La mesa directiva de la Convención Constitucional envió ayer un oficio a la Fiscalía Norte Metropolitana, en el cual pide investigar si el constituyente Rodrigo Rojas Vade cometió algún delito al poner en su declaración de intereses y patrimonio una deuda bancaria para el pago de un tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer, una enfermedad que Rojas Vade nunca padeció, como es ahora de público conocimiento. El oficio se sumó a la declaración pública hecha por la mesa que lideran Elisa Loncon y Jaime Bassa y, con certeza, tendrá repercusiones más allá de la controversia instalada debido al engaño perpetrado por el exintegrante de la Lista del Pueblo. El rápido movimiento de la directiva constituyente muestra la preocupación que existe sobre cómo esta mentira podría repercutir en la legitimidad que requiere la instancia para avanzar en su trabajo primordial, que es redactar la nueva Constitución. De ahí el énfasis que puso Jaime Bassa en que no iba a existir una "defensa corporativa" de Rodrigo Rojas, un mensaje claro que debería entenderse respecto de cualquier caso parecido que aparezca en el futuro.

Con todo, queda aún un tema complejo por resolver: ¿es posible destituir al convencional que ha incurrido en una falta de este calibre? La renuncia no está contemplada en la reforma que abrió el camino constituyente; por tanto, cualquier vía de solución pasa por las interpretaciones que puedan dar los especialistas y la propia mesa directiva de la Convención. El problema en este punto surge porque conviven en la instancia aquellas visiones que prefieren plantearse como un poder constituyente autónomo, capaz de entregarse sus propias reglas, incluso a costa de impugnar las que están vigentes, con aquellas ideas de que el organismo tiene una misión acotada, cuyos límites están ya previstos en los cuerpos legales publicados. La discusión sobre los dos tercios es un ejemplo claro de esta tensión subyacente en la CC y con seguridad permeará las discusiones que existan en el caso de Rodrigo Rojas Vade. Junto a estos efectos legales, hay algunos debates que comienzan a tener mayor visibilidad a partir de esta controversia. Uno es, como lo expresan algunos comentaristas de la plaza, el derrumbe de las posturas moralizantes como herramientas de acción política. En otras palabras, aquellos que hicieron campañas con la estrategia de apuntar con el dedo tampoco pasaron la "prueba de la blancura", algo de lo cual deberían tomar nota los candidatos que competirán en noviembre. Otra discusión en auge es aquella que reflexiona sobre la tendencia de los actores políticos a abrazar causas específicas y/o atrincherarse en posturas de reivindicación identitaria, sin mucho ánimo de hacer aquello que es propio de la política: construir un espacio común para encontrarnos y dialogar sobre el futuro de nuestro país, más allá de todas nuestras legítimas diferencias e identidades.

La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, junto al director nacional del INDAP, Carlos Recondo, y al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Federico Errazuriz, concretaron la declaración de emergencia agrícola para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y el Maule, a lo que se sumó la Región Metropolitana durante el fin de semana pasado, anuncio realizado por el Presidente, a consecuencia del déficit hídrico provocado por 13 años ininterrumpidos de sequía.

Este decreto se trata de un fondo de emergencia para la sequía por un total de 8 mil millones de pesos, que se complementarán con recursos de los Gobiernos Regionales junto a otros ministerios, como Obras Públicas.

Estos recursos se utilizarán para distribución de forrajes a crianceros, obras menores de regadío, revestimiento de canales menores, movimiento para conducir mejor los canales de agua, adquisición de geomembranas y compra de estanques acumuladores móviles que permitan acumular el recurso hídrico disponible, sobre todo en lugares de secano.

El sector agropecuario es clave para la economía chilena gracias al clima mediterráneo de la zona central, que abarca desde el desierto de Atacama hasta el Biobío en la zona centro-sur y que convierten al país en una potencia exportadora en este rubro.

Sin embargo, las alzas de temperatura, donde este año se registraron máximas récord en el mes de julio que rozaron los 30 grados en pleno invierno y la megasequía con una reducción de entre el 62% y 80% de déficit en comparación al promedio histórico, han generado un escenario catastrófico que ya pudimos percibir durante el año 2019 con la muerte de más 35.000 cabezas de ganado.

Los embalses de la zona central presentan, según las autoridades, un déficit de entre el 50% a 60%, mientras que el índice escala a cerca del 70% en cuanto a acumulación de nieve. El pronóstico para los caudales de verano indica que no van a ser suficientes como para regar la totalidad de las hectáreas destinadas a la producción agrícola.

Esta situación, lejos de ser pasajera, se convierte en la nueva realidad para la zona central del país, donde la desertificación avanza a un ritmo constante producto del cambio climático y la sobreexplotación del terreno, siendo nuestro desafío el cómo enfrentar estos suelos degradados y transformarlos en altos en carbono y materia orgánica. Para ello no hemos avanzado lo suficiente en infraestructura y tecnificación para el riego, nueva institucionalidad para el agua, reutilización de aguas grises, reconversión hacia cultivos más resistentes a la sequía y menos demandantes de agua, manejo de carga animal, reforestación de partes altas de cuencas, etcétera.

Si no logramos avanzar en proyectos que permitan la adaptación a las nuevas condiciones de pluviosidad, continuaremos con decretos de emergencia de manera permanente y en ese caso esta condición sí se convertirá en nuestra nueva normalidad.