Inquietante récord: el 55,7% del comercio de Valparaíso y Viña del Mar ha sido víctima de algún delito durante el segundo semestre del año pasado. Lo revela una encuesta realizada en todo el país por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC).

La cifra es alta y ubica a estas dos comunas en el primer lugar de victimización del país. El estudio demuestra que estos ilícitos han tenido en nuestras ciudades un crecimiento del 55,4% respecto al registro de 2018, pues en 2019 no se efectuó ese tipo de encuesta. La mayor incidencia corresponde al "robo hormiga", con un 25,2% de los casos, seguido por daños a locales, robos a accesorios de vehículos de uso comercial y robos con violencia.

La percepción del comercio en cuanto a la inseguridad de sus barrios es alta, alcanzando a un 59,4% de los entrevistados. También se anota un aumento en el nivel de violencia a los delitos y, como problema asociado, el 55,7% de los comerciantes afirmó tener comercio ambulante en su barrio.

Pero aparece, además, un problema recurrente que muestran variados estudios de opinión, como es la desconfianza o mala calificación de las instituciones. Así, 4 de cada 10 comerciantes victimizados no formulan denuncias. Hay ahí, junto a la desconfianza y al temor, un ánimo de resignación, de acostumbramiento.

Ante este alarmante estudio, el presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, José Pakomio, afirma que "sabemos que el escenario del comercio es crítico y hoy, más que nunca, necesitamos una coordinación eficiente y permanente con las autoridades locales, regionales y las policías para enfrentar la delincuencia de manera sistematizada y poder entregar seguridad tanto a locatarios como a las personas".

Teme el dirigente que una vez levantadas las cuarentenas, unas 30 mil personas volverán a trabajar en la informalidad callejera y llama a las autoridades a buscar una solución para dar ingresos que les permitan el sustento. A su vez, el presidente de la Cámara de Comercio de Emprendedores, Raúl Rojas, denuncia desprotección en muchos barrios porteños.

El problema de la arremetida delictual contra el comercio es grave. Viene sufriendo desde hace mucho tiempo en circunstancias que para mantenerse debe financiar impuestos y personal.

Y el punto del personal es particularmente delicado, pues un comercio que cierra desalentado por el delito, la violencia callejera o funciona parcialmente, para bajar costos termina desvinculando trabadores, aumentando así el desempleo.

Por ello, el daño que la delincuencia provoca al comercio tiene un fuerte alcance social que exige la mayor atención con profundización de la tarea policial y también de Fiscalía y Tribunales, instancias que deben rescatar esa confianza perdida, reflejada en una considerable baja en las denuncias.

La decisión del Tribunal Constitucional sobre el retiro de fondos de las AFP señala, una vez más, que la discusión tiene dos dimensiones principales: su beneficio y su legalidad. Respecto de lo primero, es importante precisar que internacionalmente existen diversos tipos de fondos previsionales. Sabemos, también, que en términos generales se clasifican en fondos de reparto y en fondos de capitalización individual. Ambas opciones estimulan el ahorro, pero no todos operan igual.

Los fondos de reparto son constituidos por aportes del Estado, de los empleadores y de los trabajadores, y que por su condición misma nada se puede retirar antes de la jubilación, pues son solidariamente constituidos. Al contrario, los fondos de capitalización individual, como es el caso de las AFP, son cuentas independientes y privadas y no constituyen en su esencia fondos previsionales, sino cuentas de ahorro previsional. Al ser constituidas como tales, en los países donde esto sucede, y que si son administradas por instituciones financieras, las personas pueden disponer libremente de sus ahorros, bajo la condición de perder el beneficio impositivo en la eventualidad de un retiro previo a la jubilación. Es síntesis, un estímulo al ahorro previsional. Es importante no confundir con la esencia y con la génesis de la previsión, pues está bien probado que la fórmula de las AFP es un muy poco acertado instrumento que combina una eventual previsión con un negocio para terceros.

Respecto a la legalidad del retiro, las discusiones y las negociaciones nos obligan a pensar la ley en su propia dinámica. Algo que parece simple, no necesariamente lo es. La ley se presenta como una norma definida y relativamente clara; sin embargo, en su proceso de formalización la ley es circular y depende en última instancia de la dinámica política en que se encuentra inserta. La ley adquiere vida propia gracias a la racionalidad legal, pero no se vale por sí misma y tampoco se puede pretender que sea la judicatura la que resuelva las tensiones de las relaciones políticas. La ley se legitima en la dinámica de estas relaciones políticas. De allí la importancia de comprender la ley en su momento sincrónico y diacrónico, es decir, en lo que sucede en un momento dado y en la progresión del tiempo. En este sentido, entender la ley como un mecanismo ex post facto de resolución de intereses diversos, contribuye transparentar la realidad social.

Todas las sociedades tienen su propia mitología y evolucionan y se inventan de acuerdo con sus propias creencias. Durkheim identificó la ley como un factor de integración social, Weber como un mecanismo para el ejercicio del poder, Parsons como un subsistema social y Marx como un elemento de la superestructura de la sociedad. En el lenguaje de Csaba Varga o de Mangabeira Unger la ley es la impronta de la historia y la cultura de una nación y solo cobran vida cuando se insertan en el devenir de la sociedad. Es decir, constituye un elemento de poder, pero también una realidad formal y racional, una expresión de voluntad que, en principio, representa o pretende representar a todos. Impone una forma de orden social particular e histórica sobre los grupos humanos y refleja la estructura social de la sociedad.