Katherine Escalona M.

Luego de casi tres años de investigación, ayer la Fiscalía finalmente presentó cargos, tras la audiencia de control de detención, contra C.I.M.R., de 25 años, por el delito de robo con homicidio y uso malicioso de tarjeta de crédito, ilícitos que habría cometido en calidad de autor, contra Amanda Rojas Riquelme, de 24 años, quien fue encontrada sin vida en su departamento en diciembre de 2018, en el cerro Placeres de Valparaíso.

Las circunstancias de cómo se determinó la participación del hombre, quien llegó junto a la víctima a su domicilio, fue descrita detalladamente por el fiscal Pablo Avendaño. En más de una hora de audiencia dio cuenta de la dinámica de los hechos, situación que se pudo corroborar tras diversas diligencias investigativas, específicamente de peritajes concluyentes de los médicos especializados Lionel Grez y Vivian Bustos. Ambos profesionales con participación en complejos casos criminales como el de Matute Johns y Hans Pozo, los cuales concluyeron que sí hubo intervención de terceros.

En base a los antecedentes respecto al tipo de heridas que tenía la víctima, cinco con un cuchillo, una de ellas en su cervical que difícilmente se podría haber propinado Amanda; que fueron encontradas huellas del imputado en el cuchillo que habría sido utilizado para el homicidio; que también estaban sus huellas en una copa de la casa de Amanda y que tras peritajes de las cámaras de seguridad se da cuenta que el hombre sí estuvo en la casa de la víctima, el magistrado Miguel Sáez, del Juzgado de Garantía de Valparaíso, consideró la petición del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva por un plazo de 90 días de investigación.

"El imputado ha sido formalizado por un delito que tiene pena de crimen, antecedente suficiente para este sentenciador para estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. A razón de aquello se da a lugar la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público", recalcó.

Otros antecedentes

Pero los datos considerados por el juez no fue todo lo que se expuso en audiencia. El fiscal Avendaño también informó que el sujeto robó las tarjetas de crédito de Amanda, hizo compras por más de $650 mil - fue al mall y compró alimentos en un McDonald's - se llevó el teléfono de la víctima y lo hizo desaparecer, no informó sobre la muerte de la joven que fue encontrada por una amiga en su departamento.

Avendaño explicó que "ha sido una investigación larga que se ha extendido más allá de lo que nos hubiera gustado por distintas razones, incluyendo la propia pandemia, pero básicamente porque se trata de un caso de sumo complejo que ha obligado a realizar los mejores esfuerzos en términos investigativo".

El persecutor precisó que "hemos ido acumulando una serie de antecedentes, tanto declaraciones de testigos, pericias médicas, pericias químicas, reconstitución de escena, etc., que han permitido reunir la mayor cantidad de información en relación al caso y una vez reunida toda esa información (...) pudimos entregar esos antecedentes a una perito de primer nivel que realizó un análisis global, completo, y que permitió sustentar finalmente la impresión que siempre tuvimos, desde un comienzo, no obstante no podíamos afirmarla, que en la muerte de Amanda Rojas hubo intervención de terceras personas, particularmente del imputado, el señor Martínez".

Lo vertido por la Fiscalía fue cuestionado por la defensa del imputado, Rafael Almarza, quien recalcó que el primer peritaje del Servicio Médico Legal arrojó que "no es posible identificar si son heridas autoinfligidas o causadas por un homicidio", por lo que no habría certeza del caso.

Explicó que su representado prestó dos veces declaraciones "sin conocer el contenido de la carpeta investigativa" y participó de la reconstitución de escena. Concluyó que "tenemos una investigación que, salvo los antecedentes nuevos del doctor Grez y la doctora Bustos, no hay otros antecedentes", puesto que el Médico Legal había reconocido que "no puede concluir de que se trate de una hipótesis homicida".

"Ha sido formalizado por un delito que tiene pena de crimen, antecedente suficiente para este sentenciador".

