Tensos y agitados días de definiciones electorales. Mientras Unidad Constituyente realizará el sábado su consulta para determinar el nombre que la agrupación llevará en la cédula única presidencial, todos los partidos e independientes alistan sus nominaciones para la elección general del 21 de noviembre, que a la votación para Presidente de la República suma la de senadores, según corresponda, diputados y consejeros regionales. El plazo para las inscripciones vence el próximo lunes.

La Región de Valparaíso, con los distritos 6, zona interior, y 7, sector costa, cada uno de ellos elige diputados. Y es en la nominación de esos candidatos donde surgen tensiones y diferencias que muchas veces terminan dañando el resultado final. Una enorme luz roja se enciende en la UDI al recordar el caso de Viña del Mar, más allá de las deficiencias de la larga administración Reginato.

Así, el maltratado gremialismo realizó una definición el lunes pasado, sujeta a revisiones de acuerdo a las posibilidades de cada postulante y, lo principal, a la voluntad de postular. Se hicieron cambios y consultas considerando, en primer lugar, que los nombres van en la lista común de Chile Vamos y, luego, los actuales escaños distritales de la colectividad. En el distrito costero la UDI tiene dos diputados y sus socios, solo uno. En el interior, los RN son tres y la UDI no tiene representantes.

En el escenario UDI inicialmente aparecían cinco postulantes en el distrito interior y seis en el costero. Entre los nombres hay figuras conocidas, como Raúl Fuhrer, seremi del MOP, y Jorge Castro, exalcalde de Valparaíso. Figura también su esposa, Rossana Ducaseau, quien, pese a ser nominada, afirma que no tiene interés ni que fue consultada. Sí quería ser candidato gremialista Santiago Matta. No pudo serlo, pues no se desafilió a tiempo de RN. Rogado resultó Ronald Von Der Weth, pero fue convencido e irá al sacrificio.

En suma, la UDI ha barajado estos días trece nombres para ambos distritos y pueden aparecer otros.

Al otro lado de la vereda, Apruebo Dignidad busca asegurar cupos parlamentarios con reelecciones. La duda es sobre el diputado Marcelo Díaz (Unir), que podría migrar a Coquimbo tras un sillón senatorial. Otra interrogante es la decisión de ir a la reelección de Diego Ibáñez (CS). La diputada Camila Rojas (Comunes), que se repostula, sostiene optimista que "la unidad del Partido Comunista y el Frente Amplio ya es una realidad en el Congreso, y la lista única proyecta esa unión". Esto, mientras el PC define su gente y RD se juega por la independiente Mabel Zúñiga, presidenta regional de la ANEF.

En fin, izquierda, centro y derecha se deben definir de aquí al lunes y para ello un dato, indirecto pero ilustrativo, serán los resultados del sábado de la consulta de Unidad Constituyente.

Hace algunos días, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se deshizo en críticas hacia los delegados presidenciales regionales, alegando que son un freno de mano al proceso de descentralización. La polémica surgió a raíz de la imposibilidad que tuvo de reunirse con los servicios públicos que operan en la región sin autorización del delegado, habida cuenta que corresponde a este último ejercer la coordinación y fiscalización sobre aquellos. Su opinión quedó resumida en una frase que se hizo viral en redes sociales: "Esa hueá no procede".

El episodio permite confirmar la importancia que los autores le atribuyen a la elección democrática de gobernadores como hito inaugural de los procesos de descentralización. Pero, además, deja entrever la constante tensión que existirá entre las autoridades regionales electas y aquellas que son designadas por el nivel central.

Las declaraciones cruzadas entre ambas figuras será la regla general en los meses que vienen; sin embargo, es menester que de esta fricción deriven acontecimientos más significativos que la mera queja a través de los medios. La crítica en contra del centralismo es justa, pero también es cierto que el proceso de descentralización está recién en marcha.

Es pertinente hacer memoria de las reformas de descentralización aprobadas en los últimos años y que comenzarán a regir en el corto plazo. Pienso particularmente en la Ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización, publicada en 2018. En virtud de ésta -y de la reforma constitucional que la habilitó-, durante los dos primeros años de cada período presidencial los gobiernos regionales podrán activar un procedimiento administrativo para que el gobierno central les transfiera competencias en materia de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, y que actualmente son ejercidas por servicios públicos sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente.

Es probable que el número y tipo de competencias que logren atraer los gobernadores se convierta en un indicador de su buena o mala gestión. Pero el punto que quiero resaltar es el siguiente: si Mundaca y su equipo dejan la estrategia confrontacional y comienzan a elaborar los estudios que exige la ley para solicitar nuevas atribuciones durante los años 2022 y 2023, quizás luego puedan hacer algo bastante más trascendental que reunirse con algunos servicios públicos: ejercer directamente sus competencias. Y eso sí que procede.