La palabra "lucro", que significa "ganancia, provecho, beneficio, utilidad", ha sido desprestigiada por el vulgo, especialmente en lo que atañe a la educación. Sin embargo, también la ley de educación superior del año 1980, emitida por el gobierno militar, prohíbe el lucro en esa educación. Pero en toda sociedad existe el lucro. Porque las instituciones que reciben algo sin contraprestación lucran. De hecho, la donación es el acto lucrativo por excelencia; en ella el donante tiene que empobrecerse y el donatario enriquecerse; en caso contrario, no hay donación. Por lo demás, así lo exige la ley. Así que, por ejemplo, los franciscanos que según la regla de su fundador, tienen o tenían prohibido tocar dinero, lucraban cuando recibían limosnas, lo único que en esta materia tenían admitido.

Cuando la ley chilena prohíbe el lucro a las instituciones educativas, eso significa no que no puedan tener ganancias, sino que las que tengan no pueden ir a manos de sus sostenedores, o dueños, como sí acaece en las sociedades civiles o comerciales. Así que la ley, que en Chile por lo ordinario está mal redactada, en este caso adolece de errores. Las instituciones educativas pueden lucrar, pero ese lucro no puede ser para sus dueños.

Pero el asunto es más grave, porque no sólo se lucra en la educación, sino en todas las actividades. Lucran los fabricantes de medicamentos, los transportistas, los profesionales de la salud, de las leyes, los expendedores de alimentos, etcétera. Dentro de este último ítem se encuentra el Estado, que percibe impuestos generales. Y aunque es cierto que suele gastar todo su producto en beneficio de los ciudadanos, esa "obligación" es política y no jurídica, así que el Estado podría embolsar los impuestos y no expender nada a cambio. O sea, lucrar en el sentido más propio.

¿Por qué, empero, el interés se ha concentrado en la educación y no en otras actividades más importantes, como es la salud? Porque al silogismo callejero: la educación es un derecho social, por lo tanto debe ser gratuita, se le podría objetar ¿y la salud o la alimentación no lo son? de modo de tener que ser gratuitas. Eso sin contar que el concepto de derecho social y la conexión lógica entre la premisa y la consecuencia, están lejos de ser claras.

El hecho es que todo siempre tiene que ser pagado por alguien; nada es gratuito. En último término está el Estado, o sea, el bolsillo de todos.

Detrás de estas griterías se esconde, en consecuencia, el interés de los que gritan; así que el grito de quienes piden gratuidad es de lo más sospechoso.