Pamela Boltei

Cuando quedan menos de 15 días para el cambio más grande de alcaldía en Viña del Mar en los últimos años, varias cosas están ocurriendo en la Corporación Municipal de Viña del Mar (Cormuviña).

Diversas fuentes, que por temor a represalias de último minuto prefirieron no dar sus nombres, cuentan que la alcaldía entregó este martes un listado de al menos nueve personas que debían dejar sus cargos en la Cormuviña. Se les dijo que estos nombres habían sido pedidos por la alcaldía que asumirá el próximo 28 de junio, aunque este Diario consultó al equipo de Macarena Ripamonti y descartaron vinculación con cualquier listado de personas para desvincular de la corporación.

Esta lista, que fue informada a los incumbentes y de la que tienen conocimiento también algunos gremios, pide la salida inmediata de Danilo Salazar, director de Administración y Finanzas (quien lleva 24 años en el cargo); Carola González, directora del Departamento Jurídico (quien lleva 27 años en su cargo); Pablo Rojas, director de Recursos Humanos; Cristián Barrera, administrador del Cementerio Santa Inés; Patricio Zúñiga, director de Educación; Jimmy Torres, director del Departamento de Salud; Javier Aravena, director de la Casa del Deporte; Germán Pérez, asesor comunicacional; y Pedro Retamal, gerente de la Corporación Municipal.

De acuerdo a una fuente que participó el martes, a las 13 horas, de una reunión que sostuvo la alcaldesa Virginia Reginato con personeros de su máxima confianza, fue el administrador Claudio Boisier quien planteó la existencia del listado de nombres que el equipo de la alcaldesa electa quería fuera de la Corporación y María Angélica Maldonado, la jefa de gabinete, la leyó. Sin embargo, la misma fuente expuso dudas sobre los nombres incluidos: "Decían que querían determinados sillones vacíos, nueve cargos con nombre y apellido, y que tienen que ver con la afinidad con esta administración. Dejaron fuera de la lista negra a personas que son UDI, que están comprometidos. Están mezclando a personas que son políticas con otras que no, e incluso familiares de la jefa de gabinete no están en este famoso listado. Esto puede ser porque hay quienes manejan mucha información delicada y quieren que no estén".

Sobre este punto, Boisier aseguró que "se les informó del cambio, que los cargos de confianza son siempre a disposición y que tenemos que estar preparados, esto para facilitar la instalación de la nueva administración y no poner obstáculos. Van a recibir el municipio como corresponde. No, dar nombres es primitivo, no hay listado".

Borrado de pc

Este martes también hubo un confuso borrado del computador de la jefa del Departamento de Auditoría de la Corporación Municipal, hecho que generó la solicitud de una investigación interna en el municipio.

La encargada informó del hecho al gerente de la Cormuviña el martes y ayer miércoles, a fin de que se solucione el problema y se den explicaciones. Hasta el cierre de esta edición eso no había ocurrido. En los correos electrónicos a los que accedió este Diario, se solicita "una investigación a través de las cámaras de lo acontecido desde el viernes 11 al 14 de junio" y se consultó por qué no existía respaldo de la información de ese computador "cuando era una instrucción que estaba activa".

De acuerdo a las fuentes municipales consultadas, la información que se perdió son datos financieros de la Corporación. Según el correo electrónico, la información corresponde a datos desde 2019 a la fecha, pero otras fuentes municipales advierten que esto alcanzaría periodos anteriores, incluso cuando era gerente de la Cormuviña el actual administrador municipal, Claudio Boisier. Este Diario consultó a la persona que envió el correo, quien no quiso "desmentir ni confirmar la información".

Por lo anterior, el diputado Rodrigo González analiza presentar una denuncia al respecto "al Ministerio Público mañana (hoy) porque hay situaciones que pueden revestir carácter de delito. Hay una situación muy grave, que es urgente constatar, si es que desaparecieron todos los antecedentes de los sumarios y auditoría que había pendientes en la Corporación, todos esos expedientes se habrían perdido y desaparecido y hacían referencia, especialmente, al gerente de la Corporación".

Este Diario consultó a la Corporación sobre el caso, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Boisier dijo que "el gerente no me ha informado nada y tampoco la funcionaria, mañana (hoy) indagaré".

