Hace unas semanas apareció, en un diario de circulación nacional, una noticia relacionada con quienes eran los principales financistas de las candidaturas a convencionales constituyentes, destacando prominentes figuras del mundo empresarial que apoyaban, con ingentes recursos económicos, candidaturas ligadas a las ideas de la derecha.

Lo anterior solo dio cuenta de un hecho puro y duro de la política real, a saber, aquellos que tienen poder lo usarán para defender sus intereses, especialmente en el seno de un proceso donde se discutirán las bases del poder político y económico. En consecuencia, desde cierto punto de vista, se puede considerar que aquello sería una manifestación legítima del ejercicio de la libertad de expresión de un grupo de ciudadanos en apoyo de las opciones políticas que los representan.

Si la premisa anterior es cierta, habría que preguntarse entonces ¿por qué en las democracias existe una preocupación de primer orden respecto a la influencia del dinero en los procesos de formación política de la voluntad soberana? Es un problema porque tomar en serio la democracia significa respetar y promover su principio de identidad, esto es, todos los ciudadanos somos políticamente iguales y, en consecuencia, tenemos derecho a una cuota equitativa de participación con influencia en los espacios públicos de deliberación y construcción de la voluntad colectiva.

Sin embargo, la distribución equitativa del poder político entre los ciudadanos se rompe con la entrada del dinero a la política, pues se trata de una esfera de poder que se haya distribuida de manera desigual en la sociedad, permitiendo a unos pocos ciudadanos multiplicar su capacidad de influencia política. Este aspecto no es baladí para el caso de nuestro país, el cual exhibe uno de los peores índices de distribución de la riqueza, donde el 0,01% de la población concentra el 11% del producto interior bruto, o lo que es igual, 1.800 personas tienen un ingreso mensual per cápita de 580 millones de pesos (Fundación Sol).

De este modo, la igualdad democrática se halla en serio riesgo cuando al grupo económicamente aventajado se le permite, sin mayores restricciones, reproducir el proceso de concentración y acumulación de riqueza, de la ley del capital, en el seno de los espacios públicos de formación de la voluntad política, pues se abren las puertas al aumento del poder de influencia política y social de una minoría, quebrando la igualdad de la ciudadanía y, subsecuentemente, el sentido de ser pares de una comunidad de destino.

Lo anterior es un severo problema para el caso de la elección de los miembros de la Convención Constituyente, ya que un sector ampliamente mayoritario de la ciudadanía cifra en dicho órgano las esperanzas de un cambio real en los factores políticos y económicos de distribución del poder. Sin embargo, si a la Convención son electos candidatos apoyados por los sectores económicos señalados, claramente sus decisiones no estarán dirigidas a lo mejor para el bien común democrático, sino a la defensa de los intereses de los financistas.

Es por ello que el buen juicio político indicaba, a lo menos, tratándose de la elección de los miembros del órgano constituyente, que se hubiera aprobado un estatuto especial sobre el financiamiento privado de las campañas de los convencionales, estableciendo reglas estrictas de prohibición de aportes privados y con un régimen de sanción severo a las candidaturas que vulneraran la prohibición. Quedando, de este modo, las candidaturas sujetas a un financiamiento exclusivamente público.

Lo cual habría sido una oportunidad para entender que la libertad política en democracia no puede desenvolverse sobre los raíles del individualismo posesivo del arbitrio -a lo que Kant llamaba la libertad salvaje- sino que se trata de una libertad moral recíprocamente limitada por la libertad equivalente de los ciudadanos a influir en la res pública y, precisamente, para Kant la libertad moral se opone a la libertad salvaje, porque solo ella nos abre las puertas a una sociedad democrática de iguales en dignidad y derechos.

Financiamiento: entre restricciones y transparencia

Ya es un hecho que las históricas elecciones que se nos aproximan han quedado postergadas para el 15 y 16 de mayo. La incertidumbre, entonces, continuará con la nueva dilación del proceso que definirá los elementos basales de nuestra democracia. A estas alturas, difícil es cuestionar la decisión del aplazamiento-quizás no la lentitud al enfrentar un hecho que pudo haberse previsto-, pero lo cierto es que supondrá un desafío adicional para todos aquellos candidatos que, en buena hora, trabajaron por instalar un clima y un ánimo especial. Y en medio de este debate, existe un elemento que trasciende gran parte de la discusión: el financiamiento electoral.

