El Ministerio Secretaría General de la Presidencia informó ayer que una ceremonia oficiada por los pueblos andinos será la primera actividad inaugural de la Convención Constitucional, órgano que redactará la nueva Carta Magna chilena. Luego, se autorizaron diversas caravanas por el centro de Santiago, las que acompañarán a los constituyentes hasta los jardines del ex Congreso, donde se elegirá a quien presida la redacción del documento.

Los 17 representantes de los pueblos originarios que participarán de la escritura de la nueva Constitución llegaron ayer a la capital, donde, al igual que a todos los constituyentes, se les practicó un test de antígenos para prevenir eventuales contagios por covid-19 en la primera jornada del nuevo órgano estatal.

Los constituyentes de los pueblos andinos serán, asimismo, quienes hoy harán la primera ceremonia de apertura de la Carta Magna, en el Palacio Pereira, donde se ubicarán las oficinas de los 155 representantes.

El resto de las actividades, como el plenario, se desarrollará en el ex Congreso, quehaceres que fueron detallados en la Guía del Convencional, traducida por la Segpres al aymara, quechua, mapuzugun y rapa nui.

Hoy, luego de la ceremonia de los pueblos originarios, numerosos constituyentes se reunirán con sus adherentes, quienes los acompañarán en caravana hasta el ex Congreso: la comunidad mapuche se congregará en el Cerro Santa Lucía (Huelén), La Lista del Pueblo lo hará en Plaza Italia, el FA en Plaza Yungay, y el PS bajo la estatua de Salvador Allende.

A las 10:00 horas se iniciará la primera sesión de la Convención, donde "no va a haber ninguna autoridad de Gobierno", dijo ayer el ministro de la Segpres, Juan José Ossa.

Elección de presidente

En esta primera jornada de la Convención Constitucional, que coincide con la celebración de los 210 años de la apertura del primer Congreso Nacional, deberán quedar elegidos los cargos de presidente y vicepresidente del nuevo órgano.

"El Tribunal Calificador (de Elecciones, Tricel) va a disponer de votos y de urnas para efectos que la voluntad de los miembros de la Convención se exprese de la forma más transparente, y para que técnicamente se cumpla con los estándares que se necesitan para un escrutinio democrático", explicó Ossa.

El Gobierno, además, "no tiene ni la intención ni la facultad para influir en el reglamento, ni tampoco en otras materias propias de la Convención", agregó el titular de la Segpres.

En paralelo, el constituyente y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, dijo a CNN que "el interés es que, desde el punto de vista de la ceremonia que se vea, sea un acto que transmita buen pronóstico para el proceso constituyente".

Acerca del presupuesto asignado, Atria señaló que "la convención que tenemos es mucho más representativa del pueblo chileno que lo que estamos acostumbrados, eso tiene contrapartida: no es un conjunto de expertos. (...) Es fundamental que tengan acceso a la mejor asesoría que puedan, (...) presentar eso como una cuestión personal es un despropósito".

"(El Ejecutivo) no tiene ni la intención ni la facultad para influir en el reglamento de la Convención".

Juan José Ossa, Ministro Segpres

"La Convención es mucho más representativa del pueblo chileno que lo que estamos acostumbrados".

Fernando Atria, Constituyente Distrito 10

La ex Presidenta y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió ayer al proceso que Chile comenzará a escribir hoy mediante la Convención Constitucional: "Confiemos en nosotros, confiemos en la democracia. Vivamos este gran momento republicano con responsabilidad y con merecido orgullo".

"Lo que se veía como un sueño remoto ya tiene fecha. Nuestro país tendrá una Convención Constitucional paritaria, con reconocimiento a su identidad indígena y con una representatividad social inédita", destacó la ex Mandataria, en cuyo último periodo, en 2016, organizó los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA), donde los vecinos o grupos de amigos se reunían de forma voluntaria para dialogar sobre una eventual nueva Constitución.

El inicio del proceso, sin embargo, ocurrió en 2019, cuando tras las multitudinarias protestas del 18 de octubre y las semanas posteriores, se llamó al plebiscito del 25 de octubre de 2020, donde los votantes, con una participación histórica pese a la pandemia, se inclinaron por el Apruebo una nueva Carta Magna.

"A contar de este año, el 4 de julio será la fecha en que nos dimos la oportunidad de encontrarnos en nuestra diversidad. Con nuestras deudas y esperanzas. Con la serenidad de que estamos preparados para dar forma a un pacto social que valora e incluye a cada persona. Miro con admiración la madurez del pueblo chileno para escribir lo que nos une y lo que sentará las bases de los retos comunes", agregó la ex Presidenta.

La Alta Comisionada de la ONU, sin embargo, advirtió que durante el proceso -que se extenderá entre nueve meses y un año -"habrá dificultades y frustraciones, como en toda construcción colectiva", pero "también estarán disponibles las herramientas democráticas necesarias para abordar estos retos: la tolerancia, el diálogo respetuoso, la transparencia y la participación activa de la ciudadanía".

"Confiemos en nosotros, confiemos en la democracia. Vivamos este gran momento republicano con responsabilidad y con merecido orgullo", concluyó Bachelet.

El proyecto bachelet

La ex Mandataria inició en 2016 un proceso orientado a una nueva Carta Fundamental para Chile, con una campaña de educación cívica que desembocó en los diálogos ciudadanos, en marzo de aquel año. Luego, en octubre, la ex Presidenta recibió las conclusiones de los ELA.

El proyecto, tras un trabajo de revisión y organización, fue enviado meses más tarde al Congreso, junto con la iniciativa de reforma que permitiría comenzar el proceso, así como establecer un mecanismo de discusión, entre comisión bicameral, convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, convocatoria a asamblea constituyente o un plebiscito. Al término del periodo, la nueva Carta Magna sería ratificada o rechazada mediante un plebiscito de salida.