Fiestas Patrias en un año recargado. Un año de definiciones, de dudas, de fáciles condenas al pasado con el pretexto de construir un futuro mejor. Una vieja aspiración que se proclama desde muchos lados, pero que es difícil de alcanzar sin una suma de voluntades para avanzar. Una de las tareas de este año, una esencial rutina democrática, es elegir Presidente de la República, además de parte del Parlamento e integrantes de los Consejos Regionales, con cifras inciertas en la ruta a La Moneda. Entretanto, convencionales elegidos en votación popular están entregados a tarea de formular un proyecto de nueva Constitución para reemplazar a la actual de 1980, que data del gobierno militar o de la dictadura o lo que usted prefiera, pero que ha sufrido numerosas modificaciones hasta llegar a establecer normas que permiten su reemplazo. Esa tarea del proyecto de una nueva Carta y de posterior plebiscito de salida con voto obligatorio, tiene plazos y el reloj está corriendo.

A esta recarga con que nos encontramos en Fiestas Patrias se suma la pandemia que ha dejado casi 38 mil muertos y que no cede en sus amenazas. La pandemia, además, ha tenido graves efectos colaterales que tocan a toda la población.

Uno de esos efectos es el desempleo que pese a su recuperación presenta aun 350 mil puestos de trabajo perdidos, que se deben reponer, números que suponen graves problemas que castigan a las personas y a las familias.

Y en medio de todo este cuadro ciertamente tensional en que se encuentra el país este 18 de Septiembre, la encuesta CEP muestra cifras significativas, reflejo del ánimo de los chilenos. Pide la población a la Convención Constitucional privilegiar los acuerdos, esos por algunos denostados acuerdos. En cuanto al trabajo de la Convención un 49% cree que una nueva Constitución "probablemente ayude a resolver los problemas", cifra menor en 7 puntos en comparación a la anotada en el último estudio de CEP. A la vez la confianza en la Convención solo tiene un 24% de apoyo. Pero donde el rechazo es tajante es en el tema de la violencia. Un 88% de los consultados no justifican barricadas o destrozos como forma de protesta, en tano un 93% rechaza los saqueos.

Son cifras, pueden no ser absolutas, pero que presentan una población que aspira a la paz y a la seguridad, pero también a la seguridad económica y sanitaria como lo revela la misma encuesta. En este año recargado, año lleno de definiciones, es valiosa esta pausa de Fiestas Patrias; aun con los riesgos de la movilidad se muestra un ánimo positivo, de pasarlo bien y de rescatar las tradiciones de la nacionalidad, pese a ciertas corrientes refundacionales que miran solamente las nubes negras y olvidan que la ciencia, el arte, la vida misma, se construye sobre el pasado, sobre la historia y sus luces y sombras.

El mundo atraviesa uno de los peores momentos para la causa de la democracia en varias décadas. En los últimos años, hemos visto a dictaduras que se vuelven más opresivas y a democracias que son clausuradas o sufren deterioro. Y no es algo confinado a las democracias que sabíamos más frágiles. Aun la más antigua e influyente del planeta vive dificultades importantes.

Lo anterior subraya el mucho cuidado que debemos poner en el modo de resolver la peor crisis política por la que Chile haya pasado desde la reimplantación de la democracia hace 32 años. Con frecuencia se afirma que las crisis ofrecen oportunidades. Y es cierto; es posible remediar defectos de nuestra institucionalidad política y fortalecer nuestra democracia y sigo pensando que el proceso constituyente en curso nos confiere la única opción viable para ello. Pero lo anterior exige recordar que también es posible que el deterioro resulte empeorado.

Una buena advertencia sobre lo más relevante que importa evitar podemos encontrarla en los cuatro síntomas de decadencia democrática que Steven Levitsky y Daniel Ziblatt identifican en su celebrada obra "Cómo mueren las democracias": tolerancia a la violencia como método de acción política, desconocimiento de las reglas del juego, deslegitimación del adversario y predisposición a limitar sus derechos civiles.

Desgraciadamente, de todo ello hemos visto a lo menos algo en el funcionamiento de la Convención Constitucional. Uno de sus primeros actos fue instar a los poderes colegisladores a amnistiar a quienes han acudido a la violencia política desde fines de 2019 y desde 2001 en La Araucanía. Y un convencional socialista, aunque luego se retractó, celebró la violencia sufrida por uno de sus colegas.

La Convención ha resuelto incumplir la norma constitucional que la obliga a acordar por los 2/3 de sus integrantes el reglamento conforme al cual se votarán las normas de la nueva constitución. Y parece que una minoría considerable busca desconocer la exigencia de ese quórum también para aprobar las normas del futuro texto. Uno de los reglamentos que la Convención aprobó esta semana en general -y que la próxima debatirá en particular- permite eludir el quórum de los 2/3 mediante la convocatoria a plebiscitos dirimentes.

La presidenta de la Convención, de la que se espera en cuanto tal imparcialidad, ha atribuido a un sector del órgano -ciertamente con tono deslegitimante- la condición de portadores de privilegios. Y el Reglamento de Ética, también aprobado en general, limita seriamente la libertad de expresión de los convencionales en las deliberaciones del órgano y amenaza con castigarlos con la restricción o suspensión del uso de la palabra por conductas tales como el "negacionismo".

Ojalá tengamos un panorama más alentador dentro de una semana.