Hasta antes de 18 octubre de 2019, Chile era destacado en el contexto latinoamericano por su gobernabilidad democrática, su desarrollo económico y por algunos avances sociales importantes, especialmente en de la reducción de la pobreza. Sin embargo, el estallido social mostró otra realidad bajo esa superficie de estabilidad, una sociedad con profundos quiebres y desencuentros y lo que ya varios estudios venían advirtiendo, una democracia en crisis y con grandes desafíos.

Identificar las causas de la crisis y la forma de abordar esos desafíos tiene un papel relevante en la tarea que deberá abordar la Convención Constituyente en el proceso de dotar al país de un nuevo texto constitucional, pues ese texto debe asegurarnos una libre y armónica convivencia que propicie un desarrollo sostenible e inclusivo.

Factor importante por considerar es la crisis de representatividad, originada en mi opinión, entre otras muchas causas en: la desconfianza creciente de los ciudadanos respecto del actuar de las instituciones; la fragmentación y el debilitamiento de los tradicionales cuerpos políticos de representación de intereses, como lo son el Parlamento y los partidos políticos, a la vez que el surgimiento de nuevas formas y herramientas para la representación y la participación; la excesiva personalización de la autoridad del Presidente de la República producto no sólo del régimen presidencialista consagrado en la Constitución actual, sino en la verticalidad y aislacionismo con que se ha venido ejerciendo el cargo entendiéndolo como la máxima expresión de la voluntad popular; y la cada vez más creciente confusión de intereses públicos y privados que condujo a la subordinación del aparato público a los grandes intereses económicos privados con ausencia de regulaciones y de controles eficaces, o lo que los medios de comunicación han denominado como la espuria relación entre el dinero y la política.

Para hacer frente a esta crisis de representatividad, se requerirá que el texto que nos ofrezca el Constituyente fortalezca las instituciones y amplíe los mecanismos y los canales de participación. Chile exige una democracia más participativa, deliberativa e inclusiva. La nueva Constitución deberá considerar en consecuencia una institucionalidad que tenga su origen y represente estos principios, instituciones a las que podamos acceder todas y todos en igualdad de condiciones y que se constituyan en intermediarias legítimas para responder con pertinencia y cercanía a las demandas ciudadanas. Deberá, asimismo, a mi juicio, consagrar la participación y la deliberación a través de, entre otros, los siguientes mecanismos: la revocación ciudadana de los cargos o mandatos públicos; el reconocimiento de iniciativa popular de ley; la incorporación de los plebiscitos vinculantes, en el ámbito local y nacional, en temáticas de interés nacional; y la incorporación de canales de expresión e instancias para la integración de las nuevas formas y herramientas de participación social, como por ejemplo los provistos hoy en día por las tecnologías de información y comunicaciones.

Otro factor a destacar en la crisis de nuestra democracia es el creciente debilitamiento de las garantías que otorga el Estado a los derechos fundamentales, y en particular de los derechos sociales, lo que se ha traducido en la práctica en la ausencia de una verdadera protección social, producto de la privatización progresiva de las funciones y competencias que a los órganos públicos le corresponderían, esto se ve especialmente reflejado, por ejemplo, en los ámbitos de la educación, la salud y la seguridad social, y ha quedado muy de manifiesto en la cobertura que estos entes han podido prestar en tiempos de la crisis sanitaria.

A este respecto, la Convención Constituyente debe esforzarse por devolver el estatus de derechos y no de meras libertades a lo que en la mayoría de las convenciones internacionales y constituciones democráticas se consideran derechos económicos y sociales. Así, por ejemplo, se debe consagrar el derecho a la salud y a la educación como derechos sociales y ser garantizados por el Estado chileno con recursos financieros y jurídicos adecuados.

Por último, dado que una democracia fuerte, participativa e inclusiva, requiere de la participación política de todos los integrantes de la sociedad, los próximos constituyentes deben esforzarse al máximo no sólo de informar, sino en lograr que los grupos más "desafectados" se involucren y accedan a espacios de representación formal en el proceso. En este sentido, las normas y mecanismos de transparencia y participación que se implementen para el proceso constituyente serán fundamentales.

