Ayer, durante la tercera sesión de la Convención Constitucional, la presidenta Elisa Loncón planteó la discusión por la libertad de los ciudadanos detenidos durante los desmanes del estallido social y también en el contexto histórico de los sucesos acaecidos en La Araucanía desde 2001.

"Consideramos pertinente tener una postura respecto de esta situación política que vive el país, por cuanto -explicó Loncón- el proceso solo fue posible gracias a ello". La tesis fue respaldada por buena parte de sus pares, entre ellos el abogado Fernando Atria, y las siempre efervescentes redes sociales.

De esta forma, la Convención Constitucional, aun reconociendo las prerrogativas de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, marcó un punto eminentemente político.

Se presentaron tres propuestas (una de ellas, la de Vamos por Chile, fue retirada en la segunda pausa dictada por Jaime Bassa). Las dos restantes -la D1, encabezada por Pedro Muñoz Leiva y suscrita por otros 46 constituyentes; y la D2, firmada por 41 integrantes de la Vocería del Pueblo, la Lista del Pueblo y Pueblos Originarios- coincidían en exigir suma urgencia al Proyecto de Ley de Indulto General y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos, como también el retiro de las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado, la inmediata "desmilitarización del Wallmapu" (...) y una indicación que disponga la aplicación obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración de la ONU, (...) así como el fin del aumento al presupuesto para "la represión del territorio mapuche".

Tras un farragoso primer proceso de votación (¿no habrá manera de corregir eso de cara a la población?), en el que varios revelaron dudas, tales como que la abstención no evidenciaba rechazo, lo que fue corregido por Jaime Bassa, o la confusión entre ambas declaraciones (D1 y D2, prontamente individualizadas por el paciente secretario de mesa John Smok), no hubo mayoría absoluta (D1, 52 votos; D2, 49; en contra, 34; y 16 abstenciones). Tampoco se pudo usar la botonera electrónica, por cuanto ésta solo tiene tres opciones.

Luego vino la discusión por cuántos minutos debía durar la reflexión previa a la segunda votación, incumpliendo plazos y con una vaguedad argumental inquietante. Finalmente, previo acuerdo de por medio, se impuso la Declaración 1, con 105 votos, 34 rechazos y 10 abstenciones.

Es cierto. Nadie dijo que sería fácil. A los gazapos del triste exsecretario ejecutivo Francisco Encina y del Gobierno se agregan ahora ciertos ripios de forma y fondo que ralentizan lo que todo el país espera: una discusión abierta, fecunda y sin exclusiones para la redacción de una nueva Constitución. No sea cosa, tal como dijo ayer en La Segunda el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, con algo de certera tristeza, que este proceso se termine convirtiendo en una "bolsa de gatos".

¿Qué trae la esperada Encuesta de Caracterización Económica 2020, la famosa Casen? Malas noticias, sin duda. En una lectura muy inicial (aún no se liberan los resultados de indicadores y dimensiones por separado), hoy en Chile, 2.112.185 personas viven en situación de pobreza por ingresos, 583.901 personas más en comparación con el año 2017.

También aumentaron las personas que viven en situación de pobreza extrema, es decir, las personas con ingresos que están por debajo de los umbrales mínimos de alimentación y subsistencia. Desde 2017 a 2020, esa pobreza aumentó de 2,3% a 4,3%, lo que significa que pasaron de ser 412.839 personas en esta situación a más del doble, 831.232. Esta es la primera alza de estas cifras en los últimos 20 años en el país.

Estos no son números, representan hambre, frío, angustia, enfermedad física y mental. Al observar los dos segmentos que constituyen quienes viven en situación de pobreza -"extrema" y "no extrema"-, es posible identificar que el aumento se concentra sobre todo en la pobreza más dura.

También vemos que el aumento se distribuye de forma desigual en las regiones, donde algunas no presentaron variaciones con respecto a 2017, mientras otras tuvieron crecimientos dramáticos, como Tarapacá, que pasó de tener un 6,4% de su población en situación de pobreza en 2017 a 14,0% durante 2020.

También destacan el incremento en las regiones de Antofagasta (de 5,1% a 9,3%) y Valparaíso (de 7,1% a 11,3%) y el aumento de la pobreza extrema que se da con extrema crudeza en Tarapacá (pasó de 1,7% a 6,9%) y en Arica y Parinacota (de 2,4% a 5,9%).

Las razones sanitarias impidieron, además, medir la pobreza multidimensional -que agrega factores como habitabilidad, educación, salud, entorno, apoyo y participación social, trato igualitario, seguridad-, porque el cuestionario se redujo y se hizo por teléfono, no presencial, lo que dificulta hacer comparaciones.

A la luz de esta lectura inicial y dramática, hoy tiene más sentido que nunca la idea de no descansar, de no bajar los brazos, mientras haya un dolor que mitigar. Y no existe mayor dolor que el que te priva de tus derechos básicos, la pobreza.