Una jornada poco vista en el último año y medio ocurrió el miércoles, cuando al menos tres manifestaciones gremiales coincidieron en las calles de Valparaíso, dos de ellas avanzando hasta las puertas del Congreso Nacional. Por un lado, gremios nacionales de la salud exigían a los parlamentarios una rápida tramitación de dos proyectos de ley: uno para el pago de un bono de reconocimiento y otro para obtener días libres compensatorios, después de los casi 20 meses de intenso trabajo vinculado a la pandemia. Con igual énfasis, los profesores porteños exigieron mejoras en la administración del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), organismo con el cual han sostenido varios "gallitos" y al que acusan de no entregar todos los beneficios que obtenían cuando estaban bajo el paraguas de la Corporación Municipal de Valparaíso. Un tercer grupo, menos numeroso, fue el de los trabajadores del comercio, cuyos dirigentes levantaron una bandera de derechos laborales para exigir que una ley zanje el cierre de los establecimientos comerciales a las 19.00 horas. Con ello quieren reducir el agobio al que se ven sometidos los dependientes de negocios que bajan sus cortinas muy tarde. No hubo detenidos ni quejas relevantes por estas marchas, que respetaron las restricciones de la pandemia y, salvo por el ruido que se espera de ellas, no provocaron mayor alteración en la vida de la ciudad.

La jornada representó el regreso de las movilizaciones sociales a las calles de la ciudad, que se vieron golpeadas con dureza por los desmanes del estallido social. Pese al tiempo pasado, los daños que dejaron las manifestaciones de ese tiempo son una preocupación recurrente del comercio y los vecinos ubicados en las arterias más afectadas: Esmeralda, Condell, Av. Pedro Montt y las respectivas transversales. Esta sensación de alerta asomará con mayor intensidad en la medida que se acerquen los días 18 y 19 de octubre, porque el simbolismo de ambas fechas -se cumplen dos años de las movilizaciones del 18-O- estará flanqueado por varias contingencias. Una de ellas es el término del estado de excepción constitucional, que rige desde marzo del año pasado y sustenta el toque de queda. Otra es la señal que dé el Parlamento con la aprobación o rechazo del proyecto de ley que aplica un indulto a los detenidos por desórdenes en el estallido de octubre de 2019. Un tercer factor estará dado por la tramitación en el Congreso de proyectos sensibles y emblemáticos -como los retiros de fondos de las AFP-, procesos que a veces se cargan de emoción política debido a la plataforma electoral que representan. Por redes sociales ya hay una convocatoria a manifestarse en esa fecha y no es posible prever cómo enfrentará Carabineros una o más jornadas complejas de movilización cuando no cuenta con el apoyo explícito de varias autoridades recién electas. Pero la violencia no es un destino inevitable de toda marcha. Gremios de la salud, el comercio y la educación mostraron esta semana que puede haber coherencia entre las exigencias de derechos y el camino usado para reclamarlos. El rechazo a la violencia debe ser siempre el punto de partida de cualquier acción en el escenario democrático, porque de otro modo surge la pregunta que formula la filósofa Carla Cordua en un ensayo sobre el tema: "¿Quién podría asegurarnos que los fines virtuosos son capaces de moralizar a los medios manchados que conducen a ellos?".

Las últimas semanas, la agenda bilateral chileno-argentina ha estado marcada por las declaraciones cruzadas en torno a la Carta Náutica presentada por Chile y las declaraciones de la Cancillería trasandina en relación a las pretensiones expansionistas de las autoridades. En la práctica, nada nuevo ante la situación de delimitación de espacios de interés de cada país. La Plataforma Continental se suma a la lista de entredichos entre ambos países que se arrastra desde 1856, cuando surgieron los primeros avances destinados a resolver la delimitación fronteriza, y que tuvo puntos de acercamiento con el Tratado de 1881 y luego, en 1902, con el Tratado General de Arbitraje, que privilegió la negociación como principio de resolución de conflictos. En contraparte, la crisis de 1978 por el Canal de Beagle fue el momento de mayor tensión ante la escalada belicista.

En las últimas décadas se avanzó en el proceso de integración, que incorporó los temas de delimitación como uno de sus ejes, incluso avanzando a tener tropas binacionales en el marco de OPAZ de Paz de Naciones Unidas, un avance categórico en la colaboración.

¿Por qué entonces ahora se produce una mayor tensión sobre el tema de la Plataforma Continental Austral? La respuesta pasa por la proyección hacia la Antártica, proceso que quedó congelado en 1959, con la firma del Tratado Antártico, y que en el actual escenario mundial ha recobrado fuerza tanto por las reclamaciones originales como por los países que no reconocen delimitaciones, y en la actualidad por la posible explotación de este territorio virgen, tanto en el aprovechamiento como reserva de agua (en un planeta acosado por las megasequías) como por las potencialidades de los recursos existentes bajo la capa de hielo.

Bajo esta lógica, es posible considerar que las declaraciones argentinas sobre la vocación expansiva chilena no solo son destempladas, sino que retrotraen a las rivalidades decimonónicas que mantuvieron a ambos países en una carrera armamentista por más de dos décadas. Sin embargo, también es posible ver una segunda derivada en estas declaraciones: la vieja pero eficiente estrategia de buscar alinear a la opinión pública nacional cuando al interior del país hay crisis en ciernes, como quedó demostrado con la debacle de la coalición de gobierno del Presidente Fernández en las recientes primarias.

El tema de la Plataforma Continental extendida será un punto más en el largo camino de discusiones, técnicas y políticas, que se suma a otra problemática que ha estado a la sombra del debate: la delimitación de Campos de Hielo Sur. Es de esperar, entonces, que los gobiernos avancen por los principios de la diplomacia, escenario en que Chile ha demostrado estar siempre dispuesto a defender sus argumentos en el marco del Derecho Internacional.