Redacción

A los 90 años falleció, durante la noche del domingo, el exsacerdote católico Fernando Karadima Fariña, antiguo párroco de la Iglesia El Bosque de Providencia, y quien fue condenado en 2011 por abuso sexual contra menores por el Vaticano.

La muerte del religioso fue por una serie de enfermedades que en junio pasado habían motivado su internación en el Hospital Clínico de la UC, entre ellas bronconeumonía e insuficiencia renal. El exreligioso murió en el Hogar San Juan de Dios, donde permanecía en "penitencia".

El denominado "Caso Karadima" fue uno de los más emblemáticos de abusos sexuales cometidos por religiosos, cuyo destape derivó en una crisis total en la Iglesia Católica chilena, incluyendo la salida de toda la Conferencia Episcopal.

Fue en 2010 que tres víctimas del religioso, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton denunciaron los delitos de Karadima. La justicia canónica lo condenó a una "vida de oración y penitencia", aunque en 2018, el Papa Francisco I lo expulsó del clero.

Pese a que la justicia acreditó los abusos sexuales, estimó que habían prescrito como, lo que motivó a Cruz, Hamilton y Murillo a demandar a la Iglesia en 2017. Finalmente, la Corte de Apelaciones determinó el pago de una indemnización por más de $400 millones a los denunciantes.

REACCIONES

Los denunciantes emitieron una declaración este lunes, en que aseguraron estar "en paz" y que "solo nos mueve seguir luchando para que estos crímenes no vuelvan a pasar". En su comunicado, Cruz, Murillo y Hamilton añadieron que "todo lo que teníamos que decir de Karadima está dicho. Él era un eslabón más en esta cultura de perversión y encubrimiento en la Iglesia".

El Arzobispado de Santiago, en tanto, dijo tras la muerte de Karadima que acompañan "de cerca a las víctimas sobrevivientes y a sus familias". "Reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando en la promoción de ambientes sanos y seguros al interior de la Iglesia", añadieron.

El escritor Pablo Simonetti opinó que "las denuncias de los abusos de Karadima fueron el inicio del desvelamiento en nuestro país de la horrible doble moral de la Iglesia Católica respecto de la sexualidad".

Un espeluznante hallazgo realizó Carabineros este domingo al interior de una vivienda en una población ubicada en la calle Azapa de la comuna de Curicó: se trató del cuerpo de una mujer adulta mayor, con una data de muerte de entre 10 a 12 años.

El caso conmocionó a la ciudad de la región del Maule, dadas sus características. Y es que los restos de la anciana se encontraron "en reducción esquelética", según detalló la policía civil, recostados sobre una cama y con su vestuario puesto.

Aunque las causas del fallecimiento de la mujer se desconocen, relatos de vecinos señalan que la persona, vista por última vez hace más de diez años en el sector, padecía cáncer.

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las pesquisas en el lugar de los hechos, de acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público, para determinar la causa de muerte y descartar o confirmar si hubo acción de terceros.

"Continuamos diligencias, a fin de establecer fehacientemente cómo se suscitaron los hechos", explicó el subcomisario Bernardo Velozo, de la PDI de Curicó, según informó radio Cooperativa este lunes.

Versión de vecinos

El macabro hallazgo ocurrió después de que un nieto de la mujer interpusiera una denuncia por presunta desgracia ante la policía uniformada, motivo por el cual funcionarios de Carabineros llegaron el domingo hasta el domicilio en el sector de Curicó.

Según el portal de noticias Prensa Curicó, cuando se le preguntaba por su madre a la mujer, ella habría informado que estaba bien, junto a familiares en Santiago.

La Federación de Medios de Comunicación, entidad gremial que reúne a diversos medios de comunicación del país, emitió una declaración pública en la cual planteó su "profunda preocupación respecto de los actos de amedrentamiento público en contra de periodistas" que han dado a conocer situaciones relacionadas con personas juzgadas por hechos ocurridos en el contexto del estallido social.

La entidad, que agrupa a la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), aseguró que en el crucial proceso político que vive el país se "requiere de ciudadanos informados y una prensa libre".

En relación a "los actos de violencia ocurridos en octubre de 2019, la actuación de los órganos de Justicia y sus implicancias políticas, los medios de comunicación no pueden eludir su rol de informar con apego a los hechos ni renunciar a su función de interpretar e incluso entregar opiniones respecto de estos".

La Federación recordó el rol histórico de la prensa como "un órgano social de control del ejercicio del poder", y que "el ataque físico y verbal, la intimidación y cualquier otro acto de coacción, atenta directamente contra la democracia".

"Reconocemos el legítimo derecho a la crítica, pero rechazamos las acciones de linchamiento a través de redes sociales que tratan de manera indigna y vejatoria a personas que ejercen una labor pública esencial", explicó la Federación, a raíz de "funas" y amedrentamientos sufridos por profesionales de los medios en las últimas semanas. "Declaramos nuestra solidaridad con los periodistas que hayan sido víctimas de estos ataques injustificados, cobardes y anónimos, y reafirmamos nuestro compromiso de aportar a una sociedad libre e informada".