"En la nueva Constitución debe haber derechos y deberes. Al respecto, es tremendamente importante consagrar el derecho a la vivienda y establecer con claridad la respuesta que el Estado tiene que otorgar mediante las leyes orgánicas respectivas. Hoy más que nunca a partir del desenfreno de las tomas y asentamientos irregulares, es relevante garantizar un derecho, pero a su vez establecer responsabilidades, cómo se accede y en qué minuto a una vivienda propia, terminando con las incertezas que tiene nuestro ordenamiento jurídico.

El Estado tiene un rol, y este es generar un banco de suelo que es la gran dificultad para ofertar las respuestas habitacionales y aquí es clave el rol del Minvu junto a los gobiernos regionales y municipios. Si no incorporamos este derecho, serán los tribunales los que se involucrarán en esta materia.

El agua para consumo humano debe estar establecido como un derecho en la Constitución. Hay mayor presión por crecer en las ciudades, pero hay una escasez hídrica fruto del calentamiento global, una mala legislación y el desarrollo del país. Ahora, la Corte Suprema también se ha involucrado en este conflicto, tenemos dos fallos que han emitido los tribunales. Estos establecen que se debe entregar obligatoriamente 100 litros de agua por persona en el caso de Nogales y La Ligua. Por lo anterior, más que esperar que un tribunal se involucre en este tipo de contiendas y las demandas queden sujetas a su criterio, en mi opinión esto debe estar consagrado en la Constitución.

Un tercer elemento, es el derecho a la salud. Hoy más que nunca, en el contexto de la pandemia, hay una cantidad importante de intervenciones quirúrgicas, tratamientos, horas que se han pospuesto siendo que ya en un año normal hay una cantidad importante de personas que no pueden acceder a una respuesta en nuestro sistema de salud público y por eso es tan relevante consagrar este derecho, fortaleciendo el sistema público y garantizando que las respuestas sean otorgadas oportunamente. Es un proceso gradual, pero volvemos a un escenario dónde son los tribunales quienes fuerzan una respuesta, siendo que la institucionalidad política es quien debe asegurar esto.

Ahora, es verdad que, para estos nuevos derechos, necesitaremos nuevos recursos, este es el tema de fondo, ya sea una re distribución o un nuevo modelo tributario, pero es evidente que debemos consignar nuevos fondos para dar respuestas a estas carencias y brechas. Esta es la discusión de fondo en la Constitución, que también nos afecta como Gobierno Regional, porque finalmente será el gobernador en quien caerán las presiones ciudadanas y si no tenemos mayor disponibilidad presupuestaria no vamos a poder responder a dichas demandas". 2

Es evidente que debemos consignar nuevos fondos para dar respuestas a estas carencias y brechas".

"

"¿Es posible que el poder constituyente no se pronuncie acerca de los derechos económicos, sociales y culturales? No, este proceso nos convoca obligatoriamente a hacernos cargo. No sólo porque implica una obligación para los convencionales constituyentes al haberse suscrito y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino por el mandato democrático del Apruebo. Debemos lograr que el Estado pueda estar efectivamente al servicio de las personas, en reconocimiento, respeto y consideración de la dignidad humana.

La Constitución vigente entregó al Estado un rol subsidiario, dejando al mercado decisiones que impactan de forma directa con la calidad de vida. Por ello, un Estado solidario y no subsidiario, nos permitirá consagrar y no sólo declarar derechos tan relevantes para el trato digno que el Estado debe otorgarle a las personas en materia de salud, seguridad social, en especial, las pensiones, vivienda digna, agua, medio ambiente, cultura, deporte, entre otros, y fortalecer derechos como el de educación y laborales. Serán dichos derechos los que permitirán legitimar este proceso. Ante ello, mi propuesta está en avanzar hacia un Estado Social y Democrático de Derecho desde la norma suprema. De esta manera, debemos regular también la tutela de estos derechos, abriéndose paso a acciones que permitan hacerlos efectivos, como la de protección o bien, actuaciones judiciales o administrativas.

A ello, se suma la discusión acerca de su financiamiento. Aquí no podemos confundir la actuación concreta que deberán tener los convencionales constituyentes y que dice relación con el diseño del Chile futuro, su organización, estructura, funciones, facultades, competencias y órganos del mismo, con el rol que en consecuencia de las normas constitucionales deberán cumplir las autoridades de Estado, pues serán éstas las mandatadas a establecer su financiamiento y concretar los derechos que emanan desde la Carta Fundamental. Lo anterior, sin desconocer principios que resultan pertinentes a esta materia y que imperan transversalmente en dicho propósito: el de proporcionalidad, donde los Estados se obligan a cumplir los derechos sociales en la mayor medida de lo posible - que en ningún caso implica la no adopción de medidas ante pretextos económicos infundados- y el de no regresividad, cuyo compromiso es el de no retroceder en materia de derechos humanos, salvo razones justificadas y fundadas. Por último, el principio de responsabilidad fiscal, donde se fija un equilibrio entre el cumplimiento efectivo de los derechos con la responsabilidad financiera de cada Estado". 2

Este proceso nos convoca obligatoriamente a hacernos cargo de los derechos económicos, sociales y culturales".

