Katherine Escalona M.

En Tercera Sala de la Corte Suprema se llevó a cabo ayer la audiencia de conciliación entre la Municipalidad de Valparaíso, vecinos del Barrio O'Higgins y la Inmobiliaria del Puerto SpA., para llegar a un acuerdo por el proyecto inmobiliario Parque Pümpin. La instancia surge como una exigencia del máximo tribunal en torno a un proyecto que ha tenido una larga batalla judicial, que ha enfrentado a la inmobiliaria y la administración del alcalde Jorge Sharp.

Este jueves, pese a las expectativas de que se alcanzara un acuerdo final entre el municipio y el titular del proyecto, el proceso sufrió una nueva postergación, debido a que la información debe ser expuesta al Concejo Municipal porteño, que aún no tiene su primera sesión ordinaria.

Por ello, el juez de la Tercera Sala, magistrado Sergio Muñoz, determinó reagendar la audiencia para el 5 de agosto. Sin embargo, el juez sí entregó detalles de la aceptación de condiciones hecha por la inmobiliaria, que incluye una reducción de edificaciones, un comodato de un terreno a la municipalidad y la reconstrucción de la casona destruida, entre otras.

"La inmobiliaria manifestó su parecer favorable en la reducción de la cantidad de edificios y el espacio que ocupa de 23 torres de distintas altura pasaría a 15. Las torres no tendrían la altura que está presupuestada, sino que podrían bajar a un máximo de 12 pisos" y "se ocuparía un 25% del suelo que está en condiciones de ser utilizado. Partes de estos se podría entregar en comodato a la autoridad municipal para que se estableciera un parque en beneficio de la comunidad", dijo el magistrado.

Los estacionamientos, afirmó Muñoz, serían subterráneos y no se construirían en la superficie y la empresa vería la factibilidad de asociarse a la nueva forma técnica. En tanto, la casa que "fue destruida o demolida se reconstruiría" y se vería el mejor lugar- junto con los vecinos y todos- para su emplazamiento.

En la audiencia, además-, el abogado de la Inmobiliaria del Puerto SpA., Edgardo Palacios, precisó que "cuando afirmé que eran 500 y algo de estacionamientos era lo que nos autoriza el actual EISTU. Las unidades habitacionales seguirían siendo las mismas, 720, que estaban contempladas originalmente".

Estas características presentadas son parte del proyecto definitivo que presentaría la inmobiliaria y que deberán ser evaluadas por el Concejo Municipal, instancia que vería si sigue o no con la conversación de conciliación o espera una resolución de la Corte.

Llamado a conciliar

Sin embargo, pese a este escenario, el magistrado Muñoz llamó a las partes a tomar en consideración un acuerdo. Recalcó que "siempre, lo reitero, existe la posibilidad de que esta Corte resuelva el litigio, lo que ocurre es que si lo hacen las partes se puede lograr una determinación o decisión más amigable que los deje a todos contentos. Cuando lo hace la Corte resuelve en derecho y generalmente da favor a una parte o a la otra, según las posiciones que estén adoptadas".

Bajo esta dinámica subrayó que "se ha llamado a este esfuerzo de conciliación para los efectos de si existe la posibilidad de dar este entendimiento entre la municipalidad, la empresa constructora y los vecinos. Esperemos hasta el 5 de agosto para ver cómo siguen estas conversaciones".

Detalló que "se ha dispuesto que para que la municipalidad tenga a lo menos un tiempo en que pueda dar cuenta al Concejo Municipal, va a tener por lo menos tres (sesiones de) Concejo Municipal en que va a poder dar cuenta de esto y, posteriormente, nos vamos a reunir el día 5 de agosto".

Concluyó que "estamos con la conversación y vamos a seguir con la conversación, no hay ninguna determinación adoptada, (...) y no se ha seguido porque la municipalidad no ha podido funcionar y los representantes de la municipalidad pidieron mayor plazo".

"Estamos con la conversación y vamos a seguir con la conversación, no hay ninguna determinación adoptada".

Sergio Muñoz, Magistrado

A través de redes sociales, vecinos denunciaron una nueva toma irregular en una quebrada entre Nueva Aurora y Placeres, límite entre Viña del Mar y Valparaíso, situación que genera preocupación a ambas comunas por la falta de viviendas y donde la Gobernación Provincial precisó que ya realizó la denuncia a Carabineros.

Desde la Gobernación informaron que "cada vez que llega alguna denuncia de vecinos por una eventual toma ilegal de terrenos, se toma contacto de inmediato con Carabineros para que se realice una inspección en terreno por parte de la institución policial, con el objetivo de corroborar la denuncia y poder actuar en caso de constatarse un delito flagrante".

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, a través de Twitter, dijo que "hemos informado la situación y hemos enviado un equipo municipal para fiscalizar la situación", siendo el tema de la vivienda primordial para la gestión, según manifestaron desde el municipio de la Ciudad Jardín.

Más crítico fue el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que planteó la problemática por la carencia de viviendas. Sharp destacó que "vemos con preocupación que muchas familias de la zona y del país no puedan materializar el derecho a la vivienda digna y el Gobierno no esté impulsando una fuerte inversión en la construcción de barrios que permitan enfrentar el déficit existente".

El jefe comunal porteño enfatizó que "más nos preocupa cuando estudios de la misma Cámara Chilena de la Construcción precisan que se requieren cerca de 31 años para responder a las necesidades habitacionales de 84 mil familias allegadas de ingresos bajos que residen en la Región Metropolitana, cuando se estima que el déficit alcanza las 700 mil viviendas".

Reconoció que en 2018, "cuando asumió Sebastián Piñera, propusimos la creación del banco de suelos; la recuperación de inmuebles en el sector El Almendral y el plan de Valparaíso; la generación de un fondo para la recuperación y ampliación de viviendas que por la situación económica de sus propietarios se encuentran en mal estado y con el riesgo de ser declaradas inhabitables; como también invertir recursos públicos para la regularización de campamentos y dotar de servicios básicos diferentes zonas de la ciudad", acciones que se han efectuado.

Sharp agregó que "debemos pensar en la construcción de barrios y para eso se requiere de inversión pública, de la participación de la comunidad y del rol que pueden cumplir actores privados en este desafío".

Ayer, la Corte Suprema determinó postergar los alegatos por varamientos de carbón tras la solicitud de AES Andes y Puerto Ventanas de dar más plazo para recibir oficios que habían solicitado al Gobierno, situación que provocó molestia. El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, dijo que "nos parece impresentable que las mismas empresas que solicitaron la apelación, (...) ahora utilicen excusas de última hora para lograr postergar los alegatos". El senador Juan Ignacio Latorre recalcó que "creo que son estrategias dilatorias, sobre todo de la empresa Puerto Ventanas, AES Gener, que no quieren que el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso se implemente desde ya".

Un joven repartidor de un servicio de delivery murió la tarde de ayer en El Belloto, tras impactar su motocicleta contra un automóvil en la avenida Freire, frente al acceso a un local Homecenter. De acuerdo a lo informado por el jefe de la Cuarta Comisaría de Quilpué, capitán Claudio Ramírez, el accidente ocurrió pasadas las 18.30 horas y las circunstancias son investigadas por la SIAT. Sin embargo, testigos del impacto dieron cuenta que la colisión se produjo en momentos en que el conductor del auto se disponía a ingresar a la tienda comercial, no percatándose del motociclista que se dirigía en dirección a Villa Alemana. En vano fueron los esfuerzos del personal paramédico del SAMU para reanimar al joven lesionado, falleciendo en el lugar.