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de acusaciones y cuestionamientos asociados a los fondos de los que disponen los candidatos. Esta usual discusión (bastante natural en cualquier proceso electoral) se ha exacerbado en esta ocasión por el gran número de interesados en los cargos a repartir, considerando, además, que parte importante de los aspirantes corresponden a independientes fuera de pacto que por primera vez se enfrentan-con cierta cuota de ingenuidad-a los desafíos financieros propios de cualquier periodo electoral.

En ese contexto, me atrevería a sugerir que la temática del financiamiento se encuentra intrínsecamente ligada a dos grandes asuntos. Por un lado, a cómo equiparamos la cancha entre candidatos. Dicho de otra forma, la normativa debiese asegurar una carrera justa para todos quienes aspiran al poder. Y en segundo lugar, a cómo fomentamos la acción política y las acciones de campaña. Esto es, conseguir una normativa que regule los aportes, pero sin demonizarlos.

Estas dos ideas, desde ya, representan una visión distinta a cómo suele enfrentarse el fenómeno. En las últimas décadas, hemos dado gran importancia al primer objetivo declarado -equiparar la cancha-, olvidando los deseables efectos democráticos de los actos de campaña. Como señalan algunos autores, normalmente buscamos impedir una eventual lucha indiscriminada y descarnada por el poder, donde el dinero termina pesando más que las ideas y los proyectos políticos. Esta aproximación al problema ha estado en las bases de las últimas reformas a nuestro sistema electoral. Fue una gran preocupación para el Presidente Ricardo Lagos y fue parte importante del motor que impulsó la comisión Engel, convocada por la Presidenta Michelle Bachelet. Y lo cierto es que la mirada, de hecho, resulta bastante deseable, más aún si consideramos el contexto latinoamericano, en donde la relación entre dinero y política representa un continuo problema. Así, la necesidad de asegurar una carrera justa se transforma en uno de los objetivos más esenciales del sistema. Sin embargo, también es cierto que el comprensible recelo frente a los asuntos de financiamiento ha devenido en una demonización de los actos de campaña. Más de algún académico, de hecho, ha explícitamente reprochado el "marketing político" por banalizar la discusión e impedir el libre debate de ideas, haciendo caso omiso de la vasta evidencia que demuestra los efectos virtuosos de los periodos de campaña. El desafío, entonces, debiese ser asegurar parámetros mínimos de equidad, disminuir la influencia indeseable del dinero en política y, al mismo tiempo, fomentar la participación de privados en la instauración de un clima electoral que informe, interese e involucre a los votantes. No caer en exacerbadas restricciones tiene un sentido. Alguien tiene que colaborar en la carrera de aquellos que no tienen la opción de contar con fondos personales. En la medida en que las limitantes abunden, los incumbentes y los rostros con mayor conocimiento correrán con una ventaja insuperable. Si queremos una carrera justa, debemos dar la opción a retadores e independientes de convencer a financistas y de planificar campañas verdaderamente desafiantes. Lo que no puede suceder, sin embargo, es que esos financistas terminen determinando el accionar de los electos -lo que verdaderamente entendemos como la influencia indeseable del dinero en la política-. Y es acá donde importa la transparencia. Los ciudadanos debemos conocer de manera fácil y simple quién financia a quién. No para juzgar, sino para fiscalizar y realizar una verdadera rendición de cuentas. Es eso -más que las restricciones y los cuestionamientos infundados- lo que nos permitirá enfrentar el tráfico de influencias que hemos vivido en la historia reciente de nuestro país, donde abundaban boletas falsas y los correos truchos. Para eso necesitamos candidatos que sinceren sus finanzas (o al menos que cumplan la ley), y una sociedad civil empoderada que sea capaz de articular una fiscalización eficiente.

Dr. Carlos Dorn Garrido