Amenaza de incendio y libertad de prensa
La formalización del funcionario que llamó a atacar este Diario deja a la vista una indiferencia municipal bastante cercana a la complicidad. Es grave que quien convoca a la destrucción sea un funcionario pagado con recursos públicos y situado precisamente en un centro "pensante" de la municipalidad, como es el Departamento de Imagen Corporativa, Comunicaciones y Eventos.
La formalización del funcionario municipal de Valparaíso que llamó en su cuenta de Twitter a quemar "nuevamente El Mercurio, pero esta vez por completo", es un paso importante en el procedimiento judicial que busca sancionar a quien formuló esas amenazas contra este Diario.
Rodrigo Valderrama, funcionario de planta, profirió sus amenazas a través de su cuenta, la que tiene unos 32 mil seguidores, el día 25 de octubre de 2019, seis días después que el centenario edificio de El Mercurio de Valparaíso fuera atacado y gravemente dañado por una turba de encapuchados.
Ante la formalización, el abogado defensor del agresor refutó la denuncia del hecho con argumentos procedimentales que fueron desestimados por el fiscal Cristián Andrade, insistiendo en que "si se amenaza una propiedad, se amenaza a sus trabajadores", argumento que fue acogido por la jueza Jeanette Oliva al afirmar que "esas son expresiones de odio y no van dirigidas al inmueble como edificio, sino contra personas naturales. La misiva apunta contra la línea editorial del periódico. Quienes la manejan y concretan son los periodistas y personas que laboran en la institución".
Concluyendo, la magistrada estableció 100 días para la investigación del hecho y arraigo nacional para el imputado Valderrama.
Juan Carlos Celis, abogado en representación del director de este Diario, Carlos Vergara, expresó que el imputado "no se trata de cualquier ciudadano de Valparaíso quien hizo este llamado a incendiar El Mercurio, sino que no es nada menos que un funcionario municipal contratado por el alcalde de Valparaíso, sabiendo el daño que está haciendo con estos tuits".
Ya en marcha el procedimiento judicial, conviene insistir en la gravedad de los hechos a partir de la indiferencia cómplice de la Municipalidad de Valparaíso, que no acciona sumariamente contra uno de sus funcionarios que llama a atentar contra el patrimonio de la ciudad -edificio de El Mercurio- y contra los ciudadanos que allí trabajan, como establece la jueza Oliva. Quien calla otorga, vieja expresión que viene al caso.
Es grave también, pues quien convoca a la destrucción es un funcionario pagado con recursos públicos y situado precisamente en un centro "pensante" de la municipalidad, como es el Departamento de Imagen Corporativa, Comunicaciones y Eventos, situación que ocurre cuando precisamente un ambiente de incertidumbre afecta al personal municipal.
Pero la mayor gravedad de este caso reside en el amedrentamiento a la libertad de prensa y a sus trabajadores que encierra la convocatoria a quemar por completo este Diario, que exhibe una trayectoria de casi dos siglos de servicio público. Es en la defensa de ese valor y de quienes lo asumen día a día que "llegaremos hasta las últimas consecuencias", como lo afirma el director de este Diario.