Katherine Escalona M.

Cansados, preocupados y desalentados se encuentran los habitantes de Laguna Verde, Valparaíso, por la falta de abastecimiento del agua y el aumento de loteos irregulares en medio de la pandemia. Causas por la que preparan dos recursos de protección que serán presentados este mes para salvaguardar a la población.

Por el agua, afirmaron los habitantes, existen varios problemas. La parte baja cuenta con Agua Potable Rural (APR), pero la parte alta no y, ante el alza de loteos, el abastecimiento es escaso, los precios son altos y la calidad del agua no está certificada. Es más, los pozos que abastecen a los camiones repartidores, que no cuentan con autorización- afirman-, están contaminados con minerales, cloruros y hasta feca.

En Laguna Verde, según informaron, actualmente viven sobre 20 mil habitantes, por lo que la situación cada vez es más precaria. Al problema de la escasez de agua se suman los accesos de tránsito, cada vez están más limitados por los loteos irregulares. Los residentes manifestaron que han hechos gestiones, pero no han sido escuchados.

La abogada y habitante del sector, Consuelo Requena, afirmó que "mientras más lejos viva alguien, menos tiene acceso al agua y los camiones no pueden circular por el alza de loteos. Acá no hay ayuda de la Municipalidad de Valparaíso ni del Gobierno. Nosotros en el año 2019 interpusimos un recurso de protección por la contaminación y falta de abastecimiento, pero pese a que se acogió no se adoptó la medida de abastecimiento; ahora, a raíz del fallo de la Corte Suprema por el caso de Petorca y Nogales, decidimos concretar un nuevo recurso de protección".

Requena precisó que "necesitamos con urgencia que se otorgue abastecimiento de camiones aljibes que era una promesa que venía de la Municipalidad desde marzo del 2019, sin embargo, no han contestado al requerimiento. Por eso, el recurso por el agua en principio iría contra la Municipalidad de Valparaíso que es la que abastece a la comuna y también contra la Seremi de Salud por la falta en fiscalización".

También, recalcó la abogada, "realizaremos la misma acción por los loteos irregulares en contra de la Municipalidad que se comprometió el 2019 a ver la situación, fiscalizar y sumarse a la querella de Bienes Nacionales por lo loteadores, lo que no ha prosperado. Esta acción, en principio, sería en contra del municipio y Bienes Nacionales que no han dado solución".

La COMUNIDAD

La situación tiene cansados a los residentes. La presidenta de la Junta de Vecinos (JJ.VV) N° 137 B Renacer, Julia Poblete, enfatizó que "nuestro sector de Domingo Otaegui es donde están ubicados los pozos del cual se surten. En nuestro sector hay ocho señores que venden agua, estas aguas están contaminadas, tienen percolados, minerales y son peligrosas para la salud".

Acotó que "en nuestro sector hay gente con problemas de cálculos o hipertensión por el uso prolongado de estas aguas. Creen que hirviendo el agua se convierte en potable y no es así. Hace cuatro años que estamos conversando con las autoridades para una solución, pero no hay respuesta"; y ante la carencia de agua dijo que "la Cooperativa Rural que surte al sector bajo ha aumentado los precios".

El presidente de la Junta de Vecinos (JJ.VV) N° 208 B Hernán Sáez, en tanto, se refirió a al tema de loteos irregulares, aseverando que "hay loteos indiscriminados, una verdadera explosión cuando se decretaron las medidas sanitarias. En vez de disminuir, aumentaron. Por eso estamos pidiendo que las autoridades, que tienen atribuciones, cumplan su deber de detener estos loteos brujos y se fiscalice".

Para Sáez, una forma de detener esto es "instalar carteles en diferentes puntos, sobre todo, en altos donde están vendiendo cortafuegos, en quebradas y nadie hace nada. Uno llama a Bienes Nacionales, a la Gobernación y nadie hace nada, por eso estamos viendo iniciar un camino judicial contra las autoridades por su notable abandono. Esto es una bomba de tiempo porque se está poblando sin control y sin concepto mínimo de urbanismo".

De la misma forma, el asesor del Club Deportivo, Recreativo y Cultural de Laguna Verde, Johans Aravena, precisó que "la contaminación del agua es una preocupación que viene desde antes del 2010, cuando Leonardo Amador -un presidente de la JJ.VV- comenzó a visibilizar la contaminación del estero por los desechos del vertederos Los Molles, la planta de Esval Placilla y la falta de alcantarillado que hay en el lugar, y esto se ha acrecentado porque la población ha crecido de manera exponencial".

