Aplicando un método deductivo digno de Sherlock Holmes, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, descubrió un "sesgo ideológico" en el fallo de la Corte Suprema que derrumbó la resolución municipal que pretendía dejar sin efecto el permiso de construcción de un proyecto inmobiliario en el Parque Pümpin. Sostiene el jefe comunal que el voto dirimente en el fallo tres a dos sobre el caso corresponde al abogado integrante Enrique Alcalde, esposo de la constituyente de derecha Teresa Marinovic.

Este integrante, según Sharp, "tiene una mirada sobre el territorio, una mirada ideológica". Saliendo de esa curiosa apreciación subjetiva derivada de una relación conyugal, afirma que "habría que preguntarle al señor Ibáñez (Nicolás, propietario de la Inmobiliaria del Puerto autora del proyecto), si va a continuar o no con el proyecto… sabe que este proyecto no es querido por la ciudad".

El fallo de la Corte Suprema adoptado por una sala conformada por cinco magistrados, uno de ellos abogado integrante, decidió acoger dos reclamos de ilegalidad presentado por la inmobiliaria contra la decisión de Sharp que anulaba el permiso de construcción otorgado por la Dirección de Obras Municipales durante la alcaldía del UDI Jorge Castro. Rechaza así la resolución dos recursos de casación presentados por el alcalde y grupos de vecinos. El mismo fallo ratifica uno anterior de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que había establecido la ilegalidad de la resolución del jefe comunal.

En resumen, en el plano judicial primó, en dos instancias, el criterio de rechazar la medida municipal que dejaba sin efecto el proyecto en terrenos del antiguo Jardín Pümpin y de otros anexados adquiridos a Chiletabacos.

La iniciativa considera la edificación de 22 edificios de seis pisos en promedio, en un plazo de ocho años, con una inversión inicial estimada en US$ 80 millones.

El abogado de la Inmobiliaria del Puerto, Edgardo Palacios, con sus declaraciones tras el fallo, ya había dado respuesta a las interrogantes de Sharp sobre la continuación de las obras. "El encarecimiento en materia de construcción y los altos costos hay que revisarlos y ver cómo se reinician los trabajos… Se pueden hacer modificaciones al proyecto, hay que revaluar y eso tomará un tiempo", dijo Palacios.

El doble fallo judicial, Corte de Apelaciones y Suprema, da vía libre a un proyecto inmobiliario en Valparaíso que podría acoger aspiraciones habitacionales de grupos de clase media. El sector mismo, más allá de valores paisajísticos que se deben mantener, no sería muy atractivo como segunda vivienda debido a su distancia del borde costero.

Dejando de lado "sesgos" y crónicos "negacionismos", podría ser un aporte al repoblamiento de una ciudad que decae en habitantes y en calidad de sus construcciones.

Una de las mayores transformaciones administrativas de los últimos tiempos es la democratización de las autoridades regionales y la transferencia de facultades hasta ahora centralizadas en Santiago. Es cierto que la inversión pública en infraestructura por habitante gravita más en regiones que en la capital; sin embargo, también es cierto que la selección de proyectos, la priorización y la complementariedad entre ellos, que se llevan cabo en regiones, tienen un sesgo centralista que muchas veces incomoda.

Con la elección de gobernadores ha comenzado una transferencia, aún tímida, de facultades a las regiones. Se espera que una vez que se renueven los consejos regionales, en noviembre próximo, se avanzará con mayor profundidad en este proceso.

Como Consejo de Políticas de Infraestructura, creemos que es fundamental radicar en los gobiernos regionales las responsabilidades del desarrollo de los territorios a su cargo. Es allí donde se tiene la proximidad con las comunas y sus autoridades locales, una mayor cercanía con los actores sociales que interactúan en el territorio y una percepción más directa de los agentes productivos que contribuyen al producto regional, al empleo y a la innovación.

En ese sentido, en la Región de Valparaíso, una de las nuevas responsabilidades que deberán asumir estas nuevas autoridades es hacerse cargo del agua. La convivencia de actividades económicas y sociales, muchas de ellas demandantes de grandes cantidades de recursos hídricos, con la vida en las ciudades que se proyectan como prestadoras de servicios de gran valor agregado -como son la habitabilidad, el turismo y la educación-, requiere contar con un abastecimiento seguro de este elemento. No basta para ello que "el mercado" decida; debe ser desde el gobierno regional que se definan políticas, con el apoyo del sector privado, para evitar los riesgos de desabastecimiento y asegurar agua de calidad a las comunas.

El mejoramiento y extensión de la red, el tratamiento de aguas servidas y su reutilización, el mejor aprovechamiento técnico de las aguas disponibles y el aumento de la oferta de recursos hídricos, es algo que debiera constituir una opción extremadamente urgente de la política de infraestructrua regional. Tampoco podemos olvidar la habilitación de terrenos para resolver el problema de los campamentos y de la población sin acceso a la vivienda en la región.

La factibilidad de manejar estas urgencias desde la misma región resignifica a los gobiernos regionales, los cuales deben trabajar junto al gobierno central para asumir con la responsabilidad que corresponde la formulación de una política regional de infraestructura y llevar a cabo las acciones que permitan su materialización.