Constanza Peña Moya

Solicitándole encabezar personalmente el curso de la denuncia penal por el denominado Caso Enjoy -en contra del Presidente Piñera y la superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán-, un grupo de diputados de oposición sostuvo este jueves una reunión telemática con el fiscal nacional, Jorge Abbott. De acuerdo a lo expuesto en su presentación, se tiene constancia de hechos que eventualmente revestirían el carácter de delito de negociación incompatible, cohecho, prevaricato administrativo y/o omisión de denuncia.

Ante la exposición de los parlamentarios Rodrigo González (PPD), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Marcos Ilabaca (PS), Gastón Saavedra (PS), Víctor Torres (DC), Daniel Verdessi (DC), Gael Yeomans (CS), Marisela Santibáñez (PC) y Cosme Mellado (PR), el Fiscal Nacional comprometió su disposición para tomar contacto con la Contraloría -que ya abrió una fiscalización respecto al fideicomiso ciego de Piñera- para recopilar los datos necesarios para iniciar la investigación.

"Nosotros con Contraloría tenemos una estrecha relación en términos de investigar delitos contra la probidad pública. Voy a tratar de reunirme con el contralor para ver los antecedentes que él tiene para efectos de resolver la acusación, ya sea para yo asumir personalmente la investigación o para que se le asigne a un fiscal regional. (...) En los términos que nos plantean su denuncia, nos parece muy serio y muy grave, y requiere una investigación a la altura de la importancia de los hechos. Tenemos, completamente, que hacernos cargo como Ministerio Público", indicó Jorge Abbott.

La recepción por parte del fiscal nacional fue valorada positivamente por los distintos diputados. Según expresó el diputado Rodrigo González, quien presidió la Comisión Investigadora de Casinos de Juego, "estimó que era de extrema gravedad la situación que está afectando al país en relación con los ingresos de los casinos y también las posibles triangulaciones de las inversiones de los fondos de pensiones". Agregó que "nosotros pedimos que se aplique el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, dada la trascendencia de lo denunciado".

Arremetida de enjoy

En paralelo, y aludiendo al informe de la comisión investigadora -que tras ser aprobado en marzo por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, dio pie a que Contraloría iniciara una indagación ante un posible conflicto de interés-, el grupo Enjoy lleva semanas trabajando en la elaboración de una presentación judicial. Bajo la asesoría del abogado penalista Jorge Bofill, la empresa planea apuntar contra los integrantes de la comisión, y en particular su presidente. Antes, ya habían acusado una "campaña de desprestigio" en su contra.

Al respecto, González estima que se trata de "una especie de amenaza y amedrentamiento que se está ejerciendo en contra de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, además, con hechos falsos como los que se denunciaron de que no habíamos querido recibir a Enjoy o que no habíamos escuchado a todas las partes". En ese sentido, manifiesta que "no nos van a amedrentar, vamos a continuar investigando esto hasta el fondo, y vamos a buscar que se regule además el mercado financiero, que hoy día es prácticamente de una permisividad absoluta y de una carencia tremenda de regulaciones".

Los SIGUIENTES PASOS

Mientras se espera que el fiscal nacional informe la próxima semana si asumirá personalmente o derivará la causa, el diputado Víctor Torres pidió al Ministerio Público que actúe con la rapidez que la denuncia amerita. "Además de generar legítima preocupación en la ciudadanía, reviste un eventual carácter penal, por eso nuestra denuncia y nuestra reunión con el fiscal nacional. Necesitamos celeridad en la investigación para que el país conozca toda la verdad en este caso, donde tal como se ha dicho, estamos hablando de posibles delitos", sostuvo.

En la misma línea, la diputada Alejandra Sepúlveda dijo que la comisión facilitará a la Fiscalía todos los antecedentes disponibles para aportar en la resolución del caso. "No quiero precipitarme en las conclusiones: yo creo que lo importante ahora es cómo hacemos una investigación profunda", señaló, aunque reconoció que "suena sospechosa esta arremetida de Enjoy, porque pareciera que aquí no quieren que investiguemos".

"Voy a tratar de reunirme con el contralor para ver los antecedentes que él tiene para efectos de resolver la acusación".

Jorge Abbott, Fiscal nacional

"Es importante señalar que no nos van a amedrentar, vamos a continuar investigando esto hasta el fondo".

Rodrigo González, Diputado (PPD)

Diez observaciones hizo la Contraloría Regional de Valparaíso al proceso de adquisición, transporte y entrega de cajas de mercadería en la Región durante esta pandemia.

