Cristián Rojas M.

En un oficio dirigido al general Edgar Jofré, jefe de la V Zona de Carabineros, la fiscal regional, Claudia Perivancich, le indica que en relación con el criterio de persecución penal sobre el delito sancionado en el artículo 318 del Código Penal, esto es, poner en riesgo la salud pública, el fiscal nacional adoptó un nuevo criterio de actuación, basado en recientes pronunciamientos de la Corte Suprema sobre la materia.

De acuerdo a aquello, Perivancich instruye que "la sola infracción de la norma que dispone aislamiento domiciliario nocturno (toque de queda) cometida por un sujeto en solitario, o acompañado por un único sujeto, no será considerada suficiente para efectos de configurar infracción al delito del artículo 318 del Código Penal, aun cuando se trate de una conducta reiterada por el sujeto".

Solo denuncia a seremi

La fiscal regional precisa en el oficio que "en estos casos, el fiscal de turno dispondrá al funcionario policial que dé cuenta de la situación, que remita denuncia al Servicio de Salud respectivo para efectos de dar curso a investigación sumaria si así lo estima dicha autoridad. De este modo, el sujeto no quedará apercibido de acuerdo al artículo 26 del Código Procesal penal ni se remitirá parte denuncia a la policía".

Finalmente, Perivancich le indica a Carabineros que "como ocurre regularmente, en caso de dudas del personal policial acerca de la calificación de la conducta, deberá comunicarse con el fiscal de turno para describir en detalle las circunstancias de comisión del hecho, a fin de que el fiscal adopte una decisión".

Consultada al respecto, la fiscal regional explicó que quienes infringen el toque de queda por pandemia, "cometen el delito establecido en el artículo 318 del Código Penal. Este es el punto de partida para habilitar la persecución penal a cargo del Ministerio Público en materia de delitos que afectan a la salud pública. A nivel nacional, el Sr. Fiscal Nacional define los criterios de actuación, que permiten uniformar las decisiones del Ministerio Público. De acuerdo a ello, lo que ha ocurrido en esta semana es que la Fiscalía ha debido incorporar en sus criterios de actuación el mensaje que a través de varios fallos la Corte Suprema está dando respecto de lo que exige la ley para entender configurado el delito del artículo 318 del Código Penal".

En ese contexto, precisó que "así, la Corte Suprema ha establecido en sus fallos que no basta que la persona simplemente infrinja el toque de queda, sino que es necesario que su conducta sea, al menos, potencialmente riesgosa respecto de un eventual daño a la salud -contagiarse o contagiar, en definitiva-. Por lo tanto, si una persona es controlada infringiendo el toque de queda y circula solo, en un entorno en que no se advierte que se encuentren otras personas reunidas, no estaría estrictamente poniendo en riesgo la salud pública".

Asimismo, planteó que "por otro lado, infracciones a cuarentena u otras que impiden la circulación durante el día no están en el mismo supuesto, pues en este último escenario la probabilidad de contactarse con otras personas circulando es muchísimo mayor. Por cierto además, permanece invariable la persecución de las conductas más graves, como la organización o asistencia a eventos, la infracción de aforos, la falsificación de permisos o la circulación de personas que padecen la enfermedad".

Por su parte, el seremi de Salud, Georg Hübner, explicó que "nosotros tenemos dos formas de cursar un sumario. La primera, cuando los funcionarios verifican el incumplimiento de una medida sanitaria personalmente, en la cual se realiza la emisión del acta de manera inmediata. La segunda, cuando alguna de las policías constata el incumplimiento de una medida sanitaria al tener estos el carácter de ministros de fe ante la ley. Los funcionarios de salud cursan el sumario sanitario respectivo con el parte denuncia emitido por Carabineros o Investigaciones".

La Corte de Apelaciones de Valparaíso esta semana dictó un fallo en el que sobresee a una imputada por falsificación o uso malicioso de instrumento público, luego de ser sorprendida con un permiso falso de desplazamiento. Entre los argumentos, el tribunal esgrime que se trataba de un documento digital, por lo que "siendo así, ese documento no puede ser considerado instrumento público si no cuenta con firma electrónica avanzada, por expresa disposición del artículo 7 de la Ley 19.799, norma que en modo alguno se puede soslayar". Consultada sobre este criterio, la fiscal regional, Claudia Perivancich, sostuvo que "este es el primer fallo que existe sobre el punto, por lo cual no se trata, por ahora, de un criterio asentado".

