Katherine Escalona M.

El 15 de junio recién pasado, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) no dio a lugar al cuestionamiento de la "legitimación activa" que buscaba el abogado del alcalde Jorge Sharp en la causa por notable abandono de deberes presentada en contra del jefe comunal porteño en noviembre de 2020.

La apelación en el máximo tribunal de competencia se realizó en base a que tres de los seis ediles que presentaron el requerimiento -Marcelo Barraza (DC), Carlos Bannen (UDI) y Luis Soto (UDI) - a días de la acción, renunciaron al Concejo Municipal, argumento que no fue acogido por el Tricel, que resolvió que "se confirma la resolución apelada de ocho de abril de dos mil veintiuno" en el Tribunal Electoral Regional (TER), que no dio lugar a la inadmisibilidad.

Con esto, la causa vuelve al Tribunal Electoral Regional (TER) para ser tramitada. Se espera que inicie el proceso de pruebas, para luego -después de un año aproximadamente- tener algún tipo de resolución respecto al caso, en el que los ediles presentaron 17 cargos contra el alcalde y, en mayo de este año, cinco concejales se sumaron y presentaron nuevos antecedentes.

Sobre la resolución del Tricel, el abogado del alcalde, José Ortiz, precisó que "si bien era una resolución esperable, nos pareció importante plantear que de seis concejales que presentaron el requerimiento, tres renunciaron a los pocos días, lo que a nuestro entender daba cuenta de una falta de quórum y una clara afectación al principio democrático que rige nuestro sistema electoral".

Agregó que "nos abocaremos a entregar al tribunal todas las pruebas que, a nuestro juicio, permiten establecer que los cargos formulados carecen de fundamento jurídico y fáctico para sostener una acusación como la que se ha imputado al alcalde".

El abogado de los concejales, Rodrigo Flores, recalcó que "yo dije que era un tema que lo íbamos a resolver en el Tribunal Calificador porque su defensa tenía la opción de recurrir de apelación, pero se confirmó en definitiva lo que habíamos planteado desde un principio. La legitimación activa, la calidad de concejal para poder iniciar la acción de remoción, se requiere solamente al momento de presentar una demanda".

Flores aclaró que "el requisito que se debe cumplir es que al momento de presentar la demanda, sea presentada por concejales en ejercicio, tal cual lo hicimos en su oportunidad. Vuelve la causa a Valparaíso y sigue su tramitación del proceso de remoción por notable abandono, con una serie de antecedentes contundentes e indubitados con informes de la Contraloría".

Concejales

Los concejales Iván Vuskovic (Ind.) y Daniel Morales (MVC) y los exediles Marcelo Barraza (DC) y Luis Soto (UDI) valoraron la determinación del tribunal y coincidieron que los argumentos presentados son fundados y legales.

Vuskovic dijo que "los argumentos dados en su oportunidad por los que iniciaron este procedimiento, tenían toda la puesta para iniciarlo, por lo que esto de intentar descalificarlos por el hecho de haber renunciado no tenía mucho sentido".

Morales precisó que "era algo sabido, muchos temas como estos pasan de una administración a otra, independiente del cambio o no de concejales. Tengo plena fe que el proceso seguirá su curso como la ley lo establece. En tanto, Barraza recalcó que "esto es lo que nosotros estábamos diciendo y ahora esperamos que se investigue, porque se hace más fuerte al sumarse cinco concejales más este año".

Mientras, Soto acotó que "esto ratifica lo que mantuvimos siempre con una profunda convicción. Nuestro actuar es con fundamentos concretos e informes de Control y Contraloría".

"Entregaremos todas las pruebas que, a nuestro juicio, permiten establecer que los cargos (...) carecen de fundamento".

José Ortiz, Abogado del alcalde Jorge Sharp

Luego de conocerse el informe final 500-20 de la Contraloría Regional, que estableció una serie de irregularidades en el concurso público para los cargos de directores de diversos establecimientos educacionales administrados por la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), la Asociación de Directivos Docentes de Valparaíso (Asodival) emitió una declaración pública criticando a la administración.

En el documento, firmado por la directiva de Asodival, compuesta por seis directores, exponen que "se confirma la tesis planteada sobre las malas prácticas y faltas a la probidad, lo que obligó a anular los concursos por parte de la municipalidad".

Agregan que "en reunión el día 22 de agosto del 2019 con el alcalde, la directora de Educación y el secretario general de la Cormuval, indicamos que no era pertinente realizar estos concursos y que se dejara sin efecto esta determinación, considerando que el 2021 se efectuaría el traspaso de los establecimientos educacionales al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y que esta institución debería ser la encargada de realizar el proceso concursal".

"Es por esto que rechazamos tajantemente las acciones realizadas por parte de los responsables del desarrollo del proceso y aquellos que intervinieron directamente para beneficiar a un grupo de personas que mantenían vínculos con autoridades de Educación de Cormuval y el Colegio de Profesores, especialmente cuando se declaraba públicamente que todos los procesos fueron 'transparentes', lo que con este dictamen queda claro que no fue así", subrayaron.

Finalmente, instan al SLEP a "que tenga en vista estos antecedentes para futuros concursos, dado que no podemos permitir que los intereses personales se superpongan a las necesidades de nuestras comunidades educativas y estas malas prácticas deben ser erradicadas de raíz de la educación pública".

"En reunión el día 22 de agosto del 2019 con alcalde, (...) indicamos que no era pertinente".

Asociación de Directivos, Docentes de Valparaíso

Declaración pública

Asegurando que "desde el municipio no compartimos lo resuelto por la Corte de Apelaciones", el director jurídico de Sharp, Nicolás Guzmán, comunicó que planean apelar ante la inadmisibilidad del recurso ingresado contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, por parte de la alcaldía y 13 centros de apoderados que denuncian que el regreso presencial "amenaza, perturba y pone en riesgo el derecho a la vida e integridad física y psíquica" de los estudiantes porteños en el actual contexto pandémico.

Según manifestó la Corte, "los hechos se refieren a materias propias de las políticas públicas impartidas por el Mineduc, asunto que escapa a la tutela" de su arbitrio. Pese a ello, el municipio espera que "sea la Corte Suprema la que resuelva finalmente sobre la admisibilidad del recurso, toda vez que siempre existe la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales cuando se afecten derechos constitucionales".

Mientras que en los próximos días debería ingresar el nuevo recurso, esta vez de apelación, el director del Servicio Local de Educación (SLEP) Valparaíso, Manuel Pérez, sostuvo que el fallo "demuestra claramente que no es un ámbito ni tema que corresponda al alcalde ni a los docentes y apoderados que hicieron este recurso" y que "era evidente que iba a haber un rechazo".

Asimismo, dijo que gran parte de las comunidades educativas -y en especial alumnos- están a favor de volver a las aulas. "Persistir en este tipo de recursos es más bien adultocéntrico. Si les preguntamos a los estudiantes, ellos dicen otra cosa", expresó.

El municipio de Quintero adquirirá el terreno donde se emplazó por 30 años el exvertedero de Loncura, para readecuarlo como un área verde, que incluya un centro de atención integral de mascotas.

El alcalde de la comuna, Mauricio Carrasco, informó que "lo que estamos revisando hoy día es verificar las medidas, ya que el Tribunal Ambiental resolvió que la municipalidad debe comprar este espacio". A lo que agregó: "Lo único que se va a poder emplazar es un área verde y también acá queremos desarrollar un canil de la mejor manera, queremos trasladar acá las todas las instalaciones de la clínica veterinaria".