Después del duro varapalo judicial recibido por el alcalde Jorge Sharp por parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros Sergio Muñoz, Mario Carroza, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales y el abogado integrante Enrique Alcalde, se decidió acoger los dos reclamos de ilegalidad presentados por la Inmobiliaria del Puerto SpA, del empresario Nicolás Ibáñez, en cuanto a que el municipio habría actuado de manera abusiva al paralizar los permisos. Cabe destacar que en el mismo fallo se rechazaron los recursos de casación (nulidad) municipales.

Un buen conocedor de la causa nos comenta que el espíritu del proceso de conciliación que abrió la Corte Suprema a mediados de año, entendiendo que las partes querían llegar a acuerdo porque así se lo manifestaron a los ministros, era tal que se mandató a su presidente, el mismísimo ministro Sergio Muñoz, para llevar a cabo este proceso.

Fueron altísimas las expectativas que se generaron tanto en la Suprema como en la inmobiliaria involucrada. No obstante, los conocedores de este proceso siempre dudaron del real interés de Jorge Sharp por lograr acuerdo.

Se realizaron varias reuniones de conciliación que presidió Sergio Muñoz, con la participación de los abogados Edgardo Palacios por parte del grupo Ibáñez y Nicolás Guzmán (en la selfie de arriba, junto al alcalde), en representación del municipio porteño.

Pero después de muchas citas y cuando ya se empezó a vislumbrar un acuerdo, "éste venía con una trampa", como lo dice una fuente conocedora de los hechos. El acuerdo de conciliación con el cual supuestamente el alcalde estaba de acuerdo (su jefe jurídico participó en la elaboración del mismo) debía pasar por el nuevo Concejo Municipal, en el cual el alcalde Sharp tiene una amplia mayoría.

Uno de los concejales nuevos de Valparaíso dice que le planteó al equipo del alcalde su disposición de votar a favor de la conciliación, pero que ahí le advirtieron que se estaba formando una mayoría amplia, y ojalá unánime, para rechazar la conciliación y así librar de toda culpa al municipio por no llegar a acuerdo, cosa que ocurrió finalmente y el nuevo concejal ese día votó con la marea de rechazo a la conciliación.

Todos creen que Paulo Gómez, asesor del alcalde, pero con gastos de la Cormuval, quiso evitar la fotografía de su jefe con Nicolás Ibáñez.

Varios ministros de la Tercera Sala quedaron molestos, ya que sintieron que desde el municipio se les había tomado el pelo y solo habían ganado tiempo para que el fallo no saliera en tiempos de la campaña municipal.

Las mismas fuentes señalan que lo que se viene ahora es la segunda temporada de esta serie, donde se deberá discutir la caducidad del permiso de edificación, la cual ya fue constatada por la Contraloría Regional, al mando del excontralor regional, Víctor Hugo Merino, y ratificada por el contralor general, Jorge Bermúdez.

Pero al municipio le llueve sobre mojado, ya que no solo perdió el juicio contra Ibáñez, sino que también tendrá que pagar las costas judiciales, es decir, todos los trámites de notificación y estudios, como también los honorarios de la Inmobiliaria del Puerto SpA, que podrían ser muchísimos millones. Por si esto fuera poco, también debiese venir una demanda de indemnización por perjuicios de parte de la inmobiliaria en contra del municipio, la que se estima alcanzará varios millones de dólares.

Así, un caso que podría haber tenido impacto nacional, ya que de haber obtenido una sentencia favorable al municipio se podría haber abierto la posibilidad de impugnar todos los permisos de edificación que requirieran publicación por afectar el interés general y así dejar abierta la puerta a liquidar varios proyectos inmobiliarios en barbecho, terminó de la peor manera posible.

Pero, como bromean en el propio municipio, el asesor jurídico, Nicolás Guzmán, sigue "invicto" y ganándose una gloriosa fama de pierdepleitos que ni les cuento.

por gabriela chomer

Cuando en 1853 un todavía ignoto Herman Melville publicó "Bartlebly o el escribiente" en la revista Putnam's Magazine, jamás imaginaría la importancia de este relato para la comprensión de la modernidad y, mejor aún, de la posmodernidad al alero de pensadores como Deleuze, Agamben, Ranciere y Chul Han, por mencionar a los más conspicuos. Bartlebly, ambientada en la Nueva York de 1850 y específicamente en el barrio financiero de Wall Street, narra la historia de un personaje gris y anodino, en apariencia lateral e inútil, que presta servicios para un escribano que "trabaja cómodamente entre bonos, hipotecas y títulos de propiedad de hombres ricos" (2015, p. 20). Lo que caracteriza a Bartleby a lo largo del relato es que todo su discurso y, probablemente, toda su existencia mínima e insignificante se limita a pronunciar tres palabras en español y cinco en el inglés original: "preferiría no hacerlo" (I would prefer not to).

Este proemio sirve para constatar cómo el Estado de Chile, en lugar de asumir una posición resiliente y activa frente a las adversidades que objetivamente hemos padecido en los últimos dos años, parece haber enarbolado como leitmotiv existencial la distinción aristotélica entre potencia y acto. Asistimos a la desaparición de los estadistas y a la supervivencia de un gobierno agotado, entregado a administrar el poco poder que le queda hasta las nuevas elecciones y la posta del poder.

Solo así se entiende la pasmosa inactividad estatal en Colchane e Iquique y el problema de los migrantes, el conflicto mapuche en la Araucanía, o el uso de armamento de guerra en los velorios de narcotraficantes. Una ausencia que roza la incompetencia y que haría dudar al mismísimo Max Weber sobre la idea del monopolio de la fuerza estatal. El problema de un Estado-Bartleby es fácilmente identificable: el Estado no es un Dios de la indiferencia que puede querer o no querer, ni una divinidad neutra que suspende sus juicios. Un Estado, por definición, no es potencia, sino acto. No es una entidad hueca y pusilánime destinada a administrar recursos públicos de acuerdo con la agenda de unos pocos. Un Estado no puede tolerar la anomia ni tampoco normalizar que cualquiera haga lo que se le plazca, irrespetando el derecho vigente. Como diría Foucault, el poder no se tiene, se ejerce.

Migrar es un derecho humano y lo propio puede decirse respecto del llamado conflicto mapuche, cuyas bases y reivindicaciones son legítimas. Sin embargo, lo que no puede ocurrir es que el Estado emplee la fórmula de Bartleby renunciando a su carácter soberano, pues si hay algo que caracteriza al soberano -como sostiene Schmitt- es la potestad de decidir sobre el estado de excepción. Dice Tomás Abraham: un espacio bartlebiano, de indefinición, de preferencia negativa, que atisba una catástrofe de proporciones.

por fernán rioseco

académico filosofía uv