Si bien la violencia política es un fenómeno que, con distinta intensidad, nos ha acompañado durante toda nuestra historia, el 18 de octubre de 2019 representa un quiebre mayúsculo dado que, de manera inédita, la mayoría del espectro político decidió legitimar -por complicidad u obsecuencia- métodos de presión consistentes en coaccionar físicamente al prójimo.

La política decidió, con miseria en el corazón y la calculadora en la mano, abrir las puertas de nuestra democracia a atentados contra la integridad de las personas, la propiedad y espacios públicos. Lamentablemente, quienes abrieron esta puerta no tienen la llave para cerrarla. Por muy arrepentidos que puedan estar, deberán cargar en sus conciencias con el peso de horadar nuestra democracia profundamente y con las muertes y sufrimiento que su cobardía ha producido.

En los últimos días, dos de los principales líderes políticos de nuestro país -la presidenta de la Convención Constitucional y el candidato presidencial del Frente Amplio y el Partido Comunista- se mostraron ambiguos en su relación con la violencia, lo que resulta grave y abona el pesimismo.

Requerida por el conflicto en la macrozona sur y los atentados terroristas que con periodicidad ahí se producen, Elisa Loncón afirmó: "No tengo el estándar de Mandela para pedir que bajen las armas". Es decir, no condenó, por ejemplo, el hecho que la CAM, con fusiles de guerra M16, siga perpetrando ataques contra la vida y propiedad de personas inocentes.

Para condenar estas "formas de lucha" no se requiere ser Mandela, se necesita ser demócrata. La democracia descansa en la resolución pacífica de las controversias y en el monopolio del uso de la fuerza legítima por parte del Estado.

En parte, es un sistema de reglas que permite ejercer nuestra libertad con respeto a la del resto, teniendo por límite esencial el uso de métodos que atenten contra la integridad física de las personas. La alternativa a esto es "la ley del más fuerte" y el estado de conflicto permanente.

La ambigüedad pública de Gabriel Boric con la violencia es de más larga data, por lo que su comportamiento de esta semana no puede causar sorpresa. Sus loas a Fidel Castro y el homenaje al asesino de Jaime Guzmán -además de posar con una polera en la cual el senador asesinado tenía su cabeza baleada- dan luces del verdadero alcance sus convicciones democráticas.

El candidato presidencial, en el marco de su agenda para promover la impunidad de los imputados vinculados a delitos cometidos a propósito del 18-O, visitó hace un par de semanas el capitalino Centro de Detención Preventiva Santiago 1, con la intención de conversar con algunos detenidos. Al poco de entrar, fue increpado por familiares y amigos de los imputados y recibió un golpe de puño por parte de un detenido.

Todos condenamos esta agresión... salvo Boric. Él, en un sucedáneo cristiano de poner la otra mejilla, afirmó: "Sufrimos una agresión menor, frente a la cual hemos solicitado que no se instaure ningún tipo de sanción, porque lo que se está viviendo al interior de Santiago 1… ya es lo suficientemente grave e injusto… Seguiremos trabajando por el indulto a los presos políticos".

La cobardía de no condenar la agresión es agravada por la insistencia de indultar a quienes se les acusa de cometer graves delitos. Hoy quien lo sufre es él, pero si es Presidente lo sufriremos los chilenos.

En la pasión, cuando uno de los guardias del sumo sacerdote le pega en la cara a Cristo, éste no pone la otra mejilla, sino que le pregunta: "Si he hablado mal, declara lo que está mal; pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?", dando cuenta que el hecho de buscar la misericordia comprende también el no relativizar el desvalor de un acto.

Finalmente, cabe señalar que el Gobierno tiene una gran parte de responsabilidad en la realidad que hemos descrito. Nosotros renunciamos al uso de la fuerza y le damos el monopolio al Estado, pero en el entendido que éste ejercerá la fuerza legítima contra los violentos, de modo tal de asegurar nuestra convivencia pacífica. El Gobierno, a diferencia de Loncón y Boric, no está llamado a condenar retóricamente la violencia, está llamado a derrotarla, rol del cual a veces ha abdicado.

En las elecciones que se avecinan una pregunta que debiera guiar la votación del ciudadano que cree en la democracia es si el candidato condena sin matices la violencia política y, en el caso de la presidencial, si estará dispuesto a combatirla con fuerza legítima, promoviendo que prime la razonabilidad de la ley y no la ley del más fuerte.

Por JUAN PABLO RODRÍGUEZ,

DIRECTOR EJECUTIVO FUNDACIÓN PIENSA