Constanza Peña Moya

Tras apelar frente a un primer fallo del Tribunal Electoral (TER) de Valparaíso -que acreditó "descuidos" en la gestión de Virginia Reginato, pero rechazó removerla de su antiguo cargo alcaldicio- este lunes se desarrollaron los alegatos ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por parte de su defensa y los denunciantes en el marco de su acusación por notable abandono de sus deberes y faltas a la probidad administrativa.

Lo que buscan ahora los concejales acusadores, según manifiesta su abogado, Andrés Silva, es establecer un precedente para estos casos. "Habiéndose constatado este nivel de irregularidades, que no parezca que actuar así sale gratis", asevera Silva. "Se escuchó la aprobación de la causa, donde el relator del tribunal narra a los ministros del TER los hechos y las apelaciones que presentamos ambas partes. La defensa de Reginato, obviamente, planteaba que se levantaran todos los cargos", comenta el jurista.

De esta forma, ambas partes permanecen a la espera del fallo que definirá si es que se cambia dicho veredicto, lo que estima que podría producirse dentro de 15 a 30 días. En caso de ser así, la actual concejala podría enfrentar incluso una destitución, así como la inhabilidad por cinco años para ejercer cargos públicos, lo que afectaría su actual desempeño como concejala viñamarina.

Motivos para apelar

Según explica Silva, "aquí los concejales han manifestado que no hay nada personal; lo que se pretende es que frente a situaciones que son graves y significan un gran perjuicio a municipio, se aplique una sanción máxima. Por eso es que discrepamos del fallo de primera instancia, en relación a cómo se calificaron jurídicamente los hechos", afirma.

En su primer fallo, el TER de Valparaíso -que se mostró dividido- establece que "las conductas u omisiones sancionadas no son de la gravedad o notabilidad que hagan acreedora a la autoridad edilicia de una sanción mayor" ya que "la autoridad adoptó medidas que pudieron -al término del año 2019- revertir tal situación".

A pesar de ello, el documento expresa explícitamente "la convicción de este Tribunal en cuanto a que las acciones y omisiones, como máxima autoridad edilicia, evidencian que sí ha incurrido en abandono de sus deberes".

Nuevo involucrado

En Valparaíso, en tanto, el pasado viernes 9 de julio, también hubo novedades respecto al proceso que sigue la acusación contra el alcalde Jorge Sharp. Al juicio -también por irregularidades que incluyen el notable abandono de deberes- se sumó el exconcejal Claudio Reyes (Ind.-MVC) mediante la figura de tercero coadyuvante.

Reyes, quien compitió por el sillón alcaldicio en las últimas elecciones, asegura que "era parte de una promesa que se hizo, en la que terminada la campaña, yo me iba a hacer parte de este proceso". "Creo que era algo que sí o sí había que hacer, de acuerdo a mi convencimiento de que las acusaciones que se hacen al alcalde Sharp tienen asidero y fundamento, por lo que creo que pueden tener -ojalá en el breve plazo- un resultado que dilucide en forma adecuada la verdad del tema", dice.

De tal forma, el exconcejal se suma a un requerimiento que cuenta con apoyo de los antiguos ediles Marina Huerta, Pedro Solís, Jaime Bahamondes, Iván Vuskovic y Yuri Zúñiga, quienes se sumaron a lo que hicieron en noviembre de 2020 otros seis concejales.

Acusación simultánea

"Hay muchos temas sobre este juicio que van a estar muy relacionados con la acusación de notable abandono que también el alcalde hizo contra la gran mayoría de nosotros en el Concejo", adelantó Reyes, en relación al requerimiento paralelo -ingresado a inicios de este mes- en que la alcaldía acusa a los concejales salientes por una supuesta infracción a la probidad administrativa.

Aunque piden su destitución y cese de funciones, solo uno de ellos fue reelecto para el período actual. Por ello, de las sanciones que se solicitan, únicamente tendría validez la inhabilidad de ejercer cargos públicos por cinco años.

"Somos nueve los concejales que estamos metidos en ese tema, y por tanto, los resultados entre ambas acusaciones muy probablemente van a estar interrelacionados", indica Reyes. Según añade el excandidato independiente, "en lo personal, aunque los tiempos de los trámites sean absolutamente relativos, me siento tranquilo de ingresar como tercero".

El Tribunal Oral en lo Penal condenó ayer a la pena de presidio perpetuo a Marcos Saúl Godoy Escobar por el delito de violación reiterada en contra de dos mujeres, delitos que perpetró en Valparaíso en noviembre de 2018 y diciembre de 2019.

De acuerdo a lo informado por el fiscal Álvaro Mansilla, el cuerpo colegiado, "sobre la base de la prueba rendida, especialmente la declaración de las víctimas, testigos, peritos, documentos y fotografías, y sobre la base de las circunstancias agravantes acreditadas en juicio y tomando en consideración la reiteración de delitos cometidos por parte del imputado, además de la extensión del daño ocasionado a las afectadas, determinó condenar al acusado a la pena de presidio perpetuo".

Cabe consignar que fue brutal el actuar de Godoy en la comisión de sus delitos. De hecho, en el primer ultraje, perpetrado el 7 y 8 de noviembre de 2018 en el sector de la Remodelación_Balmaceda, frente a la estación de servicio Shell de la avenida España, el sujeto amenazó con una cortaplumas a su víctima, que padecía un trastorno psicótico remitido, para luego trasladarla a un sector de matorrales, donde la redujo mediante golpes y la retuvo por un largo periodo.

En situación de calle

La segunda violación la cometió el 22 de diciembre de 2019, a plena luz del día, en la escala Numancia del cerro Esperanza. De acuerdo al relato del fiscal Mansilla en el juicio oral, en ese lugar el imputado abordó a la víctima, una mujer en situación de calle, la tomó "fuertemente del cuello y la arrastra a un sector eriazo cercano a la escala, donde mediante fuerza comete el ilícito, agrediéndola con golpes de puño en su rostro y mordeduras en su rostros mientras le gritaba que la mataría".

Al término del juicio oral, el fiscal informó que el tribunal también acreditó dos circunstancias agravantes. Por un lado, el ensañamiento, es decir, aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios para su ejecución, y actuar en contra de una de las víctimas en despoblado.

Dirigentes de varios sindicatos de trabajadores de la educación entregaron una carta en la Seremi de la cartera planteando sus reparos al traspaso de los establecimientos municipalizados a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), por lo que piden postergar la operación hasta una fecha posterior al plebiscito de salida de la futura Constitución.

El vocero de las organizaciones firmantes en la región, Michael Humaña, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Valparaíso, señaló que "la carta también se va a entregar en La Moneda. Consideramos que todo el proceso de traspaso hacia los SLEP ha sido nefasto en las comunas donde ha ocurrido, y porque además, la Constitución debe estar lista en un año y medio más, por lo tanto, implementar hoy día servicios locales significa un gasto importantísimo de dinero por parte del Estado, y en el caso que la Convención Constitucional diga otra cosa respecto de la educación escolar pública, sería plata perdida".

La misiva, dirigida al Presidente de la República, está firmada por 59 organizaciones, autoridades, dirigentes sociales, sindicales y de profesores y trabajadores de la educación de varias comunas del país.