Cristián Rojas M.

Para ayer estaba anunciado el desalojo de la toma Marichiweu, ubicada en Miraflores Alto, en Viña del Mar, en terrenos donde se proyecta la construcción de un Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolución (SAR), pero finalmente la Municipalidad de Viña del Mar, dueña de los terrenos, declinó hacer uso de la fuerza pública, pese a lo cual las 80 familias que componen el campamento se mantienen en alerta.

Durante la mañana el municipio emitió un comunicado en el que hizo "un urgente llamado al Gobierno para que entregue una pronta solución habitacional a las personas que están ocupando el terreno, mientras ello no ocurra, no se ejecutará el desalojo. Atendiendo la situación sanitaria y la crisis económica generada por la pandemia, es urgente una pronta reubicación de las familias para responder a la demanda de los vecinos de Miraflores para contar lo antes posible con este nuevo centro de salud".

"ojalá fuera así"

La presidenta de la toma Marichiweu, Mayte Pérez, planteó sus dudas frente a lo anunciado por el municipio, señalando que "ojalá fuera así, pero hasta el momento, por lo que tenemos entendido, es solamente un comunicado, no es algo fidedigno. Hasta que a nosotros no se nos haga presente de alguna forma, se puede especular mucho, nosotros necesitamos que ellos estén acá, que nos digan y se comprometan un 100% y nos den una mesa para poder conversar".

En cuanto a lo que solicitan, precisó que buscan "en primera instancia que nos den un plazo hasta que asuma la nueva administración de Macarena Ripamonti, para que este desalojo no ocurra, porque hasta el momento, Virginia Reginato nunca nos ha ofrecido alguna ayuda, al contrario, ha querido desalojarnos desde que nosotros llegamos. Una vez habiendo una mesa, queremos señalarle que nosotros necesitamos una vivienda digna, y si nos podemos quedar aquí en los terrenos sería lo ideal, pues ya tenemos construidas nuestras casas, pero si no, estamos abiertos a cualquier ayuda que nos quieran dar, siempre y cuando sea concreta".

Consultada sobre qué acciones harán si el desalojo se concreta, indicó que "siempre vamos a resguardar a los niños y a los adultos mayores. Y nosotros, como jóvenes y adultos, vamos a dar la pelea, no nos van a sacar de aquí sin una solución".

Mesa de trabajo

Por su parte, el gobernador de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, aclaró que la Gobernación no es la que ordena el desalojo, sino que solo responde disponiendo fuerza pública frente a la solicitud hecha por los dueños del terreno, en este caso el municipio. Asimismo, precisó que "ya hemos coordinado junto al Minvu y el Serviu la instalación de una mesa de trabajo regular".

Aquello fue confirmado por la seremi de Vivienda, Evelyn Mansilla, quien detalló que ayer se reunió con Mayte Pérez, "a fin de iniciar las conversaciones con nuestro ministerio para establecer una mesa de trabajo entre ambas partes, que permita buscar alternativas para estas familias".

Mansilla destacó que "lo anterior ha sido conversado con mi ministro, Felipe Ward, quien me solicitó que pongamos urgencia a esta mesa de trabajo, para poner manos a la obra y trabajar en conjunto con ellos para llegar a acuerdos. Si bien no fuimos nosotros como ministerio quien solicitó el desalojo, yo puedo entender la angustia y el dolor de las familias, principalmente cuando hay niños y adultos mayores involucrados".

Por otro lado, los pobladores pidieron la ayuda de la alcaldesa electa, Macarena Ripamonti, quien sostuvo que si bien el SAR se requiere con urgencia, "consideramos que la práctica de un desalojo sin perspectiva de derechos humanos y en medio de una pandemia es una cuestión que sencillamente no podemos tolerar como sociedad".

Agregó que entre los pobladores hay niños, adultos mayores postrados, "y en ese sentido, el Estado de Chile y todo su aparato público tiene el deber de resguardar a las personas que son especialmente prioritarias y están en una situación de grave vulnerabilidad".

En cuanto a las acciones que están ejecutando para acompañar a los habitantes de la toma, precisó que ayer hicieron un catastro junto a los habitantes con "un instrumento de caracterización, para poder discutir con instrumentos objetivos con las diferentes autoridades para la fecha en que podamos asumir, y llevar adelante una mesa de trabajo con las comunidades aledañas, con las personas que hoy día están en el asentamiento irregular, con el Serviu y con el gobernador venidero".

Recurso de protección

Junto a los pobladores en terreno estaba el concejal electo Nicolás López (PC), quien señaló que el abogado Luis Cuello presentaría ayer un recurso de protección, al tiempo que están intentando generar una mesa de diálogo con las autoridades pertinentes y los pobladores, a fin de "negociar de la mejor forma para tener una salida digna para todas las partes, pues ellos están claros que aquí se va a instalar un SAR y nosotros lo entendemos también como una necesidad imperiosa, sobre todo ahora en pandemia, pero por esta misma situación sanitaria y el invierno que se acerca, creemos que la salida no puede ser mediante un desalojo".

"Estamos abiertos a cualquier ayuda que nos quieran dar, siempre y cuando sea concreta".

Mayte Pérez, Pdta. de la toma Marichiweu

"Mi ministro, Felipe Ward, me solicitó que pongamos urgencia a esta mesa de trabajo, para poner manos a la obra en conjunto con ellos".

Evelyn Mansilla, Seremi de Vivienda

Hasta la Fiscalía local de Quilpué llegó la alcaldesa electa de la comuna, Valeria Melipillán, junto a organizaciones sociales, para presentar una denuncia en contra de quienes resulten responsables por la presunta destrucción de las Piedras Tacitas, en el contexto de movimientos de tierra llevados a cabo por una inmobiliaria.

Melipillán declaró que "nos encontramos ante el Ministerio Público para presentar una denuncia por el daño arqueológico de las piedras tacitas que, por el solo ministerio de la ley, se encuentran protegidas y son patrimonio de nuestra comuna y patrimonio nacional. (...) Queremos que este acto no quede sin culpables y queremos que sean sancionados, ojalá con el máximo rigor de la ley".

El documento, que ya fue ingresado a la Fiscalía local, señala que la denuncia es "en contra de todos los que resulten responsables de los hechos constitutivos del delito de daño a monumentos nacionales, regulado en el artículo 38 de la Ley N° 17.288".

En tanto, Juan Cona, presidente de Antumapu y uno de los denunciantes, declaró que "lamentablemente, las empresas inmobiliarias están arrasando, destrozando y depredando el medioambiente y el ecosistema. No lo vamos a permitir. Vamos a firmar un precedente de que el medioambiente, la ecología, los pueblos originarios y la flora y fauna se respeten en Quilpué", aseveró el dirigente mapuche.

Yerko Alfaro, dirigente de Acción Barrial en defensa del Parque Natural Los Pinos, agregó que "buscamos la caducación de este proyecto y que con esto se marque un precedente y se le dé el valor a este artefacto arqueológico, no solamente para los pueblos originarios, sino para toda la Región".

Los eventuales responsables se expondrían a la pena de presidio menor en su grado máximo -5 años de cárcel- y una multa de 200 UTM, equivalentes a $10 millones.