El más que centenario edificio que ocupó la desaparecida Bolsa de Valores de Valparaíso, adquirido en 2019 por la Universidad Santa María, acogerá al Instituto Internacional de Innovación y Emprendimiento 3IE de esa casa de estudios superiores. El inmueble, que por décadas fue uno de los centros económicos más importantes del país, pero que tuvo un final poco feliz, fue adquirido en $2.000 millones por la Universidad en una decisión que significa apoyo a valores patrimoniales que tanto cuestan mantener en la ciudad. El Instituto de Innovación, por otra parte, es un aporte desde la academia a la tan necesaria renovación empresarial en tiempos de cambios económicos y sociales. Más allá de esa función relevante, la nueva vida que se da al edificio llama a mirar en su conjunto todo el antiguo centro financiero de la ciudad, hoy decaído en movimiento y ocupación. Hay allí edificios de alto valor y de fuerte presencia urbana, que sin un adecuado uso como es lo que asegura la Universidad Santa María, están condenados a un paulatino deterioro.

El reciclaje urbano no es novedad. Lo encontramos en muchas ciudades del mundo, que han reconvertido antiguas y valiosas edificaciones, bien ubicadas pero ya con baja utilización. Tenemos el ejemplo cercano de Puerto Madero, en Buenos Aires, antiguos almacenes portuarios que albergan desde exclusivos restaurantes hasta importantes centros universitarios. A la escala de Valparaíso es posible buscar nuevos destinos a esas antiguas edificaciones que pueden contribuir a dar una nueva fisonomía a la decaída y maltratada ciudad. Un buen ejemplo de nuevas utilización de valiosas edificaciones lo viene dando desde hace tiempo la Armada, situando en calle Prat y en Plaza Justicia algunas de sus reparticiones. También se ha logrado dar un nuevo uso del antiguo edificio del Banco Edwards, en las esquina de calles Urriola y Prat.

Una alerta extrema de deterioro lo tenemos en el antiguo inmueble donde se ubicaba el Bar Inglés, que literalmente se comenzó a caer a pedazos en plena zona de amortiguación del casco urbano declarado por Unesco como Sitio de Patrimonio Mundial. El anunciado rescate y la entrega de recursos, nunca suficientes, para el edificio del Hotel Royal es una buena señal que debería proyectarse a otros sectores de la maltratada ciudad. En ese sentido, hay que insistir en una gestión sobre el patrimonio enfocada a la atracción de inversiones, cuestión que, mirada en perspectiva, no aparece como prioritaria para algunos sectores de la ciudad; pese a todo, el acuerdo suscrito entre la Subsecretaría de Patrimonio y la Municipalidad puede significar un avance en la agilización de un nuevo modelo de gestión que rescate y de nueva vida a los valores existentes contribuyendo así a frenar el decaimiento de la ciudad.

Desde octubre de 2019 hemos vivido como país un escenario complejo al ir enfrentando una doble crisis: una social de origen interno y otra sanitaria de carácter global y derivada de la crisis por la pandemia de covid-19. Ambas se han retroalimentado y afectado de manera significativa la implementación de las políticas monetaria y fiscal.

Recientemente fue entregada la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2020, que nos reseñó que en Chile hay 831.232 personas en situación de pobreza extrema y, adicionalmente, 1.280.953 personas que no tienen recursos para satisfacer sus necesidades básicas. En el caso de nuestra región, la pobreza extrema representó un 4,9% del total de la población, mientras que en el país fue un 4,3%.

No obstante lo anterior, el Banco Central de Chile anunció hace unos días que el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó una inédita alza del 18,1% en el segundo trimestre de 2021 y algunos analistas proyectarían un incremento anual cercano al 10%. Sin embargo, una mirada más larga nos obliga a revisar los motores de este crecimiento del segundo trimestre, como el consumo total, que alcanzó un 31%, y la formación bruta del capital fijo, que registró un 24,8%, dado que estos números son insostenibles en los próximos años a raíz de las restricciones que tendrá la política fiscal y la política monetaria en un horizonte de mediano plazo.

Otro debate que ha surgido con mucha fuerza en el escenario económico es respecto al sobrecalentamiento de la economía chilena, en medio de la extensión del IFE hasta noviembre y la discusión ad portas de un cuarto retiro de fondos previsionales. En este punto, destacados economistas, tales como Nicolás Eyzaguirre, Joseph Ramos, Ricardo French-Davis y José De Gregorio -solo para mencionar algunos de ellos-, han planteado sus observaciones y comentarios sobre estas dos iniciativas y sus impactos a mediano plazo en la inflación, que ya alcanzó un 4,5% al mes de julio si lo miramos en los últimos doce meses, y a largo plazo en el incremento de pasivos contingentes a enfrentar en el tema de las pensiones, las cuales estarán, sin ninguna duda, en un escenario más complejo que el actual.

En consecuencia, el debate actual parece ser atrapado en la inmediatez y no se mira más allá que el cortísimo plazo. La posibilidad de un incremento de la inflación no solo es un problema local, sino más global; y por otro lado está el aumento de la carga financiera del Estado por el incremento del gasto fiscal y diversas estimaciones indican que la deuda pública podría alcanzar entre un 38,5% y el 50% del PIB al 2026.

Finalmente, es muy relevante restablecer los equilibrios macroeconómicos, lo que implica revisar los estímulos fiscales y focalizar los apoyos en los más necesitados y en la recuperación de los empleos, que sigue siendo una asignatura pendiente para nuestra economía. Y aunque es reiterativo, no podemos olvidar que la pandemia sigue asolando a las personas a nivel global y nacional.