Una manifestación de protesta en las afueras de la Corporación para la Nutrición Infantil (Conin) Valparaíso realizaron sus trabajadores, quienes reclaman el no pago de sus cotizaciones previsionales y de salud, lo que les ha mermado su retiro del 10% de la AFP e incluso hay cinco casos en que no han podido sacar nada, ya que tienen saldo cero.

Según detalló la presidenta del Sindicato Conin Valparaíso, Jacqueline Chacón, "en mi caso tengo 18 cotizaciones declaradas y no pagadas, hay compañeros que tienen hasta 31, entonces queremos soluciones, ya que la empresa no da la cara".

Por otra parte, advirtió que "hemos perdido muchos beneficios, por ejemplo, el Bono Mujer Trabajadora y otros bonos que ha dado el Gobierno. También hay gente que ha intentado sacar un crédito hipotecario y no pueden, justamente por las cotizaciones".

Chacón hizo notar que "hay cinco personas que no tienen nada en sus fondos, por lo que no van a poder sacar su 10%" y según los correos electrónicos que les respondió la Dirección de Conin, se habrían allanado a solucionarlos. No obstante, subrayó que "al resto se nos debe, entonces si yo tuviera todo pagado, a lo mejor podría sacar un millón y medio, pero en estos momentos no voy a poder sacar eso, voy a tener que sacar un millón".

De no obtener una respuesta satisfactoria, advirtió que están analizando "una demanda colectiva, pero no solo a nivel del sindicato de Valparaíso, sino que Conin completo, ya que por lo que sabemos, esto se repite en los cinco Conin del país".

Por su parte, la tesorera del Sindicato Conin Valparaíso, Marisol Menares, agregó que "también tenemos impagas las cuotas de los préstamos que hemos pedido, por ejemplo, a la Caja La Araucana, y es a nosotras que nos llaman para cobrarnos".

Conin espera resolverlo

Consultado al respecto, el director ejecutivo de Conin, Cristián Delgado, reconoció que "efectivamente hay un problema de flujo de caja que no lo hemos podido ir resolviendo porque está todo más entrampado durante este último año, año y medio, pero se está trabajando de manera intensa para poder resolver esto a la brevedad, y la solución no es solo para los cinco trabajadores más afectados, sino para todos".

En ese sentido, destacó que "este jueves se actualizó el convenio de Conin con el Estado, vamos a cumplir ya 50 años haciendo este trabajo, y ya con ese convenio vigente, que implica un financiamiento asegurado, esperamos que las cosas puedan tomar mayor agilidad".

Desde ayer, el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Limache se encuentra en cuarentena total, con el objetivo de contener el brote de covid-19 existente en el establecimiento penitenciario. Según informó Gendarmería, periódicamente se realiza en el recinto la toma de exámenes de PCR, lo que permitió detectar rápidamente 46 casos positivos entre la población penal, los que fueron informados cerca de las 13 horas de ayer a la autoridad sanitaria.

Coordinan nuevos test

La directora regional de Gendarmería, coronel Sandra Toledo, sostuvo que "Los privados de libertad contagiados se encuentran aislados del resto de la población penal y cumpliendo con su cuarentena. Para este lunes ya se encuentra coordinada una toma de muestras al personal de la unidad y se continuará con la búsqueda actica de casos entre los privados de libertad".

Agregó que personal de la Seremi de Salud, Servicio de Salud y funcionarios del área de salud regional de Gendarmería están tomando las medidas necesarias para el manejo y control del brote.

Un recurso de amparo ante la Corte Apelaciones de Valparaíso fue el que presentó la Defensoría regional, a favor de diez jóvenes que se encontrarían sin intervención socioeducativa en la sección juvenil del Centro Penitenciario de Valparaíso.

Según la Defensoría, el recurso presentado por la abogada Catherine Ríos, busca que Gendarmería "adopte a la brevedad las medidas pertinentes para asegurar la intervención socio educativa, conforme al estándar exigido en la ley 20.084, (...) indicando si se ha dispuesto la incorporación de personal socio educativo a la sección juvenil".

Defensoría indicó que "en enero de 2020, Gendarmería se comprometió a contratar 5 profesionales para desarrollar la labor de intervención, luego de que no se renovara la licitación que mantenía 13 profesionales externos. (...) Sin embargo, ello no se llevó a cabo".