Desafíos de la nueva institucionalidad
El presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, pide cambios profundos al sistema de tramitación de los proyectos de inversión. La Convención Constitucional deberá definir las nuevas reglas que permitan equilibrar el interés de los privados por invertir con las exigencias de las comunidades que se sienten afectadas.
En su primera visita a la zona como presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el ingeniero Antonio Errázuriz, mostró su alarma porque la Convención Constitucional no aborda en estos días los temas que "dieron origen a esta asamblea constituyente" y expuso la necesidad de apelar al "entendimiento, el diálogo y la construcción de los acuerdos" para que el trabajo de los convencionales pueda llegar a buen puerto, esto es, elaborar una nueva carta magna capaz de convocar el consenso mayoritario del país.
Errázuriz fue más allá en sus palabras y reconoció que una de las esperanzas del rubro de la construcción es que la nueva Constitución permita cerrar la brecha de incertidumbre que surge cada vez que actores privados - e incluso el Estado - impulsan un proyecto. Un ejemplo patente es el hotel Punta Piqueros, ya edificado en el borde costero de Concón y hoy enfrascado en una disputa legal que podría terminar con su demolición - para los especialistas quedará determinar, si es posible elegir, si su destrucción termina siendo más dañina para el medioambiente que su emplazamiento -, pese a que en su momento transitó el camino abierto por la autoridad y obtuvo los permisos necesarios. No se trata de estar a favor o en contra del hotel, enfatiza Errázuriz, pero los inversionistas -en Chile y en cualquier país, cabe decir- requieren de certezas para embarcarse en iniciativas de largo aliento y fuertes montos.
De construir una nueva institucionalidad capaz de entregar esas seguridades, en ello el timonel de la CChC tampoco se equivoca, depende la capacidad que tendrá la Región para superar el duro transe que ha vivido en la pandemia. ¿Cómo puede un nuevo conjunto de reglas equilibrar el impulso privado por construir - emprender, desarrollar, proponer -, con las justas exigencias de las comunidades que se sienten perjudicadas por dichas iniciativas? La solución no es fácil de alcanzar y los debates que habrá en torno a ella en la Convención Constitucional serán álgidos, complejos y seguramente extensos. Sería lamentable que el resultado fuera una institucionalidad como la actual, que no cumple adecuadamente con las expectativas de ninguna de las partes. Tampoco parece sensato que sean los tribunales de Justicia el mejor lugar donde cada proyecto sea disputado, al punto que las decisiones previas sobre ellos, no importa cuántos estudios hayan exigido, terminan en el tacho de la basura. En esta situación, "entendimiento, diálogo y construcción de acuerdos" dejan de ser palabras de buena crianza para convertirse en un camino ineludible.