En la mañana del miércoles 22, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, rechazó la solicitud del abogado Javier Gómez, para que el Ministerio Público formalizara a la exalcaldesa de la Ciudad Jardín, Virginia Reginato, dentro de la investigación del caso "horas extra". Esto, por la asignación de sobreturnos a funcionarios municipales que extendían, en muchos casos, las 24 horas del día, lo que los querellantes acusan como un fraude al Fisco por $780 millones.

Aunque la investigación sólo se ha formalizado respecto del exadministrador municipal, Pablo Staig, del exdirector de Finanzas, Manuel Echeverría, y del exfuncionario del área de remuneraciones, Javier Garrido, sigue arrojando nuevos detalles, el último de los cuales tiene que ver con una de las principales, acaso la más importante, fuente de ingresos para las arcas viñamarinas: el Casino Municipal.

Con fecha 14 de septiembre, la Contraloría Regional de Valparaíso entregó el informe final de la investigación sobre irregularidades durante la concesión de la sala de juegos a Antonio Martínez y Compañía (AMC), producto de una denuncia de la exconcejala Marcela Varas. Los principales hallazgos fueron la detección de una diferencia entre las entradas vendidas para el Casino y la recaudación percibida por dicho concepto en 2017 y 2018, lo que totaliza $1.670 millones que el municipio no recibió; y el otorgamiento subrepticio de la concesión a la empresa Enjoy S.A., vulnerando las bases de la concesión, entre otros puntos.

Por tal motivo, la alcaldesa Macarena Ripamonti decidió cobrar la boleta de garantía a AMC, por un monto de $500 millones, lo que motivó la réplica de la exconcesionaria, que anunció acciones legales contra la casa edilicia. Por otra parte, la exedil Varas aseguró que los hallazgos del ente contralor podían configurar una nueva arista del caso de fraude al Fisco, pudiendo ser investigados por la Justicia.

"tarde, pero al fin llegó"

El concejal Tomás de Rementería (PPD), considera que la investigación sobre el Casino llegó "tarde, pero al fin llegó". "Yo viví esa circunstancia y me tocó, con un contralor anterior, reclamar porque no se fiscalizaba lo que era la auditoría del Casino y el contralor me contestó que no tenía personal, y cuando el contralor te dice eso, es porque estamos mal...", dice en relación a anteriores solicitudes para investigar la concesión de la sala, históricamente vinculada a la familia Martínez.

En tal sentido, el edil añade que "lo que detecta inicialmente la Contraloría son $3.000 millones y yo le había planteado hacía una semana a la alcaldesa que había que hacer efectiva la boleta de garantía que hay de la empresa Martínez, aquella histórica (AMC), que es de $600 millones. Yo creo que el hoyo, con esto, debe ser de $12 mil millones y el histórico, para qué le cuento".

El diputado Andrés Celis (RN), concejal entre 2000 y 2016, por su parte, estima que "si bien se trata de un informe bastante completo y se superan varios de los reparos del preinforme respectivo, lo cierto es que se constatan hechos graves que a mi juicio no tienen la sanción o no conllevan una consecuencia de la envergadura que amerita".

Aunque valora que se ordene "un procedimiento disciplinario para la determinación de las responsabilidades administrativas y espero que aquél sí permita las sanciones ejemplificadoras que esperan los ciudadanos, especialmente los viñamarinos", al parlamentario le extrañó que Contraloría no haya sugerido medidas de fiscalización más fuertes. "El órgano de control se limita a pedirle a la entidad edilicia que procure -en el futuro- el cumplimiento estricto de sus contratos de concesión y pondere el cobro de la boleta de fiel cumplimiento del contrato, lo que a todas luces no es suficiente. Especialmente si tenemos en cuenta que muchas de ellas, ya están absolutamente prescritas", estima.

Celis y De Rementería coinciden en los perjuicios sufridos por la Municipalidad, respecto de los dineros que se dejaron de percibir, como también por la percepción de la ciudadanía. Según el diputado, "quienes finalmente resultan perjudicados, son los propios ciudadanos, quienes esperan, por un lado, que con los recursos que se obtienen del Casino se invierta en infraestructura, servicios o bienes para su comuna y, por otro lado, que los funcionarios públicos sean probos, cuestión que este caso no se configuraría".

Hay unanimidad respecto de que la justicia investigue las irregularidades detectadas en la anterior concesión del casino viñamarino, además de mayor transparencia en su administración.

Francisco Meneses Vera

francisco.meneses@mercuriovalpo.cl