Resguardo de la actividad cerebral y su información

En un artículo sobre la conveniencia de incluir la protección de la actividad cerebral en la Constitución o en la ley, los académicos de las universidades de Valparaíso y Católica de Chile, Pablo López-Silva y Raúl Madrid, señalan que "los avances en el campo de las neurotecnologías prometen revolucionar el tratamiento de muchas condiciones médicas. Sin embargo, para algunos, tales avances podrían exacerbar la inequidad social y ofrecer a corporaciones, hackers y gobiernos internacionales la oportunidad de explotar y manipular la mente humana".

Por esto, complementan, "se ha sugerido que el desarrollo de cualquier tipo de neurotecnología debería estar acompañado de un suporte normativo que tuviese como objetivo la protección de la privacidad, identidad, agencia y equidad de las personas. A este soporte legal se le ha denominado neuroderechos".

La iniciativa de reforma constitucional, que se encuentra en segundo trámite legislativo -el proyecto de ley está en el primero-, corresponde a una moción de los senadores Guido Girardi, Carolina Goic, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma y Alfonso de Urresti, que modifica el artículo 19, número 1°, de la Carta Fundamental.

En su informe sobre el primero, la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara, del pasado 26 de mayo, propone que el artículo establezca: "El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos y condiciones para su utilización en las personas, debiendo propender especialmente al resguardo de la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella".

"tampoco pensamos en la masificación de las rrss"

Doctor en Filosofía y magíster en Investigación en Filosofía por la Universidad de Manchester, Reino Unido, y profesor adjunto de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso, Pablo López- Silva piensa que la divulgación, robo o intromisión en los neurodatos de las personas es una amenaza real.

"No dudo que en los próximos años diversas aplicaciones comerciales de neurotecnologías con acceso a datos neuronales comiencen a masificarse de a poco, tal como nunca pensamos que las redes sociales se masificarían hace varios años. Por ejemplo, ya existen prototipos de una aplicación llamada 'Kernel Flow' que consiste en un artefacto que permite enviar información en tiempo real a otras personas acerca de la actividad neuronal del cerebro en tiempo real. Facebook está diseñando un aplicación llamada 'Brain to Text' para poder escribir mensajes de texto simplemente con el pensamiento. Siempre existe la posibilidad de hackear este tipo de artefactos, y por lo tanto, la amenaza es real. Por esto, es importante no solamente legislar, sino que también informar a la ciudadanía sobre qué es lo que está en juego".

Ingeniera civil electrónica USM, magíster y doctora en Procesamiento de Imágenes y Señales en la Université Nice-Sophia Antipolis, Francia, la secretaria regional ministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro, María José Escobar, plantea que si bien el robo de datos cerebrales como tal puede verse lejano, el comportamiento de las personas refleja de forma indirecta su actividad cerebral, y la captura del primero ante diversos estímulos hoy es registrada en un sinnúmero de plataformas que a partir de ese insumo predicen nuestras respuestas.

"Acá hay un riesgo importante en el cómo dichas plataformas digitales pueden condicionar nuestras decisiones, posturas, libertad o accionar. Los efectos que observamos, muchas veces trascienden la escala del individuo reflejando cambios estructurales en nuestra sociedad. Sea directa o indirecta la forma en que se accede a nuestra actividad cerebral, una amenaza actual o distante, no quita la importancia de discutirlo hoy", sostiene la científica e investigadora en las áreas de neurociencia computacional, inteligencia artificial y robótica cognitiva.

El límite de los derechos esenciales

En relación al avance del proyecto de reforma constitucional para proteger la integridad y la indemnidad mental de las personas, la seremi opina que constituye "una tremenda oportunidad para abrir el debate sobre las neurotecnologías y el efecto que ellas tienen en nuestra integridad humana y en nuestra sociedad".

La reforma, dice, ha avanzado en proponer como derecho que el avance científico-tecnológico estará al servicio de las personas, y que su desarrollo se llevará a cabo respetando la vida y la integridad física y psíquica, lo que no está presente en la actual Constitución. "Los temas específicos de los neuroderechos, neurotecnologías y actividad cerebral, quedarán enmarcados en un proyecto de ley, en donde se indicará que la libertad para desarrollar y utilizar este tipo de tecnología tiene como límite los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana" y que están incorporados en la Carta Fundamental.

También el académico de la UV considera que siempre es bueno anteponerse ante potenciales escenarios riesgosos. "Lamentablemente, la regla parece ser lo opuesto. Por esto, tanto la reforma como la creación de la ley son iniciativas pioneras que van por un buen camino, incluso si uno tiene algunos reparos en la forma", señala, pero observa que la discusión de ambas iniciativas "debería ser mucho más cercana a la ciudadanía y a los expertos en derecho, neurociencias y neuroética. Sin duda, es demasiado importante como para estar solamente guiada por posturas políticas; es clave que la experticia técnica tenga un papel preponderante en la discusión".

¿nivelaciones o mejoras cognitivas?

Una de las potencialidades más debatidas y polémicas de las neurotecnologías radica en la posibilidad de aumentar intelectualmente a las personas. En ese aspecto, el neurobiólogo español Rafael Yuste, considerado uno de los cinco neurocientíficos más influyentes del mundo y abierto partidario de sumar cinco neuroderechos a la Declaración Universal de Derechos Humanos -privacidad mental, identidad personal, libre albedrío, acceso equitativo y protección contra sesgos y discriminación-, señaló en una entrevista a Domingo de Reportajes que la profesión médica debería ser la encargada de decidir quién o quiénes pueden ser sometidos a un "aumento cognitivo".

