Pamela Boltei

El primer revés político vivió la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en la sesión del Concejo Municipal de este jueves, cuando se abordó la contratación directa de la empresa Ingesmart S.A. que proveería de 36 cámaras de televigilancia para la comuna por cinco meses y con un pago de $ 27 millones mensuales.

El tema, que había sido cuestionado el miércoles en páginas de este Diario por el concejal independiente pro PS, Sandro Puebla, fue votado en la sesión del jueves, instancia en la que resultó rechazado por 4 abstenciones (Antonia Scarella, UDI; Pablo González PC; Nicolás López, PC; y Tomás de Rementería, PPD), dos rechazos (René Lues, DC; y Sandro Puebla) y tres aprobaciones (Carlos Williams, RN; Nancy Díaz, FA; y Alejandro Aguilera, CS).

"Elevado sobreprecio"

En el Concejo del jueves, Puebla pidió que se estudie mejor y con más tiempo la propuesta de trato directo "en atención a que en la licitación pública del servicio por arrendar y mantener 122 cámaras que se abrió ayer las ofertas están en el rango de los $27 a $35 millones mensuales y se toman plazos más acotados que cinco meses para instalar las nuevas y definitivas cámaras. La urgencia no justifica el elevado sobreprecio que se pretende pagar, debemos cuidar los recursos de todos los viñamarinos y dar una señal de transparencia a la comunidad de que no repetiremos los errores de la administración anterior".

Por lo anterior, pidió que se retire la propuesta de contratar directamente, que se instruya a los equipos municipales que revisen y evalúen la licitación pública en curso para implementarla en un plazo menor y que se refuerce la estrategia de vigilancia con Carabineros.

Lues, quien también votó en contra, indicó que "lo encontré lesivo para la municipalidad", mencionando el alto valor de éstas y que además "la empresa a la que se le aprobaría el trato directo ofrece 54 días para la instalación de las 122 cámaras y, por lo mismo, en el evento que fuera adjudicada en esa licitación -en la que se encuentran incluidas las 36 del trato directo-, podría ocurrir que pagáramos casi cuatro meses de más e incluso pagar el doble por el arriendo e instalación de 36 cámaras que están incluidas igualmente en la licitación mayor".

Tampoco está de acuerdo en que "una empresa a la que la adjudicáramos un trato directo haya postulado a la licitación mayor, pues podría afectarse la igualdad de los oferentes", y cuestionó la rebaja en el arriendo de las 36 cámaras que hizo la firma, que también dijo que regalaría al municipio los equipos.

"es complejo el rechazo"

El edil Aguilera, que aprobó, dijo que "es complejo el rechazo y no logré entender del todo las posturas de mis colegas que se abstuvieron o rechazaron, puesto que en sesiones previas, en el propio Concejo habíamos definido hacer una contratación por trato directo". Y añadió: "El trato directo y la licitación pública no se traslapaban ya que el plazo considerado daba holgura a que más empresas pudieran estar en condiciones de reunir las condiciones técnicas y económicas óptimas para una tarea de esta envergadura".

También Nancy Díaz, del FA, dijo estar "muy desconcertada" por la votación "de algunos concejales, que su argumentación que se basa en supuestos. La seguridad de las personas no tiene precio, nosotras las mujeres somos quienes tenemos que avisar cuando llegamos bien a casa, cuando tomamos un auto, cuando estamos en una esquina insegura. Debemos tener en cuenta que la seguridad de Viña estuvo abandonada y ya no podemos seguir con ese modelo".

"Hay criterios políticos"

Sobre esto, la alcaldesa Macarena Ripamonti explicó que "lo único que pedimos es que nos pongamos a trabajar lo más rápido. El 22 de julio el Concejo Municipal por unanimidad dio una orden de servicio a la Dirección de Seguridad Pública para hacer un trato directo. Se abrió una convocatoria privada, llegaron 3 oferentes, 2 estuvieron dispuestos a rebajar el precio. Todas las tratativas, conversaciones preliminares son parte de la ley y son públicas para quienes las deseen consultar. Si es que se ha decidido, a pesar de que ayer se votó la urgencia, no adjudicar, es un tema que tenemos que resolver como Concejo".

Eso sí, manifestó que "es legítimo querer esperar hasta la licitación definitiva, pero me parece que aquí hay criterios finalmente políticos de quien decide esperar y de quién decide ponernos en el peor de los casos y prever situaciones. Pero es una decisión legítima que ha tomado el Concejo, creo que los procesos son discutibles y solo tenemos que trabajar para tener lo más rápido posible las cámaras que puedan brindar seguridad".

"Debemos cuidar los recursos de Viña y dar señal de transparencia de no repetir los errores de la administración anterior".

Sandro Puebla, Concejal (Ind. pro PS)

"El trato directo y la licitación pública no se traslapaban, el plazo daba holgura a que más empresas pudieran estar en condiciones".

Alejandro Aguilera, Concejal (CS)

"Es legítimo querer esperar, (...) pero aquí hay criterios políticos de quien decide esperar y de quien decide ponernos en el peor de los casos".

Macarena Ripamonti, Alcaldesa de Viña del Mar

Dando luz verde a una iniciativa presentada desde el Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo Regional (Core) aprobó ayer, por un monto total de casi $236 millones, el proyecto de "Transferencia Programa de Recambio de Calefactores para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví". De esta forma, tras la elaboración de un catastro de los calefactores a leña en dichas localidades, se pretende impulsar el recambio voluntario de estos aparatos con el objetivo de reducir su emisión de material particulado, así como la contaminación intradomiciliaria.

Roberto Burgos, presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, celebró el respaldo y calificó la posición del Core como "una poderosa señal en cuanto a su compromiso permanente con el desarrollo sustentable".

Según detalló, la meta que se han propuesto es beneficiar a "200 familias de Quintero, Concón y Puchuncaví, que podrán acceder a cambiar su calefactor a leña por otros más amigables con el medioambiente" tras pasar por un proceso de postulación, preselección, verificación de los datos de cada vivienda y selección. Tras ella se gestionará "un pequeño copago", se instalará el nuevo calefactor, y finalmente, se retirará el antiguo para ser chatarrizado. Asimismo, se realizará un seguimiento de los beneficiarios.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Medio Ambiente, un calefactor certificado -de acuerdo a la normativa actual, entrada en vigencia en 2014-, además de contaminar menos, es más eficiente energéticamente y más seguro que un calefactor de chimenea abierta. Mientras uno a leña puede alcanzar una eficiencia de 15 a 25%, uno que cuenta con la certificación es capaz de superar el 70%: en otras palabras, producen más calor, lo que permite un ahorro en cuanto a combustible.