permitir inmediatamente que más espacios físicos queden a disposición de más proyectos de construcción.

Liderados por el trabajo del ministro Julio Isamit, hemos identificado 52 terrenos a nivel nacional, los cuales serán transferidos al Serviu para que sean incluidos en lo que muy bien hemos denominado Banco de Suelo. En lo que respecta a la Región de Valparaíso, en una primera instancia, son dos los terrenos comprendidos en este catastro, los cuales se ubican en las comunas de Papudo y San Antonio.

Ahora bien, más allá de que el Banco de Suelo es un anuncio nuevo y de alto impacto, no es menos cierto que en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales venimos trabajando en pos de la gente y su vivienda hace mucho tiempo. Ejemplo claro de esto es el excelente trabajo que se ha desarrollado en el campamento Manuel Bustos de la parte alta de Achupallas, en Viña del Mar.

Gracias a un convenio con Serviu Valparaíso, nuestro gran aliado, esas históricas familias no solo han visto transformarse en barrio su campamento, con calles pavimentadas y obras para disponer suministros básicos, sino que, además, han recibido en sus manos sus títulos de dominio, certeza jurídica que les da la tranquilidad que el terreno, lugar donde viven y la casa que han levantado con tanto esfuerzo, ya les pertenece.

En lo próximo, trabajaremos rápidamente para realizar todos los trámites administrativos que son necesarios para que el Serviu adquiera cuanto antes el dominio de nuestros terrenos comprometidos. Acelerando estas transferencias gratuitas, posibilitaremos que cientos de familias que esperan por su vivienda estén un paso más cerca de recibir sus tan anheladas llaves de la casa propia.

En este proceso, y en los que vengan a futuro, es vital que respetemos el deseo de las personas por permanecer en las comunas en las que habitan, esas por las que tienen un marcado arraigo emocional y sobre todo familiar. Por lo mismo, adquiere mucha importancia la necesidad de crear espacios de integración social en cada una de las 38 comunas de nuestra región, eliminar brechas diferenciadoras entre los distintos barrios y sectores y avanzar en la idea de que esta región le pertenece a todas y todos sus habitantes, sin distinción de ningún tipo.