Un nuevo desafío se presenta para los sistemas de salud de todo el país: la campaña anual de vacunación contra la influenza. En estos momentos la aplicación de esa vacuna es particularmente importante, pues se trata de frenar la aparición de una enfermedad cuyas complicaciones pueden agravar la crítica situación que estamos afrontando con la pandemia.

Ayer, lunes, se inició la inmunización, partiendo con los mayores de 90 años y con las mujeres con más de 33 semanas de embarazo, para continuar en escala descendente con otros grupos etarios.

La vacunación cubre de manera preferente y gratuita a personas de más de 65 años y enfermos crónicos. Además, se incluye a grupos seleccionados por sus funciones o condiciones de residencia. La inoculación se realiza en centros de salud públicos y privados. En Viña del Mar se han habilitado 19 puntos de aplicación y en Valparaíso, 13.

Con toda la importancia que tiene este proceso es necesario tener presente las condiciones en que se realiza. Por una parte, un personal de salud sobrecargado en todos sus niveles, pero también se debe atender a la importancia de evitar aglomeraciones insistiendo en el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

En cuanto a los recintos de salud, hay que cautelar no solo la seguridad sanitaria, sino que también la seguridad del personal que allí trabaja bajo constante presión, debido a que a veces es víctima hasta de agresiones, como ha ocurrido en el Hospital Van Buren de Valparaíso.

Es de suponer, además, en cuanto a lo propiamente sanitario, que se han adoptados medidas para evitar confusiones entre el proceso de vacunación contra el covid-19 y el que está comenzando contra la influenza. Hay que atender, también, a los resguardos entre la aplicación de una y otra vacuna. Se ha informado que la distancia en tiempo de las aplicaciones debe ser de 14 días.

En este aspecto, es fundamental mantener a la comunidad plenamente informada, despejando aquellas dudas que, en último término, afectan a los dos procesos en marcha.

Una cuestión importante dentro de toda la crisis actual refiere a la movilidad de las personas entre sus domicilios y puntos de vacunación. Se ha informado que para ese traslado es necesario un permiso de desplazamiento, permiso que, de acuerdo a la norma general, tiene una duración de dos horas. Este aspecto puntual debe ser claramente definido, pues es muy posible que más allá de la aplicación misma de la vacuna, las personas superen ese límite en desplazamiento y espera de la atención correspondiente. Con las nuevas restricciones y los esfuerzos por bajar la movilidad, es fundamental mantener a la población bien informada sobre las condiciones en que se realiza esta campaña paralela, nuevo esfuerzo para proteger la salud de toda la población.

Actualmente, en Chile hay casi 19.000 niñas, niños y adolescentes bajo algún sistema de cuidado alternativo entregado por parte del Estado de Chile, es decir, que no viven necesariamente con sus familias de origen. De ellos, casi 13.000 están en residencias del Servicio Nacional de Menores (Sename) o son sujetos de adopción y casi 6.000 están bajo el cuidado de familias de acogida, según las cifras dadas a conocer por el último estudio del Hogar de Cristo.

Estas cifras, que para quienes las leen pueden ser solo números, vuelven a tomar relevancia cuando se dan a conocer videos como el difundido por redes sociales y luego por medios de comunicación, donde un niño habría sido víctima de maltratos en una residencia del Sename en Carlos Antúnez, en la comuna de Providencia, en plena capital de nuestro país. Estas residencias son parte de una nueva generación de políticas públicas, en teoría de calidad muy superior a las residencias masivas que anteriormente operaban. A pesar de los esfuerzos, vemos cómo las dificultades continúan y hoy hay investigaciones para comprender qué originó esta situación.

La investigación es esencial y debe llegar hasta sus últimas consecuencias, pero ¿qué pasará cuando esta investigación llegue a su fin?, ¿esas cifras volverán a ser solo números fríos? Hoy, Chile es el único país de la región que no tiene una ley de garantías explícitas de protección para la niñez, además, no cuenta en su Constitución con un mandato de protección de niñas, niños y adolescentes, pese a haber suscrito la Convención Sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años.

Solo entre 2005 y 2016, más de 1.300 niñas, niños y adolescentes que estaban bajo el cuidado del Estado perdieron la vida. Es por eso que, como sociedad, debemos dar vuelta esta situación, poner a la niñez y sobre todo a la más vulnerable como prioridad. Hoy tenemos la oportunidad histórica, ad portas de la elección de convencionales constituyentes, de elegir a personas que se hagan cargo de esta deuda con la infancia y puedan consagrar explícitamente sus derechos en la nueva Constitución, con mecanismos efectivos para garantizar sus derechos y, así, evitar que estas cifras no se sigan repitiendo.

Hoy también tenemos la reforma al servicio de protección como una posibilidad concreta de cambio y mejora en la respuesta que damos a la realidad de la infancia vulnerada. Hemos visto aumentar los presupuestos y crear nuevas institucionalidades. Sin embargo, esas reformas requieren mayor profundidad y compromiso, tanto del Estado como de toda la ciudadanía, para tener impacto real. Se requieren modelos técnicos nuevos y capacidades institucionales para llevarlos a cabo, o si no todo aumento de presupuesto es solo un gasto mayor de recursos públicos.

Mientras esperamos que las investigaciones entreguen luces acerca de los sucesos comentados, esperamos que las autoridades pertinentes profundicen las reformas que están en curso, instalen el Servicio de Protección Especializado y avancen de forma decidida en la promulgación de una Ley de Garantías. Las niñas y niños de este país no pueden seguir esperando.

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