"Los sistemas escolares han tenido que enfrentar numerosos desafíos para ofrecer a las familias una educación oportuna y de calidad, capaz de lograr aprendizajes y el desarrollo de habilidades intelectuales, producto de la pandemia. Las universidades tampoco han estado ajenas a esta contingencia. Necesitamos profesionales bien formados para asumir los cambios que depara el mundo laboral, después de la pandemia.

Más allá de la complejidad que esto ha tenido a todo nivel, podemos ir afirmando que Chile contaba con un sistema educativo robusto y con mecanismos institucionales que permitieron asumir en corto tiempo los contratiempos provocados por el distanciamiento social. Durante varias décadas, a través de un esfuerzo nacional, se fue ampliando la cobertura escolar, algo que en varios países latinoamericanos aún es una aspiración.

Llevamos más de 20 años, instalando las nuevas tecnologías como herramientas para el aprendizaje escolar y universitario. El proceso de modernización que ha experimentado nuestro país ha ido de la mano con una mayor asimilación de las tics y de la telefonía móvil por las personas. Estas han terminado siendo algo primordial para asegurar clases sincrónicas o asincrónicas.

Naturalmente, aún subsisten numerosas dudas y preguntas operativas en relación con el reinicio de las clases presenciales, que a través de las semanas y meses venideros tendremos que ir resolviendo. Nuestra tranquilidad radica en que existe una institucionalidad educacional que da garantía. Es de esperar que las legítimas aspiraciones gremiales, esta vez, queden en segundo plano y prime el interés nacional.

Los profesores tendrán una gran tarea por delante. Obligadamente, deberán implementar cambios en la forma en realizan sus clases. La clave estará en la flexibilidad y en la capacidad de innovación. También habrá que retroalimentar conocimientos fundamentales de los programas de estudio porque las clases online no permitieron varios aprendizajes que, por su naturaleza, requieren la presencialidad.

Si prima la flexibilidad y la capacidad que tienen los profesores y las autoridades para diseñar e implementar innovaciones en el aprendizaje, mantendremos los niveles de cobertura escolar que han caracterizado a Chile en las últimas décadas. De lo contrario, la deserción será un futuro problema. Los jóvenes y niños no van a querer volver necesariamente a las mismas prácticas y en la misma cantidad de tiempo que antes existía en el sistema escolar y universitario antes de la pandemia. Las comunidades educacionales tendrán que pensar cómo asumen el nuevo contexto educacional". 2

(Los profesores) deberán implementar cambios en la forma en realizan sus clases. La clave será la flexibilidad".

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"Amás de un año de la suspensión de clases presenciales a nivel nacional por la pandemia, la discusión por el retorno a la presencialidad ha sido preponderante y, hasta el día hoy, sin lograr acuerdos transversales. Pareciera que seguimos estancados en una especie de monólogo inspirado por la gramática del "nosotros" versus "ellos". Por lo mismo, es imperioso tender puentes, convocar ampliamente y garantizar pisos mínimos para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.

Un primer paso indispensable es el diálogo y la empatía, que permita legitimar las diversas perspectivas para así proyectar un camino que ponga al centro el resguardo del derecho a la educación. Esto es urgente, fundamentalmente, por dos razones. La primera es que estamos frente a un inédito desafío global, de profundo impacto negativo, especialmente para los sectores más vulnerables, aumentando así una brecha que ya era inaceptable. La segunda es que si no podemos dialogar para avanzar cuando tenemos legítimas diferencias, ¿qué señal estamos dando a las nuevas generaciones que se busca formar en la labor educativa?

Hay consenso acerca del rol insustituible de la escuela y las clases presenciales, dado el impacto no sólo a nivel de aprendizajes sino también socioemocional y como riesgo para el aumento de la exclusión educativa. Sin embargo, es fundamental reconocer que existe una profunda preocupación de las comunidades en cuanto a no contar con las condiciones adecuadas para abrir sus establecimientos de modo seguro, en el marco de una crisis sanitaria y económica que sabemos no golpea a todos por igual. Según un sondeo del CIAE, la Escuela de Gobierno UC y Mineduc, realizado en abril, hay un alto porcentaje de establecimientos municipales que en Fase 2 no abrieron por decisión del sostenedor. Si descalificamos pensando que es solo "porque no quieren", perdemos la posibilidad de entender, qué hay a la base de las decisiones, abordarlas y construir confianzas.

El manejo de una crisis sanitaria como esta implica validar que las personas, legítimamente, tienen miedo, desconfianza e incertidumbre, por lo que es fundamental acompañar el proceso y que las comunidades educativas se sientan escuchadas. La responsabilidad de convocar y garantizar condiciones le compete a la autoridad, sin duda, pero también requiere de la voluntad y flexibilidad de todas las partes involucradas.

¿Volver o no volver a clases presenciales? Esa pregunta ya se agotó. Es momento de salir de los monólogos y pasar al segundo acto desde la gramática del nosotros, poniendo al centro a los niños, niñas y jóvenes, cultivar confianzas y garantizar el derecho a la educación" 2

La discusión por el retorno ha sido preponderante y, hasta el día hoy, sin lograr acuerdos transversales".

