Constanza Peña Moya

A inicios de semana, la Corte Suprema acogió el recurso de protección en contra de las obras de mitigación del controversial proyecto para la construcción del Hotel Punta Piqueros -emplazado en las inmediaciones del santuario natural Roca Oceánica-, y por unanimidad declaró su ejecución como "arbitraria, ilegal y vulneratoria".

De esta manera, la Superintendencia de Medioambiente deberá fiscalizar el estado de este sitio y paralizar todo trabajo que no cuente con una adecuada resolución de calificación ambiental.

Sin embargo, son diversos los tribunales en los que se ha librado la batalla que impulsan la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Yarur Bascuñán contra la Inmobiliaria Punta Piqueros S.A., de los grupos económicos Said, Urenda y Bolocco. En el Segundo Tribunal Ambiental se tramita una causa que, pese a que inicialmente apuntaba al Comité de Ministros del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) a raíz de una resolución exenta en favor del proyecto, ahora tendrá como parte a la firma mediante la figura de tercero coadyuvante.

El reclamo de ilegalidad, presentado en febrero de este año señala a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°46 del 21 de noviembre de 2018, y tiene como principal argumento la no consideración de la nulidad -dictada por la Corte Suprema- del permiso de edificación otorgado en 2011 por parte del municipio de Concón. Asimismo, incluye impugnaciones ambientales frente al impacto del proyecto en el ecosistema natural de la zona y en su valor paisajístico, así como al riesgo que presentarían los huéspedes del hotel en caso de tsunami o grandes marejadas.

"El Tribunal Ambiental tiene que rechazar la decisión del Comité de Ministros y declarar nula cualquier RCA, ya que la Corte Suprema ha planteado con claridad que el hotel jamás debió haberse concluido", dice el abogado reclamante Gabriel Muñoz, quien considera que se trata de "una especie de loop jurídico ambiental que hace evidente que el poder de los tres grupos económicos tras la empresa influyó en la decisión del Comité de Ministros."

¿qué viene ahora?

Bajo la representación de abogados del estudio Urenda Rencoret Orrego, el Segundo Tribunal Ambiental aceptó el pasado lunes, en calidad de tercero coadyuvante de la reclamada -es decir, del Comité de Ministros-, a la Inmobiliaria Punta Piqueros. "En definitiva, la RCA 046/2018 fue válidamente emitida y autorizó a nuestra representada a desarrollar su proyecto, cumpliendo con las condiciones y exigencias previstas en dicho instrumento. (...) Por tanto, resulta incuestionable que a Punta Piqueros le asiste un interés actual y manifiesto en el resultado de este juicio, el cual es concordante con el interés del reclamado en estos autos (el Comité de Ministros), esto es, mantener la plena vigencia de la resolución recurrida", argumenta el escrito firmado por Ambrosio García-Huidobro, gerente general de Punta Piqueros S.A.

"Esto es paradojal, porque la autoridad ambiental, quien tenía que velar porque nunca se construyera el edificio, está defendiendo el permiso. Y es un permiso de construcción que fue declarado ilegal por la Corte Suprema", insiste por su parte el abogado de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio que, hace un par de semanas, sumó a sus gestiones una solicitud al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la que piden su demolición.

"Hay que determinar cuál es el impacto de demoler en forma parcial o total", dice el representante, que argumenta que al contravenir el Plan Regulador Comunal de Concón, al menos, se haría necesaria la remoción de los pisos que sobresalen del nivel de la calle, la Avenida Borgoño.

Respecto a esta posibilidad, el gerente general de Inmobiliaria Punta Piqueros declaró esta semana al diario "La Segunda" que "el impacto de demoler esa faena sería enorme desde el punto de vista ambiental". De acuerdo a la empresa, el hotel estaría listo para abrir sus puertas en seis meses, planes que cambiarían radicalmente en caso de dejarse sin efecto la RCA.

"La Corte Suprema ha planteado con claridad que el hotel jamás debió haberse construido".

Gabriel Muñoz, Abogado de la Corporación

"Es incuestionable que a Punta Piqueros le asiste un interés actual y manifiesto en el resultado de este juicio."

Punta Piqueros S.A, Escrito ante Tribunal Ambiental

Proponiendo una nueva resolución que "se adecúe a la realidad de la bahía, incorporando estándares de derechos humanos en la regulación y, especialmente, el acceso a la información y los límites a la contaminación permitida", habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví presentaron una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental. En concreto, apuntan a la Resolución Exenta N°80 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) -publicada en el "Diario Oficial" en febrero- que establece la modernización y el rediseño de la actual red de monitoreo de la calidad del aire.

En el escrito aseguran que la iniciativa es "regresiva ambientalmente y contraria a los propósitos del Plan de Descontaminación Ambiental", al mismo tiempo que "infringe los derechos de acceso a la justicia ambiental, especialmente el derecho a la información y a la participación, al haberse dictado sin considerar la opinión de las personas afectadas".

Según exponen, no se tomó en cuenta siquiera al organismo público-ciudadano que fue creado con estos fines, el Comité de Recuperación Ambiental y Social (CRAS), y se omitieron medidas para garantizar "el cese efectivo de la vulneración de los derechos de las personas de estas comunas".

En cuanto a los aspectos técnicos denuncian que no se siguieron de forma cabal las recomendaciones que planteaba el estudio contratado para definir este tema. A raíz de ello, señalan que en la resolución existiría una "exclusión de parámetros de contaminantes" en al menos 8 de las 11 estaciones que se analizan.

La nueva red

Comprometido como uno de los principales hitos dentro del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de la zona -aprobado en 2018 y en vigor desde marzo de 2019-, el rediseño de la red de monitoreo se encuentra en licitación. De acuerdo al sitio web del Ministerio se prevé que su implementación comience a partir del segundo semestre, y que junto al resto de medidas del PPDA, beneficie a una población de más de 90 mil habitantes.

Consultado al respecto el seremi (s) del Medio Ambiente, Christian Fuentes, defiende la calidad y rigurosidad de los estudios en los que se basa la resolución para la modernización de la red. Sostiene que el Ministerio ha "trabajado arduamente, con el apoyo del Instituto Finlandés de Meteorología (FMI), para elaborar esta propuesta de rediseño".

Afirma, además, que el plan se ajusta a los requerimientos instruidos en el Decreto Supremo 105, que define el PPDA para Concón, Quintero y Puchuncaví y que instruye el monitoreo de los contaminantes normados (MP10, MP2,5, SO2 y NOx), la caracterización fisicoquímica del material particulado, y la medición de compuestos orgánicos volátiles.

Adelanta que "la nueva red aumentará a 14 el número de estaciones de monitoreo en la zona y, de forma inédita, se contará con tres estaciones que se denominan Super Site (Súper Sitio) y una como estación de fondo regional".

Al respecto, enfatiza que "ninguno de estos dos tipos de estaciones existe actualmente en Chile". "Las estaciones Super Site se localizarán en cada uno de los tres municipios y contarán con equipamiento altamente sofisticado y en línea", precisa.

"Vamos avanzando según lo proyectado. Sin duda falta por hacer, pero seguimos trabajando por mejorar la calidad del aire de las comunas".

Christian Fuentes, Seremi (s) del Medio Ambiente