"(Voy a denunciar) al Ministerio Público porque hay situaciones que pueden revestir carácter de delito".

Rodrigo González, Diputado (PPD)

En prisión preventiva por los 120 días fijados para la investigación quedó el imputado por el femicidio de la joven Maylin Guevara (28), Eduardo Quintanilla, quien fue formalizado ayer en el Juzgado de Garantía de Quilpué.

La madrugada del domingo 16 de mayo, Quintanilla llevó de urgencia a Maylin con graves lesiones en el cuerpo y fractura de cráneo al Hospital de Quilpué, asegurando que la joven había intentado suicidarse, lo que fue puesto en duda por los médicos que la atendieron y luego quedó en evidencia tras el informe del Servicio Médico Legal.

La fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancibia, detalló que la autopsia "fue uno de los elementos determinantes, porque arrojó en definitiva que hay participación de terceros, del tipo en este caso de femicidio, en la muerte de la víctima, por tanto, como no hay testigos presenciales del hecho, porque la víctima estaba sola con el imputado, se debió reunir antecedentes para poder acreditar la dinámica, la participación, y es por ello que la Brigada de Homicidios tomó diversas declaraciones".

La persecutora destacó que incluso prestó declaración una expareja del imputado, que dio cuenta "de una actitud de violencia hacia ella y que era compatible esa situación con la vivida por la víctima de estos hechos, Maylin".

Frente a ello, la Fiscalía este martes, "teniendo el informe de la Brigada de Homicidios, se solicitó una orden de detención verbal al tribunal, la que fue concedida y en el control de detención decretó la prisión preventiva del imputado por el plazo de cuatro meses, que es de investigación".

Arancibia precisó que si bien la víctima no había denunciado formalmente violencia intrafamiliar, "sí se lo había relatado a terceros, y eso es parte de los testimonios que se han recogido. Había también aportes de antecedentes, incluso fotografías vía mensajerías a amigos, que también están incorporadas en la carpeta. (...) Por eso también se invocó una agravante acá en cuanto a existir situaciones de violencia previa hacia la víctima".

La fiscal explicó que "la pena para este delito de femicidio es de presidio mayor en grado máximo, es decir, parte en 15 años y un día, hasta presidio perpetuo calificado, es decir, una pena en la que no puede tener ningún beneficio antes de 40 años de cumplimiento efectivo".

"(La autopsia) fue uno de los elementos determinantes, porque arrojó que hay participación de terceros".

Mónica Arancibia, Fiscal jefe de Quilpué

Durante el mediodía del miércoles, agrupaciones vecinales de Miraflores Alto llegaron hasta la Corte de Apelaciones para presentar un Recurso de Protección con el objetivo de pedir que se desocupen los terrenos de la Municipalidad de Viña del Mar, actualmente utilizados por la toma Marichiweu, para poder comenzar con la construcción de un Servicio de atención primaria de urgencia de Alta Resolución (SAR).

El abogado representante de las agrupaciones, Christian Lucero, indicó que "si no se construye ahora el SAR, y no se licita hasta el mes de noviembre de este año, se van a perder los fondos asignados para la construcción de este servicio de alta resolutividad, de suma urgencia para más de 100 mil vecinos de la ciudad de Viña del Mar en Miraflores Alto".

"Si no se empieza la licitación de este proyecto, hay que esperar un nuevo Gobierno y decreto, es decir, hay una incerteza acerca del financiamiento a futuro", aseguró el consejero regional, Manuel Millones, añadiendo que "el proceso de licitación dura cinco meses, si el Servicio de Salud espera ese tiempo y comienza una vez esté desalojado, se van a tomar el terreno de nuevo".

Además, aseguró que costó mucho conseguir ese terreno, ya que "no hay terrenos, ni privados ni públicos. Por eso hay que defender este espacio".

En cuando a las soluciones para las familias de la toma irregular de terrenos, el abogado Christian Lucero indicó que se realizaron todas las gestiones correspondientes con el municipio, las cuales no se habían ejecutado antes, con el apoyo del core Millones, el diputado Andrés Celis (RN) y el senador Francisco Chahuán (RN), para lograr que estas "puedan optar a un subsidio de arriendo flexible de forma extraordinario por 12 meses, o bien trasladarlos a otro lugar de la misma ciudad en el sector de Forestal".