Desde hace varios años que la tramitación de la Ley de Presupuestos se ha transformado en una serie de amargas decepciones para los habitantes de la Región de Valparaíso. No se trata de que el Gobierno central tenga un trato preferente con esta zona, sino que exista una ponderación adecuada de las necesidades que tienen las 38 comunas, del tamaño de su población y sus vulnerabilidades específicas.

"El proyecto de Ley de Presupuestos que presenta el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera para el año 2022 es el presupuesto del desarrollo inclusivo y sostenible. Inclusivo, porque prioriza las principales necesidades de la ciudadanía como salud, empleo y seguridad; y sostenible, porque fortalece la inversión, el crecimiento, la recuperación de los equilibrios fiscales, junto con la protección del medioambiente y recursos para enfrentar la sequía", expone el Ministerio de Hacienda en un documento que ayer circulaba entre los medios.

Con un territorio azotado en varias de sus bases productivas por la extensa sequía, aquejado por los problemas medioambientales que surgen en las llamadas "zonas de sacrificio" y duramente golpeado en sus empleos por la pandemia, que impactará al turismo incluso el próximo verano -suspensión del Festival de Viña, mediante-, no se entiende que la Región de Valparaíso siga postergada en la asignación de recursos.

Según los datos de la minuta de Hacienda, el próximo año habrá $ 86 mil millones para programas de inversión regional -aquellos que vota el Core-, un monto que pone a la zona en el séptimo lugar a nivel país. Si bien estos recursos son un 3,5% más de los $ 83 mil millones asignados en la Ley de Presupuestos 2021, se trata de un incremento menor, lejano al 5,3% de alza promedio que aplicó el Gobierno a los presupuestos regionales.

Más allá de las matemáticas contables, que pueden usarse tanto para mostrar una tendencia favorable como perjudicial, persiste la sensación de que en Santiago no calibran adecuadamente las urgencias regionales y desdeñan con demasiada facilidad las peticiones que elevan desde la zona tanto sus autoridades ejecutivas como parlamentarios. Antes que avanzar, queda la idea de que retrocedemos, mientras el resto del país, con peticiones igual de justas, logra obtener mayores recursos para sus necesidades. Por supuesto, como cada año, el delegado presidencial -antes intendente- hará amago de que negociará ante las autoridades centrales la asignación de más fondos, pero estos suelen ser intentos fallidos y de resultados precarios. ¿Podrá el gobernador regional cambiar el puesto reservado a Valparaíso en esta Ley de Presupuestos 2022? Es dudoso, tanto por sus atribuciones formales como por la articulación política que va a requerir aquel liderazgo que sea capaz de sacar a esta zona de su estancamiento.

El 27 de septiembre se conmemoró en Chile el Día de la Odontología. Se fijó esta fecha ya que hace 104 años se reconoció en el país el título de cirujano-dentista, pero no fue este hito el que marcaría el inicio real de la profesión. Mucho antes ya había odontólogos trabajando, incluso uno de ellos, el Dr. Germán Valenzuela Basterrica, había resuelto un misterioso asesinato y evitado tremendas repercusiones de política internacional para Chile.

La Odontología es una ciencia médica reconocida en la normativa del país mediante el Código Sanitario. Otros cuerpos legales unifican la práctica médica y odontológica, tales como la conocida "ley médica" y nuestras normativas civiles y penales, sobre todo al nombrar el concepto de "cirujano". En términos prácticos, entonces, se comprende que nuestra labor es parte del diagnóstico, tratamiento y pronóstico del cuerpo humano. Entonces, ¿por qué hay tanta necesidad acumulada de salud oral en el país? ¿Por qué se sigue aumentando la lista de espera de atención odontológica? ¿Por qué el GES más utilizado en el país es odontológico?

La respuesta a esto nace de la falta de previsión que tienen las personas para el tratamiento de su salud oral. La reforma a la salud que se realizó en la década de los 70 dejó en un limbo a la odontología y aunque durante estos casi 50 años el Colegio de Cirujano-Dentistas ha solicitado la incorporación a Fonasa en libre elección para las personas, solo se ha logrado un escueto avance en la última década. Así, la población queda con el concepto de que la odontología "es cara", lo que es entendible, ya que el Estado no ha realizado gestiones para facilitar el acceso y ha dejado el costo del tratamiento odontológico completo al bolsillo de cada familia.

Es tan intrínseco el problema que hemos normalizado ver a gente mayor sin dientes. Chile se va quedando sin sonrisas y las pierde innecesariamente mientras su población envejece y mucho antes si esta tiene pocos ingresos.

La pérdida de órganos como los dientes, afecta física y psicológicamente a las personas, provocando además un desmedro de funcionalidad que implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional y laboral. En otras palabras, provoca, a la larga, una discapacidad que es, por lo demás, evitable. Tal es la necesidad en salud oral, que muchos chilenos utilizaron su 10% para el tratamiento dental postergado.

Hoy, en tiempo de elecciones, esperamos que los candidatos presidenciales se tomen en serio el tema de la salud oral y las necesidades de la población, reconociendo que poder atenderse en odontología es un derecho y no un privilegio e incorporando la odontología a cualquiera de los sistemas de salud que tenga el país ahora o en el futuro, porque solo reconociendo esta necesidad es que podremos hacer que Chile sonría nuevamente.