Ojalá el esfuerzo llegue hasta lograr que la participación y la deliberación se hagan costumbre.

La democracia que queremos

¿Qué tipo de democracia queremos? En los meses que siguen, los integrantes de la Convención Constitucional deberán deliberar y ofrecer una respuesta a esta interrogante.

Para ello, un buen punto de partida pasa por reconocer que cuando hablamos de democracia no siempre nos referimos a su significado etimológico - "gobierno de la mayoría"-, sino que también a lo que usualmente se entiende como "democracia liberal". Junto con la celebración de elecciones periódicas, las democracias liberales comprenden la existencia de una serie de instituciones independientes que velan por la protección de nuestros derechos fundamentales. Al frente, es posible identificar un tipo de democracia denominada "iliberal", la cual se caracteriza por la fragilidad de sus mecanismos de protección independientes del poder político. Es decir, se tratarían de democracias en un sentido meramente formal.

Al día de hoy, esta clasificación parece ser bastante más trascendental que aquella que distingue entre "democracia directa" y "democracia representativa", la cual descansa en la manera en que el pueblo ejerce la soberanía-ya sea sin intermediación de órganos representativos (directa) o a través de representantes electos por la ciudadanía (representativa)-. La razón de ello es tan sencilla como angustiante. Distintos académicos han denunciado que las democracias liberales están siendo acechadas por una serie de fenómenos que tensionan su estabilidad, poniendo en peligro el debido resguardo de las libertades individuales.

Uno de estos peligros recae en el éxito de los proyectos políticos de corte populista. Siguiendo en esto a Mudde y Rovira, el populismo es una ideología que considera que la sociedad está dividida en dos grupos antagónicos, el "pueblo virtuoso" y la "élite corrupta". En ese marco, el populista sostiene que la política debiese ser la expresión de la voluntad general. Y, por lo mismo, quienes suscriben esta ideología consideran que algunos mecanismos institucionales propios de las democracias liberales-tales como el Tribunal Constitucional o el Banco Central-serían artilugios dispuestos por la elite para inhibir la incidencia de la auténtica voz del pueblo.

En Chile esta retórica parece estar en auge. De un tiempo hasta ahora, distintos líderes de opinión han despotricado en contra del Tribunal Constitucional, señalando que éste es un órgano "antidemocrático" que atenta contra la voluntad popular expresada a través de sus congresistas. Bajo esta mirada, el verdadero objetivo de esta institución consistiría en resguardar los intereses de la elite económica. El problema de esta argumentación es que pasa por alto que la función del Tribunal Constitucional es justamente resguardar el respeto a la Carta Fundamental. Pues bien, este mecanismo de control, propio de las democracias liberales, está diseñado para proteger nuestros derechos fundamentales de aquellas mayorías circunstanciales que pretendan socavarlos. En este sentido, es curioso el paralelismo que existe entre este tipo de discurso y aquel empleado en público por el expresidente norteamericano, Donald Trump, quien afirmaba que los jueces eran los enemigos del pueblo.

Una idea similar parece estar fraguándose en torno a la independencia del Banco Central. Cada vez se suman más voces que exigen su "democratización", bajo pretexto de que su configuración tecnócrata, asociada a la clase alta, impide que sea el verdadero pueblo quien determine la política monetaria, privándosele injustamente de un espacio de incidencia política. Nuevamente, este razonamiento omite considerar que las democracias liberales optan por este modelo para controlar de manera más eficiente la inflación y la estabilidad del sistema financiero, en el entendido de que entregar las decisiones en este ámbito a los vaivenes de la política partidista podría generar un alza de los precios que se traduzca en la disminución del poder adquisitivo de las personas.

En la antesala de uno de los procesos democráticos más importantes de nuestra historia, sería deseable que los candidatos a ocupar una silla en la Convención Constitucional ofrecieran una visión respecto de estos ámbitos. Que nos señalen en qué medida la decisión final de algunos asuntos debiese estar entregada a un organismo ajeno a la influencia del color político de turno. En esa declaración será posible percibir, en parte, el tipo de democracia que podríamos esperar de ellos, además del grado de amenaza al que estarán expuestas nuestras libertades básicas.

Dra. Patricia Reyes Olmedo