"Se efectuaron pagos por la suma de $8.981.832.148 a proveedores que abastecieron canastas alimenticias", sin que la Intendencia Regional diera cumplimiento a que dichos gastos se encontraban condicionados a la total tramitación de la resolución que aprobaba el acuerdo entre las partes, lo cual no había acontecido a la fecha de pago, dice el escrito.

También informa que "la Intendencia Regional no proporcionó antecedentes suficientes que permitieran aclarar la forma en que tomó conocimiento de la existencia del proveedor CENCOCAL S.A., ni sobre la manera en que accedió a sus datos de contacto, ni cómo esta última entidad se enteró de los términos que regirían para la contratación, no siendo posible determinar si la referida empresa contó con información anticipada acerca de las condiciones de compra".

Además, mencionó que la intendencia no autorizó los cambios de productos "contenidos en las canastas de alimentos y las modificaciones en sus gramajes, todos realizados por los proveedores CENCOCAL S.A., La Caserita y Sudamericana SpA".

También concluyó que algunos vehículos de transporte escolar informados por la Municipalidad de Viña del Mar no figuraban entre los registros mantenidos por la Gobernación Provincial de Valparaíso, que los municipios de La Calera y Valparaíso no dieron cumplimiento al plazo estipulado para presentar las rendiciones de cuentas o informes finales; y que se tuvo conocimiento "de la existencia de cajas de mercaderías que esta última entidad edilicia no habría entregado a los beneficiarios finales, las que se encontrarían en la bodega Simón Bolívar, por lo que la Intendencia Regional deberá aportar la documentación que dé cuenta de las rendiciones realizadas por ambos municipios, junto con efectuar una fiscalización en la anotada bodega" para verificar el estado de las canastas de alimentos, solicitando su reposición o, en su defecto, que sean distribuidas donde corresponda.

Asimismo, se comprobó la existencia de 212 beneficiarios que recibieron más de una canasta de alimentos, se determinó una diferencia de 777 cajas de alimentos entre los registros mantenidos por la Intendencia Regional y las recepciones informadas por los municipios de Quilpué, San Antonio, Villa Alemana, Viña del Mar y San Felipe; y las Gobernaciones Provinciales de Marga Marga, San Antonio, Los Andes y San Felipe no efectuaron las rendiciones de las transferencias recibidas para el pago a los transportistas", entre otras observaciones.

El intendente Jorge Martínez, explicó que se entregó toda la documentación a la Contraloría que permite explicar las observaciones. "Este proceso de cajas, desde su inicio, solicité como intendente al contralor una reunión porque sabíamos que un proceso de cerca de 700 mil cajas para 38 comunas en un tiempo de urgencia, iba a ser muy complejo. Todo lo que hicimos fue en colaboración con la Contraloría, lo que demuestra este informe, que no presenta ninguna observación de alta complejidad, no hay mal utilización de fondos públicos, fraude o desvíos".

Martínez expuso que sobre las rendiciones de los municipios, están en un proceso de recolección de esa información. "Cualquier irregularidad de parte de los municipios, lo haremos llegar a la Contraloría. Y si encontramos elementos constitutivos de delito, los vamos a denunciar a Fiscalía".

"Cualquier irregularidad de los municipios se llevará a la Contraloría. Y si hay delito, se denunciará a la Fiscalía".

Jorge Martínez, Intendente regional

Tres brotes fueron los confirmados en distintos supermercados Lider de Viña del Mar, durante la jornada del jueves.

Los establecimientos afectados son Lider 15 Norte, con 9 casos confirmados, 3 contactos estrechos de orden laboral, además de 8 funcionarios en cuarentena, el supermercado Líder de avenida Valparaíso, con 4 casos confirmados, y el recinto Lider ubicado frente al Terminal de Buses de la ciudad Jardín, con 24 casos confirmados y 7 contactos estrechos de orden laboral.

Ante esta alarmante situación, el Seremi de Salud, Georg Hübner, se refirió al tema: "En Viña del Mar tenemos actualmente tres brotes que se han generado en los Lider de 15 Norte, en del Terminal de Buses y el que está en avenida Valparaíso, ante lo cual nuestro equipo de la Seremi de Salud ya inició el proceso de investigación respectivo".

"Ha habido un apoyo para hacer la búsqueda activa de casos y hemos tenido 24, 9 y 4 casos, los cuales ya iniciaron el procedimiento de confinamiento respectivo", aseguró la autoridad sanitaria.

Asimismo, Hübner manifestó que "seguiremos atentos al curso de la investigación y en el caso de que aparezca un nuevo caso, de una u otra forma va a iniciarse también su proceso de aislamiento respectivo", concluyó la autoridad sanitaria.

Estos brotes se suman al informado el miércoles en el supermercado Líder de Limache, donde fueron 13 los contagiados confirmados, además de un contacto estrecho.