-¿Qué reflexión le motiva el caso de la Lista del Pueblo, movimiento anti partidos por definición?

- En su origen fue un movimiento anti partidos por definición, pero con el paso de los meses se fueron transformando en un nuevo partido en los hechos. Se les dejó competir como independientes, como si no fueran un partido político, pero lo cierto es que su práctica política ha sido muy similar a la de aquéllos; por lo tanto la crítica al sistema representativo y a los partidos es muy poco sustanciosa. Yo creo que el correcto funcionamiento de la democracia representativa depende del correcto funcionamiento de los partidos políticos, depende de los partidos políticos. Y no cabe duda de que hay que reformarlos para hacerlos más representativos de la diversidad de la sociedad chilena. Darles espacio a los independientes, pero no creer que por serlo tienen la varita mágica.

- ¿Qué derechos sociales deben estar en la Constitución y cuáles canalizarse por la vía legislativa?

- Además del derecho a la educación, a la salud, a las pensiones, me parece que un nuevo derecho social que debería estar garantizado constitucionalmente es el de la vivienda digna. Hay que definir muy bien lo que vamos a entender por eso, por tanto la declaración constitucional tiene que resuelta luego en el Congreso, en el debate legislativo, de forma tal que no exista solo en la Constitución, sino que también se establezca prácticamente en la política pública. Hay que tener mucho cuidado con terminar judicializando la política, y que sean los jueces quienes decidan, por ejemplo, qué significa digna. Prefiero que esa decisión la tome el debate político más que los jueces. Esa es una diferenciación que tenemos que tener muy en mente para no entregarles a los jueces un poder excesivo sobre las normas, porque van a terminar dependiendo de la contingencia y del juez, mientras que cuando la resolución o el significado dependen del debate político, ahí participamos todos a través de nuestros representantes. Eso me parece más justo y más democrático. 2