La nueva Constitución es una oportunidad para perfeccionar la relación entre el Estado y los pueblos indígenas de Chile. Esto es un imperativo de justicia, tanto porque hay un daño que reparar como porque es necesario para completar el relato de lo que somos. En el último censo, el 12,8% de la población (2.185.792 personas) se consideró perteneciente a uno de estos pueblos, concentrándose principalmente en la Región Metropolitana (615.000) y en La Araucanía (300.000).

La nación chilena es una e indivisible, es multicultural y se ha construido a lo largo de los siglos. Junto con diversas olas migratorias, destaca el aporte hispano -que nos legó civilización, idioma y religión- y el mapuche -que nos heredó una especial relación con el territorio y el carácter recio del único pueblo originario que resistió por casi cuatro siglos la conquista extranjera. Chile es uno solo y somos iguales.

El necesario propósito de reconocer el aporte de los pueblos indígenas y mejorar la relación del Estado con ellos, a la luz de lo visto en las dos primeras semanas de funcionamiento de la CC, está amenazado por -al menos- dos elementos que, bajo la apariencia de aliados, pueden terminar siendo los verdugos de esta causa pues la aparta de la democracia y, probablemente, le reste apoyo popular.

En primer lugar, resulta imprescindible que los constituyentes se alejen de grupos como la CAM, que instrumentalizan la causa mapuche y buscan reivindicarla infundiendo terror a través de atentados. Apoyarlos significa ponerse del lado de los victimarios en múltiples delitos y contribuir a la confusión de estos grupos terroristas con el pueblo mapuche.

Lamentablemente, el reciente atentado de la CAM en Carahue, del que resultó que un trabajador inocente esté en riesgo vital y que uno de los miembros de la organización -que estaba encapuchado y portaba un fusil de guerra M16- haya sido abatido, nos hace ser poco optimistas.

En efecto, gran parte de los partidos políticos y líderes que representan a la mayoría de la CC (Lista del Pueblo, FA, PC, PS) no tuvieron dudas de ponerse del lado de la CAM, callaron sobre el trabajador herido y sugirieron, insólitamente, quitarle poder a la policía. También le proporcionaron al hecho una narrativa legitimadora, manchando con la sangre inocente de Ceferino González las válidas reivindicaciones del pueblo mapuche que nada tienen que ver.

Además, sedientos de desgracias que impulsen sus agendas y que aceleren la refundación que pretenden, a cientos de kilómetros al norte y a minutos de los primeros trascendidos, no dudaron en tratar de hacer mártir al hijo del líder de la CAM, cuando a las pocas horas se supo que el fallecido tenía otra identidad, haciendo el ridículo y mostrándose de cuerpo entero.

Las lágrimas de cocodrilo fueron variadas: "Carabineros, en defensa de la propiedad forestal, asesina a hijo de Llaitul mientras participaba en acción reivindicativa que no arriesgaba vidas humanas. Vergüenza nacional. Desmilitarización del Wallmapu y justicia para la familia Llaitul" (diputada Maite Orsini); "Miles abrazamos a la familia de Ernesto Llaitul. En esta funesta noche el dolor cala cada fibra de nuestra humanidad. Apagaron la vida de un joven mapuche y nos recuerdan hasta donde pueden llegar por defender sus intereses ¡Pero la lucha por justicia se enciende aún más! (alcalde Jorge Sharp); "Mis abrazos y cariños a la familia Llaitul. Urge la desmilitarización de La Araucanía" (Lorena Fries, exdirectora INDH); "Han asesinado a Ernesto Llaitul. Esta situación es gravísima y la indignación nos desborda pero no paraliza. Nos ponemos a disposición de la familia…No más militarización" (diputado y candidato presidencial Gabriel Boric).

En segundo lugar, las lógicas o políticas identitarias dentro de la CC -tienes tal o cual derecho (cupo reservado en comisión, preferencia en el uso de la palabra…) en tanto el colectivo del que formas parte y no en tanto tu calidad de constituyente- no solo atentan contra la democracia representativa y la igualdad esencial de todas las personas sino que promueven una lógica estrecha en cuya virtud las causas solo serán bien defendidas en la medida que lo haga alguien perteneciente al colectivo que se ve beneficiado por esa causa.

Parece más gestión de intereses que deliberación democrática. A las personas no se las protege por su origen, cultura, religión o color, sino que por el hecho de ser personas. Lo que fortalece la representación no es la pertenencia a un grupo, es la elección de cada cual. Es el voto, no la identidad.

La CC se está transformando en una colección de identidades, una suerte de corporativismo del siglo XXI, lo que resta posibilidad de éxito al diálogo real y fecundo, que es la única fuente de un consenso lo suficientemente amplio para sentar, verdaderamente, las bases de un nuevo trato respecto de nuestros pueblos indígenas.

Para completar el relato de lo que somos, la CC debe resistir la tentación de confundir la causa mapuche con la violencia terrorista y de transformar la deliberación democrática en gestión de intereses entre grupos o identidades diversas.

PorJuan pablo rodríguez,

Director ejecutivo fundación pIensa