Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana, son países que han dado rango constitucional a las normas que consagran su soberanía sobre el espacio marítimo. A pesar de contar con una costa de 6.400 km de longitud, una superficie marítima casi cinco veces superior a la terrestre, y de tener presencia en el continente sudamericano, en Oceanía -a través de Rapa Nui- y en la Antártica, Chile no incluye el mar en su Constitución Política.

Por la relevancia del océano en la historia, la identidad, la sustentabilidad ambiental y el desarrollo del país, cuyo comercio exterior circula en más del 90% por esa vía, es que la Liga Marítima de Chile (Ligamar) inició en 2017 el desarrollo de una propuesta para incorporarlo en la Carta Magna, con el fin de enfrentar de mejor forma los desafíos y oportunidades que el "maritorio" nos brinda.

Artículo único de la propuesta

Seminarios, mesas de trabajo, presentaciones y acciones de difusión se han sucedido desde entonces, hasta materializar la iniciativa en un proyecto que detalla los ámbitos en que el mar ha tenido un papel preponderante, donde destaca, además de su importancia en el comercio, su influjo determinante en las comunicaciones y los desafíos medioambientales, al ser una de las principales fuentes de absorción de CO2 -el mayor responsable en la generación de los gases de efecto invernadero-, como también su relevancia en cuanto fuente de alimentación, de minerales, de generación de energía y su aporte a la mitigación de la sequía mediante procesos de desalinización.

Todo ello en el espacio del Mar Chileno, en el cual el país ejerce derechos exclusivos, reclamaciones de diverso grado y soberanía, que comprende el mar territorial (120.827 km²), la zona contigua (131.669 km²), la zona económica exclusiva (3.681.989 km²) y la correspondiente a la plataforma continental (161.338 km²), donde para Ligamar "es imperativo que la Constitución Política del Estado reconozca y promueva la identidad marítima de la Nación chilena y consagre lineamientos de una visión estratégica que sirva de sustento a una política oceánica permanente".

Así, se plantea el contenido de un artículo único de solo 646 caracteres que señala: "Sobre los espacios marítimos constituidos por el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y la plataforma continental extendida, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional y la ley.

Es deber del Estado proteger los espacios sobre los cuales ejerce soberanía y jurisdicción, fomentar la identidad marítima de la Nación, estimular la investigación científica y el desarrollo sostenible, tecnológico, social y económico, así como tutelar la preservación del patrimonio ambiental y de la biodiversidad en dichos espacios".

Entrega a convencionales constituyentes

El presidente de Ligamar , Miguel Ángel Vergara Villalobos, expone que cuando la Convención Constituyente haya concluido su proceso de organización, "nos dirigiremos en especial a aquellos constituyentes cuyos distritos tengan espacios marítimos y, además, a todos quienes puedan tener interés en estos temas, y sin distinción de color político, les haremos llegar vía mail o carta certificada la información sobre nuestro proyecto y los fundamentos que lo avalan", pues ese organismo "está escribiendo una Constitución para los próximos 40 ó 50 años, y creemos que en ella el mar no puede seguir ausente".

En el proyecto, agrega, "no solo proponemos incorporar aspectos relacionados con la soberanía, sino también con el fomento de nuestra identidad marítima, con el estímulo a la investigación científica y el desarrollo económico sostenible, así como con la preservación y cuidado de los ecosistemas marinos".

El directivo se declara optimista sobre la acogida de la iniciativa y "no prevemos ninguna variable política que sea contraria a este objetivo; por el contrario, nos parece que el mar es un potente punto de unión entre los chilenos", que determina que no seamos "una angosta faja de tierra" sino "una larga y ancha faja de mar".

La plataforma continental extendida

Si estuviera vigente el deber constitucional del Estado de proteger los espacios sobre los cuales ejerce soberanía y jurisdicción, ¿ya se habría presentado la reclamación sobre la Plataforma Continental Extendida del Territorio Antártico Chileno?

"El hecho de que no exista una norma constitucional sobre la soberanía de nuestros espacios marítimos, no es excusa para no haber actuado con mayor firmeza ante Argentina", responde Miguel Ángel Vergara.

"No hemos sido suficientemente enérgicos en la defensa de nuestros derechos ante las pretensiones argentinas sobre su Plataforma Continental Extendida; reaccionamos tibiamente en una nota del 2009. Vinimos a despertar del letargo recién el año pasado, cuando Argentina promulgó una ley formalizando una plataforma que no solo viola el Tratado de Paz y Amistad de 1984, sino que avanza en reponer una inexistente teoría bioceánica, en la que el Pacífico y el Atlántico estarían supuestamente delimitados por el meridiano del Cabo de Hornos", agrega.

Subraya que "inexplicablemente, Chile todavía no presenta ante la Comisión de la Plataforma de la CONVEMAR su proyección más allá de las 200 millas en el Mar Austral y la Antártica" y hace ver que "Argentina no solo ha desconocido el Tratado de 1984, sino que recientemente ha ignorado olímpicamente el Tratado de 1881, atribuyéndose una suerte de control del Estrecho de Magallanes. Chile protestó, pero no se ha sabido del retiro de esa intempestiva pretensión".

Y en lo que respecta a si habría medios efectivos para el resguardo de las nuevas áreas marinas protegidas, en caso de que la Constitución incluyera el resguardo de los espacios sobre los cuales ejerce soberanía y jurisdicción, plantea que "somos uno de los países con mayor extensión de áreas protegidas, abarcando el 43% de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE). Sin embargo, esto no pasará de ser un gráfico en las cartas de navegación, mientras no existan planes de manejo y medios para fiscalizar y controlar la eventual depredación".

En definitiva, resume, "ninguna norma constitucional tendrá efecto si no existe la voluntad política de actuar. La Constitución no hace milagros". 2

La Convención está escribiendo una Constitución para los próximos 40 ó 50 años, y creemos que en ella el mar no puede seguir ausente".

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl

chile cuenta con una costa de 6.400 km de longitud y una superficie marítima casi cinco veces superior a la terrestre.

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