.

"

"Como mujer, constitucionalista e independiente, sé que esta es nuestra oportunidad de apoyar la transformación del Chile neoliberal en uno, en cambio, "liberal igualitario" donde la sociedad se toma en serio los derechos a la igualdad y libertad de las personas y les garantiza los recursos necesarios para poder elegir y forjar un proyecto de vida, es decir, para vivir con dignidad. En esta línea, uno de los nuevos derechos sociales que es fundamental reconocer en la nueva Constitución es el derecho a la existencia por medio de un Ingreso Básico Universal (IBU) e incondicional a una suma periódica que complemente los propios ingresos, evitando que algunas personas, como está ocurriendo en la actualidad en nuestro país, sufran por la falta de recursos mínimos.

El COVID-19 ha provocado impactos específicos sobre las mujeres y los datos vaticinan que su independencia, tímidamente alcanzada en los últimos años, será una de la víctima silenciosa de la pandemia pues el aislamiento de los hogares ha desplazado el trabajo de cuidado desde la economía remunerada -guarderías, escuelas, niñeras- a la no remunerada. Por ello se ha hecho más visible la situación de las mujeres que, aun realizando un trabajo asalariado, dedican una jornada complementaria (la invisible doble jornada) a tareas de cuidado.

Con todo, aunque esta crisis se pronostica duradera, también nos ofrece la oportunidad de cambiar la injusta pero permanente relación que existe entre el cuidado y la desprotección. Vivimos en un mundo laboral pensado para personas que no cuidan y la sociedad ha asumido que el cuidado puede ser absorbido "sin costo" por las mujeres quienes subsidian así a la economía remunerada. Es por ello que propongo que la inclusión del Ingreso Básico Universal (IBU) se haga "con perspectiva de género", a fin de que la Nueva Constitución chilena - que será la primera paritaria en el mundo- sea pionera también en reconocer "como trabajo" el cuidado, remunerándolo adecuadamente. El IBU con género entrega la administración de los recursos de quienes están al cuidado de otros (hijos, enfermos o ancianos) a la cuidadora (or), transformándose en una recompensa económica indirecta. De este modo, no sólo se dignifica el trabajo de cuidado, sino que además funciona como herramienta para subvertir los roles de género incentivando a que los hombres puedan también optar por este trabajo en vez de tener que realizar otras labores extenuantes y mal pagadas en el mercado.

Finalmente, como ocurre con cualquier derecho humano, su financiamiento será determinado por el legislador mediante el desarrollo de las respectivas políticas públicas". 2

Es fundamental reconocer el derecho a la existencia por medio de un Ingreso Básico Universal".

"

"Los derechos sociales elementales a garantizar en una nueva carta magna deben ser aquellos que permitan a la población disfrutar de una vida digna; esto es, derecho al agua, a un medioambiente sano, a la salud, a la educación, al trabajo, a la cultura y a la vivienda.

Si tuviera que optar por consagrar dos derechos fundamentales considero que el derecho humano al agua y el derecho a la vivienda y hábitat digno son elementales.

Por un lado, el modelo de privatización de los bienes comunes ha mercantilizado el agua, poniendo en peligro el consumo diario de miles de personas. Este bien común natural es el elemento basal para el desarrollo de la vida humana, para nuestras comunidades, y para los ecosistemas. Es el mínimo para ejercer el resto de derechos.

Para garantizar el acceso al agua el Estado debe tener un rol protagónico en la administración del bien común natural junto con las comunidades, priorizando el consumo humano, el cuidado del medio ambiente y luego las actividades económicas.

Por su parte, en nuestro país no existe el derecho a la vivienda ni al hábitat digno consagrado constitucionalmente; al contrario, la vivienda y el espacio urbano han sido entregados al mercado. Esto ha producido ciudades segregadas, barrios desintegrados, periferias precarizadas, viviendas de baja calidad y escasa infraestructura pública. Por eso, otro foco en nuestra apuesta es la garantía del derecho a la vivienda y el hábitat en la nueva Constitución. El Estado debe ser un actor relevante en construir barrios y ciudades integradas, justas y democráticas. El énfasis debe estar en la planificación, regulación y participación de la construcción de nuestras ciudades y la infraestructura de vivienda que allí se edifica.

Las vías para financiar dichos derechos son múltiples y complementarias. El tema de fondo tiene relación con el modelo de desarrollo; esto es, cambiar el patrón primario exportador, de modo que la generación de riqueza no dependa de la explotación intensiva de la naturaleza, sino de la creación de valor, con un rol activo del Estado en la economía. Esto implica que el Estado puede avanzar en el control de los bienes naturales fundamentales, como el cobre y el litio y generar polos de desarrollo científico y tecnológico.

Lo anterior, debe acompañarse de una mayor capacidad de recaudación mediante una reforma tributaria con impuestos progresivos e impuesto al patrimonio de las grandes fortunas. En definitiva, un cambio de rumbo en la relación Estado-economía que permita una generación de riqueza equitativa y sustentable". 2

Los derechos a garantizar deben ser aquellos que permitan a la población disfrutar de una vida digna".

"