Constanza Peña Moya

Fue hace alrededor de un mes cuando Julio César Rodríguez, conductor de Contigo en la Mañana, leyó en vivo una seria denuncia que habría recibido por parte de un amigo -ejecutivo de una firma de telecomunicaciones- respecto al cobro de coimas durante un proceso de licitación con la municipalidad de Viña del Mar. De acuerdo al mensaje que narró, tras su evaluación y adjudicación del concurso, se le habría solicitado el pago de "comisiones", las que además luego volverían ser exigidas por parte de un edil comunal.

"Obviamente no accedimos (a efectuar el pago) y perdimos la licitación. Solicité entrevista con un concejal y éste me dijo que me ayudaría, pero que eso me iba a costar. Plop. Obviamente no hicimos nada y nos retiramos. Sólo lo comento para que una fuente confiable demuestre cómo eran los hechos en esa época", declaraba el conocido del periodista y animador del canal Chilevisión. A la administración que alude es la de la exalcaldesa Virginia Reginato, si bien el edil al que se apunta sigue siendo un misterio, al menos dentro del Concejo actual.

La semana pasada, también durante la emisión del matinal, Rodríguez compartió con el público una inesperada actualización del tema. "Me llamó la Policía de Investigaciones porque se abrió una arista de la investigación. (...) Me escribió al WhatsApp y tenían que venir de Viña", dijo, añadiendo que "no tuve que esconder a la fuente, porque la fuente quería hablar". Según confirmó el conductor a este Diario, ya sostuvo una reunión en la que efectuó sus declaraciones. "La PDI ya tiene esa información, pero obviamente los detalles son secretos", indicó.

"estamos en ascuas"

Pese a que la denuncia se hizo presente rápidamente en la discusión del Concejo, en la actualidad la mayor parte de sus miembros desconoce el rumbo que ha seguido este asunto. "No nos han informado a nosotros de la investigación ni de si se nos va a citar o no a declarar", indica el reelecto Sandro Puebla (Ind-PS), quien más allá de conocer los hechos que se denuncian, expresa que aún no cuenta con "mayores antecedentes del caso".

El concejal Pablo González (PC), por su parte, considera que la situación "puede ser muy grave" porque "de cierta forma deja a todo el concejo municipal anterior bajo cierto cuestionamiento". "Estamos todos en ascuas con respecto a lo que va a pasar, si va a estar considerado o no dentro de la querella que ya se está presentando o de otra investigación del Ministerio Público", dice, indicando también desconocer las diligencias que inició la Fiscalía Regional.

Según confirman desde el organismo, a solo horas de que se hiciera pública la denuncia y con fecha 6 de agosto, "se tomó la decisión de iniciar investigación por el delito de cohecho", puesto que "para el Ministerio Público aparece plausible estimar que las exigencias de pago a un oferente en marco de una licitación que posiblemente esté financiada con fondos públicos, pudiera constituir el delito de cohecho del artículo 248 bis, del Código Penal". La investigación -que se inició de oficio- se encuentra vigente y con diligencias en curso, efectuadas por un equipo liderado por el fiscal J. Antonio Uribe, de la Fiscalía de Focos Investigativos y Análisis Criminal.

Despejar dudas

Mientras González asegura que "lo que buscamos ahora es que el Ministerio Público -junto con el municipio- logre aclarar cuál era el concejal que ellos dicen, así como cuál era la licitación propiamente tal", el concejal reelecto Carlos Williams (RN) manifiesta "mucha satisfacción de saber que hay un ente que está investigando para despejar las dudas que puedan recaer sobre los que ejercimos en el período anterior."

"Yo personalmente, en una sesión del Concejo, di a conocer este caso. Como soy uno de los dos concejales reelectos, pedí que el municipio -a través de su departamento jurídico- hiciera diligencias correspondientes para que se pudiera establecer quién era el concejal al que se refería el señor Rodríguez, y así no crear un manto de dudas y poder determinar su nombre", manifiesta. El departamento no acogió su solicitud -por no ser funcionario del municipio- pero confía en que la Fiscalía ahora hará su trabajo.

"Fue una declaración muy vaga la que se hizo al aire, pero sin embargo nos engloba a todos los que ya hemos sido concejales. Por ello es que estoy interesado en que se sepa y no quede como una denuncia al voleo. Al ser una denuncia sin nombre, si no se aclara, deja en tela de juicio la honorabilidad y el respeto de las personas", lamenta, como conclusión, el concejal de Viña del Mar.

"Fue una declaración muy vaga la que se hizo al aire, pero sin embargo nos engloba a todos los que ya hemos sido concejales".

Carlos Williams, Concejal RN

El Casino de Viña del Mar deberá pagar a la Municipalidad de Viña del Mar en octubre un total de $12.600.000 por concepto de impuesto mensual, como dispone la nueva ley de Casinos bajo la que opera.

La sala de juegos lleva apenas 24 días en funcionamiento, luego de haber estado prácticamente todo el año cerrada por las restricciones de la autoridad sanitaria para funcionar, debido a la mala situación epidemiológica de la ciudad y la región anteriormente. Hoy, con Viña del Mar en fase 4, está con sus puertas abiertas de nuevo bajo medidas covid, las que incluyen el permiso de movilidad para poder acceder a sus dependencias, entre otras cosas.

El casino debe cancelar la misma cantidad al Gobierno Regional el próximo mes, según informó la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

Durante el mes de julio de 2021, 25 casinos de juego pudieron operar parcialmente por 19,5 días de funcionamiento en promedio en el país, y sólo 2 operaron el mes completo (Marina del Sol Calama y Casino Luckia Arica).

Los 19 casinos de la Ley 19.995 aportaron un total de $6.375 millones en impuestos, lo que equivale a un 58% de los tributos generados en julio del 2019, previo a la pandemia. Estos se dividen en $2.890 millones que corresponden al impuesto específico al juego destinados a los gobiernos regionales y municipalidades para el financiamiento de obras de desarrollo, además de $2.746 millones asociados al pago de IVA por los ingresos del juego y $740 millones correspondientes al impuesto por entrada a las salas de juego, que se destinan a los fondos generales de la nación.