Miguel Sáez, Magistrado de Valparaíso

Esta semana ha sido clave para el futuro del proyecto Parque Pümpin del barrio O'Higgins, en Valparaíso. Primero, porque el Concejo Municipal, de forma unánime, decidió rechazar la propuesta de la Inmobiliaria del Puerto SpA, en el marco de las bases de conciliación gestionada por la Corte Suprema. Tras ello se informó la resolución del máximo tribunal que fallará en 60 días más y ayer se dio a conocer que la Fiscalía de Valparaíso decidió no perseverar en una querella interpuesta en contra del alcalde por el privado.

La información fue confirmada por la Municipalidad de Valparaíso, que explicó que la acción legal fue interpuesta por la empresa de Nicolás Ibáñez contra el jefe comunal porteño por el presunto delito de prevaricación administrativa que -según la inmobiliaria- habría incurrido al dejar sin efecto, el alcalde, los permisos de edificación del Parque Pümpin. Sin embargo, el Ministerio Público no tendría antecedentes para presentar acusación.

La determinación, según confirmó el municipio, fue comunicada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso luego de realizadas las diligencias por parte del querellante que solicitó la recopilación de antecedentes, declaraciones de vecinos que efectuaron reclamos de ilegalidad y la declaración que hizo el alcalde al Ministerio Público, acciones que no arrojaron nuevos antecedentes.

Sobre el caso, el abogado de Sharp, Carlos Silva, explicó que "esta decisión de no perseverar implica que el Ministerio Público, luego de haber realizado la investigación, no ha obtenido ningún elemento que permita sostener que el alcalde Sharp ha cometido algún ilícito en la dictación de estos decretos".

Los actos administrativos que cuestionó la empresa fueron el N° 1.619 de 30 de junio de 2017; el N°2.491 de 08 de septiembre de 2017 y el N°2.514 de 11 de septiembre de 2017. En los tres el alcalde acoge los reclamos de ilegalidad de los vecinos por el proyecto habitacional proyectado en Pümpin y deja sin efecto el permiso de edificación del proyecto, lo que ha sido objeto de discusión en la Corte.

Con un 96% de votos a favor, la Asociación de Funcionarios del Serviu Valparaíso inició un paro indefinido -que será revalidado el martes-, debido a "una serie de situaciones de inequidad salarial, inestabilidad laboral y ausencia de una real carrera funcionaria", según expusieron en una declaración pública.

Acusan incumplimiento de acuerdos por parte de la actual administración, lo cual se traduce en la no nivelación de 26 funcionarios "contratados con grados inexistentes" y "contratación 'a dedo' de personas no necesarias para las funciones propias del Servicio", entre otros puntos.

Consultado al respecto, el director regional de Serviu, Tomás Ochoa, señaló que los temas ya se han tratado en mesas de trabajo con los funcionarios, "no obstante, lamento profundamente que en plena pandemia, en la que la ciudadanía, nuestros usuarios, los más vulnerables, lo están pasando mal, se les cierren las puertas. Ahora es cuando más nos necesitan. Por lo mismo, estaremos funcionando y atendiendo de acuerdo a las capacidades".

En el sector del mall Marina Arauco de Viña del Mar y gracias a la información que aportaron transeúntes, Carabineros de la Ciudad Jardín logró la detención de un sujeto que, el 25 de junio, se había fugado de la cárcel de Valparaíso. El hombre cumplía condena por robo con violencia y tiene 17 causas penales por diferentes delitos. Lo que más llamó la atención fue que al momento de ser detenido portaba documentación de otra persona. El prefecto de Viña del Mar, coronel Javier Cuevas, detalló que "lo más increíble es que este sujeto, al momento de ser detenido, portaba entre sus pertenencias documentos identificatorios que correspondían a otra persona. Sin embargo, gracias a la agudeza de Carabineros que lo trasladó a la comisaría es que, a través de los sistemas tecnológicos de la unidad, se obtuvo la verdadera identidad tratándose de esta persona que estaba siendo requerida por la justicia y que recientemente se había fugado de la cárcel". Añadió que, a raíz de la denuncia, personal policial "actúa rápidamente, se despliegan y logran tomar contacto con esta persona".