Región está a la espera del nuevo modelo de defensa penitenciaria
JUSTICIA. Ya opera en otras zonas del país y el defensor regional explica en qué consiste y sus alcances.
Los tribunales de ejecución de penas operan en varios países, y tienen por objetivo cautelar que las condiciones en que cumplen las condenas los reos al interior de los recintos penitenciarios sean las adecuadas y se ajusten a derecho.
Pero en Chile no existe una instancia similar, por lo que la Defensoría Penal Pública (DPP) está impulsando un nuevo modelo de defensa penitenciaria que, por el momento, se tradujo en un Manual de Actuaciones Mínimas. Éste ya se está aplicando en seis regiones del país, mientras que para la Región de Valparaíso aún no está definida la fecha de su entrada en funcionamiento.
Al respecto el defensor regional de Valparaíso, Claudio Pérez, explicó que "el nuevo modelo penitenciario 2021 viene a reforzar el trabajo que la DPP realiza con las personas condenadas y que están privadas de libertad en centros penitenciarios (no respecto de condenados con penas sustitutivas, cumpliendo en el medio libre)".
Agregó que "la defensa penitenciaria es una de las áreas de trabajo que están dentro de las defensas especializadas que contempla la institución, como los son la defensa especializada en responsabilidad penal adolescente; de migrantes, con enfoque de género; personas con problemas de salud mental; defensa indígena".
Mesa penitenciaria
Pérez precisó que "actualmente la Región de Valparaíso no es parte del plan de recintos penitenciarios, donde se están llevando adelante los pilotos en diversas regiones el país", mencionando a Tarapacá, O'Higgins, Aysén, Maule, Ñuble y CPF de Santiago. Y acotó: "Ahora bien, en mi calidad de defensor regional, soy integrante de la Mesa Penitenciaria que ha elaborado la propuesta del nuevo modelo actualmente en pilotaje".
Respectoa esto último adelantó que "el primer trimestre de 2022 tendremos la primera evaluación del mismo, lo que permitirá efectuar las correcciones que se estimen pertinentes e ir avanzando progresivamente en su implementación a nivel nacional".
Velar por los dd.hh.
Por otra parte, el defensor regional destacó que "una de las bases del modelo es seguir dándole continuidad al trabajo que como DPP y abogados defensores realizamos con las personas que son formalizadas y acusadas de delitos, pero ahora en esta nueva etapa al momento de que éstas comienzan a cumplir sus condenas".
"Lo anterior -continuó- con el objeto de prevenir o corregir situaciones vinculadas a la eventual afectación de los derechos humanos de las personas que se encuentran en esta condición. Desde las más evidentes, como pueden ser situaciones de violencia estatal, agresiones, hasta otras menos visualizadas, como son las dificultades para acceder a atenciones de salud o condiciones de reclusión, entre otras".
Tribunales de ejecución
Respecto de los denominados Tribunales de Ejecución, Pérez expuso que "estos existen en la legislación comparada y están orientados básicamente a especializar el trabajo que los jueces realizan justamente en esta área, respecto de las personas que están condenas, con el objetivo de ir analizando junto con la autoridad administrativa, los avances, retrocesos y problemáticas que puedan ir enfrentando las personas durante el desarrollo de su condena con un grado mayor de especialización; sobre todo con un enfoque de derechos humanos y teniendo presente que el fin último de la pena no debe ser sólo únicamente el castigo o sanción del individuo, sino que se debe buscar la verdadera reinserción o resocialización de las personas, justamente con el objetivo de que no vuelvan a cometer actos que nuestra sociedad considera como delitos".
El defensor regional recordó que "hace más de una década se viene planteando la necesidad de contar en Chile con tribunales de ejecución de penas, como existen en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, España y Alemania, entre otros países".
Finalmente, Pérez remarcó que "un sistema de ejecución de penas es plenamente coherente con nuestra pionera idea de contar con defensores penitenciarios que asesoran a las personas condenadas en permisos de salida (dominical, fin de semana, diaria), libertad condicional, rebaja de condena, abonos de prisión preventiva, unificación de penas, traslados dentro y fuera del país, reclamos de castigos y asistencia médica".
" El fin último de la pena no debe ser sólo únicamente el castigo o sanción del individuo, sino que se debe buscar la verdadera reinserción o resocialización de las personas".
Claudio Pérez, Defensor regional