El Presidente Sebastián Piñera, a través de una cadena nacional, presentó anoche los principales lineamientos de la Ley de Presupuesto 2022, la cual fue ingresada al Congreso ayer por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, adelantándose una semana respecto del plazo con el que contaba para cumplir con el trámite legal.

Se trata de uno de los erarios más relevantes de los últimos años, alcanzando los 82.135 millones de dólares.

Según comentó el Mandatario, dadas las "extraordinarias condiciones adversas que hemos debido enfrentar" producto de la crisis gatillada por la pandemia de covid-19, el presupuesto que aprobó el Congreso para 2021 "debió ser complementado durante el año en un 33,7%, agregando recursos adicionales por cerca de US$27 mil millones". "Esto -continuó- representa un enorme esfuerzo fiscal cercano al 10% de nuestro PIB".

Crecimiento de 3,7%

"El Presupuesto para el año 2022 será el Presupuesto para un desarrollo inclusivo y sostenible. Inclusivo porque prioriza las principales necesidades de la ciudadanía. (...) Sostenible porque fortalece la inversión, el crecimiento, la recuperación de los equilibrios fiscales y macroeconómicos, y la protección del medioambiente y la naturaleza", dijo.

El presupuesto para el próximo año "alcanza un gasto total de US$82.135 millones, lo cual significa una disminución respecto a esta ejecución extraordinaria del 2021, pero un crecimiento de 3,7% respecto al presupuesto aprobado en el Congreso este año".

Ese monto implica una caída del gasto sobre la ejecución proyectada para el presente año de 22,5%, quedando el gasto fiscal en un nivel de 23,8% del PIB.

Por otra parte, señaló que se incluye en el presupuesto un fondo de libre disposición para el Gobierno que asciende a los US$700 millones.

De acuerdo a lo expuesto por el Jefe de Estado, el erario presentado implicará "reducir el déficit fiscal estructural desde el 11,5% de este año a un 3,9% del PIB el año que viene".

"Representa un gran y necesario paso adelante en la recuperación de los equilibrios fiscales, en la estabilización de la deuda pública y en el fortalecimiento de los pilares permanentes del crecimiento económico y el desarrollo humano de nuestro país", sostuvo.

Apoyos

En su alocución, el Presidente destacó las ayudas estatales durante la pandemia y sostuvo que "el desafío ahora es hacer sostenible nuestra red de protección social, recuperar los equilibrios fiscales y macroeconómicos y continuar por la ruta de la creación de trabajos, emprendimientos, crecimiento económico y desarrollo humano".

El objetivo, delineó el Mandatario, es asegurar el financiamiento de las prestaciones sociales, inversiones y los programas implementados durante la pandemia.

El Presidente Piñera destacó que la economía crecerá cerca del 10%, "lo que ya nos ha permitido crear o recuperar cerca de 1,2 millones de trabajos".

Este Presupuesto, explicó el Mandatario, privilegiará la inversión que crecerá un 8,1%, el cual se concentrará en "vivienda, obras públicas e infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se celebrarán en Chile el 2023".

Aseguró, a su vez, que "para fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana, este Presupuesto incrementa los recursos para modernizar la infraestructura, el equipamiento, la tecnología de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, y también para fortalecer la prevención del delito y la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, incluyendo los programas de prevención y rehabilitación".

"El Presupuesto para el año 2022 será el Presupuesto para un desarrollo inclusivo y sostenible".

Sebastián Piñera, Presidente de la República

El pleno de la Convención Constitucional inició ayer el debate en particular el reglamento general que regirá su funcionamiento. De 110 artículos presentados, 41 quedaron listos, tras votarse 130 indicaciones de 343. La revisión continuará desde las 09.30 horas de hoy, en una jornada que se prevé con tantos roces como la de ayer.

Entre los artículos e indicaciones que más debate concitaron está e ellos fue cuando los convencionales de Vamos por Chile intentaron reponer el concepto de "República" en vez del de "pueblo" en el artículo primero. Fue rechazada por 111 votos en contra, 30 a favor y 8 abstenciones.

De esta forma, el artículo primero reza que "la Convención Constitucional es una asamblea representativa, paritaria y plurinacional, de carácter autónomo, convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente. La Convención reconoce que la soberanía reside en los pueblos y que está mandatada para redactar una propuesta de Constitución, que será sometida a un plebiscito".

Más tarde se aprobaron dos artículos que mencionan fórmulas de cesación y vacancia para os convencionales que renuncien a su cargo, abriendo de esta manera una posible salida al caso de Rodrigo Rojas Vade.

En primer lugar, se aprobó la cesación para "quien se ausentare del país por más de treinta días sin permiso del Pleno y quien, durante su ejercicio, celebrare o caucionare contratos con el Estado".

Tampoco podrá seguir aquel que "actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza" o quien "acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades".

Se agrega a aquellos que hayan "infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral".

En cuanto a las vacancias, se señala que "se proveerán de la siguiente forma, según corresponda: con la persona del mismo género que señale el partido político al que pertenecía la o el convencional constituyente que produjo la vacante al momento de ser elegido"

Lo anterior fue criticado por Vamos por Chile, pues contraviene la actual Constitución, que indica que pueden "renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional".