El fondo de la acusación es grave: la Municipalidad de Valparaíso canceló poco más de $450 millones por trabajos que "constituyen labores que la Secpla y la Asesoría Urbana deben efectuar en forma habitual y permanente". Así, según el Departamento de Control de la Municipalidad, para realizar esas labores habituales se pagaron honorarios en 2019 a 15 personas y en 2020 a 19, a las que se les canceló la cantidad indicada. La tarea, considerada "habitual" por el organismo contralor, es el "Programa Comunitario de Fortalecimiento de Espacios Públicos Patrimoniales de la Comuna de Valparaíso".

Conocido el informe, que dispone un sumario administrativo, los concejales Ruth Cáceres (RN), Claudio Reyes y Daniel Morales (Movimiento Valparaíso Ciudadano) e Iván Vuskovic (independiente), acusaron al alcalde Jorge Sharp de utilizar ese programa para contratar operadores políticos.

Entre los cuestionados por los concejales están Macarena Carroza, historiadora del arte; Waldo Burgos Quintana, licenciado en Arquitectura y actual candidato a alcalde de Concepción, y Waldo Burgos, periodista y exdirigente vecinal.

Las acusaciones derivaron el jueves en una extensa sesión del Concejo Municipal, donde el alcalde refutó los cargos contenidos en el informe y afirmó que con el documento "en definitiva, expone los antecedentes de tal forma que deja en situación de indefensión y de atentación a la dignidad de esos trabajadores ante la opinión pública". Sharp, quien postula a la reelección, insistió en que es "un ataque electoral".

En evidente apoyo al alcalde estaban presentes en la reunión 11 de los 15 contratados en 2019, que pidieron acciones legales contra quienes los acusan de ser operadores políticos.

Por su parte, el abogado director de Control, Christian Paz, rechazó la acusación de mala fe, insistiendo en que con su informe había actuado dentro de su rol, mientras que el director jurídico municipal, Nicolás Guzmán, analizando el documento de su colega, descartó cualquiera irregularidad.

Lo que quedó claro en la reunión del jueves es que al interior de la Municipalidad hay dos posiciones jurídicas diferentes frente a un mismo hecho, como es el pago de los mencionados $450 millones. Por un lado, Control afirma que se canceló irregularmente por un trabajo habitual dentro de la estructura municipal y, por otro, el director jurídico descartó esa supuesta irregularidad.

Apoyando a Paz, "quien está relatando hechos y esos parecen molestar", la experimentada concejala DC Marina Huerta afirmó que "esta administración habría creado una suerte de municipio paralelo", aludiendo también al pago de honorarios externos.

Y eso es lo que se debe aclarar, pues más allá de acusaciones políticas, resultaría improcedente, como afirma Control, pagar honorarios por trabajos habituales dentro del rodaje municipal.

Esta semana conmemoramos el Día de la Educación Rural. Por segundo año consecutivo, y como consecuencia del covid-19, esta se da en un marco particular: clases suspendidas por cuarentenas, profesores exigidos al máximo de sus capacidades, muchos alumnos imposibilitados de continuar con sus aprendizajes.

Si el nuevo año escolar ya significa un desafío para todos, constituye uno mucho mayor en las 3.400 escuelas rurales de Chile donde los problemas de conectividad y desplazamiento son considerablemente mayores. Según un estudio realizado en 2020 por la Fundación 99, con la colaboración de los ministerios de Educación, Agricultura y de la Agrupación de Profesores y Profesoras Rurales de Chile, el 34% de los docentes rurales no había podido hacer clases en ningún formato -ni online ni presencial-, desde el cierre de los establecimientos.

Conscientes de esta realidad, desde los ministerios de Agricultura y Educación hemos desarrollado herramientas específicas para ir en apoyo de estos 300 mil alumnos y sus profesores. Durante marzo entregamos recursos impresos para que las escuelas rurales puedan realizar un diagnóstico integral que permita conocer el efecto de la pandemia en los aprendizajes y el desarrollo socioemocional de los estudiantes, de manera que directivos y docentes cuenten con la información más detallada posible para la toma de decisiones y la elaboración de sus planes educativos.

Además, con el fin de que todas las escuelas rurales tengan conexión a internet de calidad, este año comenzará a implementarse el Plan de Conectividad 2030, que permitirá conectar a 2087 establecimientos rurales y, para los más pequeños, se entregaron dispositivos que permitirán a docentes y estudiantes acceder a recursos digitales de calidad, sin necesidad de conexión.

La educación no es solo el pilar fundamental para el desarrollo de cada persona, sino que en el ámbito de la ruralidad, tiene la función adicional de construir comunidad y desarrollar las tradiciones y cultura. La tarea aún es ardua, pero a través de la Política Nacional de Desarrollo Rural estamos comprometidos con la transformación del mundo rural desde un espacio de brechas a uno de oportunidades, apuntalando el desarrollo de cada territorio.