El gasto en seguridad se ha convertido en una necesidad más de las personas, el comercio y las empresas en general. Cerraduras dobles, rejas, cercos eléctricos, alarmas o cámara de vigilancia forman parte ya de la vida diaria debido al creciente aumento de la delincuencia.

Así, resulta lógico que ese gasto privado ante situaciones reales tenga también un reflejo en el gasto público dotando de mayores medios de trabajo a las policías.

Dentro de ese escenario aparece el acuerdo suscrito entre el Gobierno Regional y Carabineros de Chile mediante el cual se destinan $ 24 mil millones de fondos regionales con el objeto de desarrollar un programa para dotar a la policía de recursos para la construcción de nuevos cuarteles y renovar su flota de vehículos. La institución policial, a su vez, aportará otros $35 mil millones.

Este acuerdo, que corresponde a un proyecto que se viene estudiando desde hace tiempo, fue objetado por el recién elegido gobernador regional Rodrigo Mundaca, estimando que se debió esperar que él asumiera para concretar esta iniciativa de seguridad, alegando que en la materia se debía considerar también el tema de los derechos humanos y que existen otras necesidades.

El proyecto que se desarrollará en el periodo 2022-25 no es una improvisación para "dejar amarrados" recursos, sino corresponde a una necesidad regional focalizada en entregar mayor seguridad a una población que exige mayor presencia policial, para lo cual se requieren bases de operación, cuarteles, y vehículos que multiplican la tarea de las siempre escasas dotaciones.

Mirando la materia sin lentes políticos esta iniciativa se vincula directamente con los derechos humanos. Con la protección activa de los derechos humanos que son violentados cuando la delincuencia ataca bienes o actividades fruto del trabajo y, peor aún, cuando se atenta directamente contra las personas hiriéndolas y, mucho más grave, quitándoles de la vida. La vida, derecho humano básico.

Violaciones a derechos humanos cometidos por personal de Carabineros son hechos puntuales y no corresponden a una política institucional, y cada caso es perseguido de acuerdo a procedimientos administrativos y judiciales. En consecuencia, la existencia de esos casos en modo alguno justificables no pueden frenar iniciativas de modernización de la institución que van enfocadas a la lucha contra la delincuencia y a mantener el orden público con ocasión de hechos de violencia donde en el tema de los derechos humanos nadie está en condiciones de lanzar la primera piedra.

Entre los múltiples cambios que han provocado estos tiempos de pandemia, uno de los más evidentes es que las herramientas de comunicación digital se han hecho imprescindibles para sortear las distancias. La conectividad se convirtió en una necesidad básica al momento de mantener rutinas cotidianas; más aún en el quehacer universitario, donde las plataformas virtuales están permitiendo la continuidad de nuestras actividades de docencia, investigación e innovación.

En este contexto desempeña un rol fundamental la Red Nacional de Investigación y Educación de Chile (Reuna), supercarretera de telecomunicaciones que lidera el enlace colaborativo entre instituciones dedicadas a la ciencia, la cultura y la educación superior, insertándolas en el contexto global. Recientemente inauguró nuevos tramos entre Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso, con una infraestructura más potente que aumenta 10 veces la capacidad de conexión.

Sin duda, se trata de una excelente noticia para el desarrollo científico nacional, especialmente para el trabajo que se realiza fuera de la capital. Por ejemplo, al ser parte de esta red, la Universidad Técnica Federico Santa María podrá potenciar su labor en iniciativas como el Observatorio Virtual Chileno (ChiVO), proyecto que lidera junto a otras casas de estudio y que hoy es el nodo nacional oficial de la comunidad mundial del área, situando al país a la cabeza de la astroinformática.

También es un importante aporte al equipo de profesores de nuestro Departamento de Electrónica que, con el fin de informar oportunamente a la población, elabora un sistema para detectar movimientos sísmicos de mediana y gran magnitud, a través de un sensor acústico que será probado en la infraestructura de Reuna.

Ambos casos evidencian la importancia de la conexión de alta velocidad para que investigadores, profesores y estudiantes puedan avanzar en soluciones tecnológicas orientadas a consolidar una nueva industria nacional, generando también polos de desarrollo científico en distintos puntos del país. De esta manera, además, se contribuye al proceso de descentralización, permitiendo que universidades de todas las regiones puedan situarse a la vanguardia de las grandes casas de estudio.

En esa línea, se prevé que la red ampliará en más de 2.800 kilómetros esta ruta digital, con capacidades de 100 Gbps en su core central. Así, alcanzará un total de 360 mil usuarios en 19 universidades, centros astronómicos y de investigación e innovación a lo largo del territorio comprendido entre Arica y Temuco. Por nuestra parte, en la USM tenemos la disposición de seguir trabajando para que esta iniciativa llegue a todos los rincones del país, contribuyendo así a ampliar una comunidad que se conecta para llevar la ciencia al más alto grado de desarrollo, tanto a nivel regional como nacional.