Aravena explicó que "un bajo porcentaje de gente posee agua mediante la Cooperativa, que está en fase a ampliaciones y ha tenido que incurrir en cortes de agua. Se dejó de vender agua a la parte alta, se recurrió a las aguas de pozo y un estudio de la Universidad de Playa Ancha vio que estaba contaminada. Estamos en un contexto de crisis sanitaria en donde es agua es necesaria".

Autoridades

Consultados por la situación a los diferentes organismos con injerencia en el tema dieron cuenta que sí se ha hecho un trabajo y que se necesita avanzar para mejorar.

El gobernador de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, reconoció que se formó el año pasado una mesa de trabajo en la que acordaron una fiscalización de la Seremi de Salud a los pozos regulados y se concluyó que "no había contaminación".

Ante esto, dijo Le Dantec "se insistió a la población a no comprar ni consumir agua de pozos que no están regulados, es decir, que son ilegales" y junto a "Esval se habilitó el pilón ubicado en el estanque El Vigía para que el municipio pudiese retirar agua a través de camiones aljibes"

Pero "lamentablemente el municipio se negó a esta alternativa, aludiendo de que no contaban con camiones para esta maniobra", sostuvo y anunció, como buena noticia, que la seremi de Obras Públicas "elaboró un proyecto para mejorar y ampliar el sistema de Agua Potable Rural, iniciativa que se encuentra en plena ejecución, con un 90% de avance y que beneficiará a más de 1.400 personas".

Respecto a los loteos comentó que junto a la seremi de Bienes Nacionales el 2019 presentaron una querella y la investigación está en la Fiscalía. Al respecto la titular regional del ramo, Rosario Pérez, manifestó que "hicimos llegar al Ministerio Público nuevas denuncias y nos reunimos con la fiscal regional, Claudia Perivancich, también con el Conservador de Bienes Raíces, para solicitar que no se siguieran inscribiendo derechos".

En cuanto al agua, desde el municipio porteño no se refirieron al abastecimiento, pero desde Comunicaciones manifestaron que "es un tema central que hay que abordar tanto en Laguna Verde como en otros sectores de la comuna. Para eso, debe haber una coordinación de diferentes organismos públicos y privados, porque además de recursos se requiere de soluciones técnicas en el corto y mediano plazo", y reconocieron que "el Plan Regulador Comunal va a permitir que problemáticas como estas sean abordadas".

Mientras, la Seremi de Salud explicó que sí existe fiscalización anual en los APR la que "considera muestreos físico-químicos y bacteriológicos. Junto con esto, se realizan también fiscalizaciones periódicas para evidenciar las condiciones del sistema de distribución del recurso", y aclararon que hay restricción de captación en pozos donde se debe contar con autorización sanitaria.

Por esto, confirmó Salud, "se han iniciado 5 sumarios sanitarios a personas que realizaban venta de agua para consumo humano con las respectivas prohibiciones de funcionamiento". E informaron que se tomaron muestras a esos pozos y el agua está "sin el tratamiento respectivo que posibilite el consumo".

La doctora en Química del Departamento de Química de la Universidad de Playa Ancha, Cecilia Rivera Castro, afirmó que "desde el 2016 que las autoridades ya saben que la comunidad está consumiendo agua no segura, que tiene coliformes, que no es tratada, ni siquiera se agrega cloro, y la están vendiendo sobre todo en la parte alta. La gente ha estado vendiendo agua de los pozos del pueblo sin tratamiento, (que) está salina de dos a tres veces más de lo que debería ser, lo que genera problemas cardiovasculares, cálculos renales, hipertensión, etc. También hay pozos que se ha encontrado plomo que es cancerígeno humano".

En enero del año pasado, el senador por la Región de Valparaíso Kenneth Pugh (Ind.) se refirió a la necesidad de separar el Ministerio del Interior del de Seguridad Pública, ya que desde su perspectiva la actual institucionalidad "no da el ancho para cumplir el rol constitucional del Estado de garantizar la protección de los ciudadanos".

Ahora volvió a insistir en el tema, especialmente "en momentos en que estamos pensando en consagrar aún más derechos ciudadanos en la Constitución Política", pues "de poco nos sirve pensar en garantizar constitucionalmente más y nuevos derechos, si los que hoy están garantizados no se pueden cumplir".

En esa línea, criticó "la incapacidad del Estado de generar una sinergia de sus capacidades para garantizar a cada ciudadano su seguridad y protección".

Consideró que "existe un Ministerio del Interior ineficiente en varias de sus tareas y tenemos proyectos de ley relevantes para la seguridad pública y la protección civil que duermen en la burocracia porque nadie se hace cargo de ellos, tales como la refundación de la ONEMI para transformarla en la Agencia de Protección Civil, la modernización del sistema de inteligencia nacional y la modernización de las policías".

Por eso pidió acelerar la creación del Ministerio de Seguridad Pública.