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"En el contexto de pandemia las comunidades educativas y el Ministerio de Educación han debido realizar un enorme esfuerzo por mantener durante la suspensión de clases presenciales el vínculo con sus estudiantes y la motivación para que sigan aprendiendo, poniendo a disposición recursos que permitan dar continuidad a los aprendizajes, junto a herramientas para el desarrollo de clases virtuales y acompañamiento socioemocional para mitigar los efectos del Covid..

Para paliar estos efectos, la presencialidad es un elemento central. La evidencia levantada por el Consejo Asesor, integrado por los ministros de Educación y de Salud, más 18 expertos en materia educacional y sanitaria, demuestra que la prolongada suspensión de clases afecta con mucha fuerza los aprendizajes, el bienestar emocional de los alumnos y amplifica las posibilidades de deserción escolar aumentando las brechas de aprendizaje. La ONU ha hablado de una 'catástrofe generacional' y el Banco Mundial de una pérdida de aprendizajes del 88%. Estamos hablando de algo urgente.

A raíz de esta realidad, el Mineduc trabaja en tres líneas de acción a través del Programa Chile Recupera y Aprende: recuperar y nivelar; poner énfasis en el bienestar socioemocional de los estudiantes, y trabajar medidas para mitigar los índices de deserción y lograr retener y reinsertar a los estudiantes que han abandonado sus estudios, en el que gracias a medidas como la Herramienta de Gestión de Contacto, permitió revincular a 6 de cada 10 niños que habían perdido el contacto con su colegio entre agosto y diciembre de 2020.

Para medir el impacto respecto de los contenidos que se perdieron en 2020, el Mineduc y la Agencia de Calidad de la Educación desarrollaron el Diagnóstico Integral de Aprendizajes, herramienta que permite a cada establecimiento medir y entregar de forma inmediata los reportes de los logros de aprendizajes de sus alumnos en Lectura, Matemática y su estado socioemocional. Entre marzo y abril participaron 7.896 establecimientos del país y recabó información de 1.876.920 estudiantes, donde los resultados muestran que es urgente enfocarse en Matemáticas de educación media, donde la ausencia de clases resulta más dañina.

Tenemos una oportunidad histórica como país de centrar todos nuestros esfuerzos en la educación de nuestros niños y jóvenes; en hacer de la recuperación de los aprendizajes un objetivo que nos una; en poner el bienestar socioemocional de cada uno de los alumnos como una primera prioridad, y de entender que recuperar aquellos alumnos que han dejado el sistema educativo es también prioritario. La educación debe ser un trabajo común". 2

Tenemos una oportunidad histórica de hacer de la recuperación de los aprendizajes un objetivo que nos una".

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"Una primera consideración es que vivimos un escenario de decisiones que tienen el carácter de dilemas éticos, propios de decisiones trágicas, es decir, la opción menos mala es la que cabe definir. No debemos seguir pretendiendo evaluar y juzgar el campo educativo desde categorías y criterios que responden a otras coordenadas y circunstancias, hoy requerimos replantearnos los factores de análisis.

En contextos democráticos se debe resguardar la diversidad de alternativas que respondan a las expectativas de actores claves. En este sentido, un actor silenciado son los innumerables estudiantes y apoderados que esperan y solicitan un retorno a clases, por razones legítimas, entre otras, algunas como que no tienen la preparación para apoyar el proceso formativo; porque requieren volver a trabajar como las madres del programa 4/7, porque en educación especial no sólo es un retraso, sino un retroceso, pero por sobre todo por los niveles de ansiedad, alteración, stress, depresión que se ven afectados los estudiantes que tienen un impacto mayor que la pérdida de aprendizajes; en definitiva, se ha deteriorado la calidad de vida de sus hijos o pupilos y los entornos familiares. Sobre estas evidencias ya hay suficientes estudios internacionales y nacionales de respetados organismos e instituciones que avalan la necesidad de un retorno urgente.

La voluntariedad del eventual retorno garantiza por una parte la opción de quienes no se sienten seguros para enviarlos y por otra la habilitación de los espacios educativos, garantiza la elección igualmente legítima de quienes claman por el retorno. Este es el diseño operacional que permite conciliar las dos posiciones contrarias, qué más democrático que este constructo. En cambio, el condicionar desde algunos actores el ingreso a determinada fase, es la imposición de una mayoría a una minoría, es el subestimar las voluntades de aquellos que desean o necesitan retornar, eso sin duda es dictatorial.

En una educación con enfoque de derechos humanos como la nuestra, no podemos obviar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)/OEA que en su Guía Práctica 02 de COVID-19 ¿Cómo garantizar el acceso al derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes durante la pandemia?, nos indica: 'La pandemia del COVID-19 es una crisis sanitaria con efectos extendidos a la educación en la medida en que el cierre de los establecimientos educativos agrava las desigualdades en la educación y afecta desproporcionadamente a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y aquellos pertenecientes a las comunidades y grupos en situación de discriminación histórica'. Sin duda, suficiente argumento para retornar". 2

Voluntariedad de eventual retorno y habilitación de los espacios educativos permiten conciliar las posiciones".

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