El encasillamiento y calidad de servicios
El proceso de adecuación del personal municipal en Viña del Mar alerta sobre el déficit de $ 18.910 millones en las arcas edilicias. La alcaldesa Ripamonti dio a conocer que en el proceso de encasillamiento existen 263 plazas disponibles, sobre lo cual se está haciendo un trabajo riguroso, el que podría ser apoyado por algún organismo de control externo.
Oportuna la inquietud que tienen concejales de Viña del Mar ante el proceso de encasillamiento del personal que debe realizar la municipalidad. Este proceso tiene como factor relevante que no se puede olvidar el déficit de $ 18.910 millones que afrontan las arcas edilicias, principalmente por la glosa correspondiente a pagos a funcionarios a honorarios. Dentro del encasillamiento entran los funcionarios de planta y a contrata y el sistema considera la modificación o fijación de cargos.
En medio de esta situación hay a lo menos 20 trabajadores que accedieron a la Beca Subdere, que les permitió estudiar una carrera profesional. Ellos, dentro del encasillamiento, deberían acceder a funciones de acuerdo a la carrera que han estudiado, cambio que aún no se concreta. El concejal Pablo González citó el caso de un trabajador que se tituló de ingeniero, pero pese a eso se desempeña como conductor. Derechamente, no se cumple con la ley.
Profundizando en el tema financiero, el edil afirmó que "en el municipio está el capital humano… la municipalidad tiene que tener la capacidad de funcionar con los funcionarios que ya tiene". Y ahí aparece un tema de gestión y de liderazgo de la autoridad, que debe tener esa capacidad de que habla el concejal para hacer caminar esa cada vez más compleja maquinaria que es una municipalidad.
El concejal Carlos Williams, por su parte, insistió en que es "importante contar con la dotación completa de funcionarios, de acuerdo a la planta estipulada, en beneficio de la comunidad". Para ello pidió un pronto llamado a concurso público "para que así, además, los funcionarios a contrata y honorarios tengan también la opción de ingresar a la planta y efectuar su trabajo".
Al representante edilicio Sandro Puebla le inquietan "los derechos de los trabajadores municipales de carrera; y si a ellos les corresponde ascender, debe hacerse oportunamente". Y planteó una cuestión de alcance financiero, como son los pagos retroactivos que se deberían asumir si esos ascensos no se aplican oportunamente.
Al informar sobre esta situación y posibles movimientos en la estructura funcionaria de la municipalidad, la alcaldesa, Macarena Ripamonti, dio a conocer que en el proceso de encasillamiento existen 263 plazas disponibles, sobre lo cual se está haciendo un trabajo riguroso, el que podría ser apoyado por algún organismo de control externo.
Este control es necesario y sus resultados deben ser transparentados con el objeto de no repetir esas opacidades que acompañaron a la administración municipal anterior y que fueron castigadas en la última elección municipal.
En todo este proceso, junto con resguardarse el interés de los trabajadores municipales, se debe poner en primera línea la calidad que deben entregar los servicios públicos a la comunidad.