El creador y líder del proyecto BRAIN -sigla en inglés correspondiente a Investigación del Cerebro a través de Neurotecnologías Avanzadas e Innovadoras-, dotado de una inversión principalmente pública inicial de 1.300 millones de dólares en una década en Estados Unidos, planteó "que la profesión médica se encargue de decidir quién se aumenta y quién no, al igual como los médicos deciden quién recibe un trasplante y quién no. Queremos que esas decisiones, que son determinaciones éticas, estén basadas en una deontología, en unas reglas de decisiones que sean humanistas. Y pensamos que lo lógico es que se hagan cargo de esto los médicos".

Pablo López-Silva opina que hay que ser muy cuidadosos al momento de entregar poder a ciertos sectores expertos de la sociedad, "porque el ejercicio del poder experto no está separado de ciertas visiones ideológicas y políticas respecto de lo que es bueno y es malo. Los médicos tienen su propio sistema de valores que guía ciertas áreas de su práctica incluso, por eso existe la objeción de consciencia, etc. Los médicos también son personas".

Desde ese punto de vista, dice, "creo que uno debería diferenciar entre 'nivelaciones' y 'mejoras'. Mientras la nivelación tiene un fin terapéutico, ya que busca devolverle a alguien una capacidad adaptativa que perdió por alguna razón, las mejoras no las tendrían. La legalización de mejoras sin hacer la diferencia entre lo 'terapéutico' y la mejora que solamente está orientada a aumentar la el desempeño podría traer varios problemas, entre ellos, aumentar la inequidad. ¿Quién, finalmente, podrá acceder a mejoras cognitivas?", se pregunta.

Plantea que se espera que las mejoras cognitivas de alto impacto no sean baratas, lo que supondría que solo aquellos que ya tienen una ventaja socioeconómica podrían acceder a ellas. "Creo que la legislación en este ámbito debería estar marcada por la búsqueda de las nivelaciones -recobrar la vista, volver a caminar, etc.- más que por la mera búsqueda de la mejora de un desempeño estadísticamente normal", remarca.

¿se puede limitar el avance tecnológico?

"Me gustaría diferenciar dos usos de las neurotecnologías", señala la seremi María José Escobar. "El primero tiene que ver con que éstas ayuden a mitigar discapacidades físicas o mentales de las personas. Acá no hay ninguna duda en que sean los médicos quienes definan o velen que las neurotecnologías sean efectivamente utilizadas para dicho fin".

El segundo uso corresponde a las potenciales ventajas que aquéllas podrían tener en el quehacer humano, y en ese aspecto ejemplifica con los efectos que el uso sostenido de smartphones podría tener en nuestras capacidades cognitivas. En esa línea, se pregunta si debemos realmente limitar el avance tecnológico. "¿Dónde están los límites de dicho avance? ¿Hay alguna amenaza para nuestra sociedad? Es acá donde efectivamente debe abrirse la discusión y pensar cuál sería la postura del Estado para velar que el desarrollo de la neurociencia y de las neurotecnologías apunten al bienestar de las personas y de nuestra sociedad, garantizando un libre acceso sin discriminación arbitraria".

El libre acceso, enfatiza María José Escobar, "es primordial para generar condiciones de igualdad y no aumentar las brechas existentes en nuestra sociedad. Legislar al respecto es una buena forma de abrir la discusión y definir las diferentes posturas, garantizando por sobre todo la igualdad ante la ley y los derechos fundamentales de las personas". 2

En el artículo "¿Neuroderechos? Razones para no legislar", publicado en diciembre por Ciper, los académicos del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, Alejandra Zúñiga, Luis Villavicencio y Ricardo Salas, señalan que los neuroderechos serían redundantes porque son reconducibles a derechos constitucionales ya asegurados, como el derecho a la privacidad o a la integridad física y psíquica.

María José Escobar: "Si la reforma constitucional y el proyecto de ley estuviesen abocados solamente a la protección de la vida y de la integridad humana (física y psíquica), cosa que ya existe en nuestra Constitución, efectivamente es redundante. La oportunidad que aparece con la discusión sobre los neuroderechos y las neurotecnologías es reflexionar sobre cuál es la postura del Estado ante el avance de la ciencia y de la tecnología, cosa que hoy no está presente en nuestra Constitución. Este proyecto abre una discusión necesaria, oportuna y prioritaria, sobre todo como antesala al proceso constituyente y si visualizamos a la ciencia y a la tecnología como motores de cambio de nuestra sociedad".

Pablo López-Silva: "Concuerdo con que este tipo de iniciativas siempre deben ir acompañadas de un análisis crítico. Sin embargo, creo que existen buenas razones para, al menos, generar leyes específicas en relación a potenciales malos usos de este tipo de tecnologías. A diferencia de los datos nuestros en redes sociales o en bancos (datos externos), en el caso de los datos neuronales, no es fácil distinguir entre los datos mismos y su fuente (procesos cerebrales). En este sentido, las neurotecnologías requerirán no solamente proteger la información recopilada y compartida, sino que también la fuente de tales datos, ya que ambas parecen ser inseparables. Así, las definiciones actuales de 'privacidad' no parecen realmente abarcar este asunto".

Otra preocupación, agrega, es cómo los datos cerebrales permitirían un seguimiento específico de la actividad de una persona en forma de 'biomarcador'. "El mal uso de este tipo de tecnologías podría amenazar el ejercicio de la privacidad entendida como la habilidad de poder esconder cierta información sobre mí y expresarme selectivamente ante otros, esta total exposición de la subjetividad no parece estar regulada en los marcos legales actuales". Además, el robo o mal uso de datos neuronales pueden ser mucho más graves que el robo de datos externos. "Sin leyes específicas ¿cómo ponderará y graduará la justicia la diferencia en la gravedad de tales crímenes? Creo que por estas, y otras razones, la creación de leyes específicas es justificada".